El conflicto de Irán dispara un 82% la electricidad en cinco días: "El mercado aún opera bajo una presión estructural elevada"

El mercado eléctrico español ha entrado en una nueva fase de tensión marcada por la geopolítica. El estallido del conflicto en el Estrecho de Ormuz ha desencadenado una reacción inmediata y violenta en los precios de la electricidad, rompiendo de forma abrupta la tendencia a la baja que se había consolidado desde comienzos de año.

Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, los futuros eléctricos en OMIP para el segundo trimestre de 2026 pasaron de 28 €/MWh a 51 €/MWh. Es decir, en apenas cinco días, el mercado mayorista registró un incremento del 82%, "multiplicando por 1,8 el coste de la energía en menos de una semana".

Este repunte constituye uno de los episodios de mayor volatilidad del año y marca un punto de inflexión tras semanas de descensos continuados desde los 38 €/MWh registrados en enero.

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Sin embargo, tras el shock inicial, el mercado ha entrado en una fase de ajuste y los futuros se sitúan en torno a los 41€/MWh a 24 de marzo, aunque todavía por encima de los mínimos de febrero. O, por lo menos, así se desprende en un informe elaborado por Papernest.

El impacto no tardó en trasladarse al consumidor. El sistema de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) reflejó con rapidez la tensión internacional.

El 10 de marzo, la media diaria alcanzó los 0,2027 €/kWh, mientras que apenas 24 horas después se registró el pico horario más alto del año: 0,3986 €/kWh entre las 20:00 y las 21:00. Un nivel que consolida la sensación de encarecimiento inmediato en los hogares y evidencia cómo la crisis energética vuelve a instalarse en la vida cotidiana.

"El impacto directo del contexto internacional sobre la factura eléctrica" ya es visible, en un escenario en el que los precios diarios se mantienen por encima de los 0,20 €/kWh, reflejando una presión sostenida incluso tras la corrección parcial del mercado.

Porque tras el shock inicial, el mercado ha mostrado cierta capacidad de ajuste. El 24 de marzo, los futuros eléctricos se situaban en torno a los 41 €/MWh, alejándose del pico de principios de mes. Sin embargo, esta corrección no implica una vuelta a la normalidad.

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El nivel actual se mantiene un 14% por encima de los 36 €/MWh que marcaban la estabilidad en 2025, lo que confirma que la prima de riesgo geopolítica sigue plenamente activa.

"Esta caída no implica una vuelta a la normalidad", advierte el informe, subrayando que "el mercado aún no recupera niveles de estabilidad previos". Y, por ese motivo, la fotografía actual es la de un sistema que ha absorbido parte del impacto, pero que continúa operando bajo una incertidumbre estructural elevada y sin un nuevo equilibrio claro.

En este contexto, el papel de las energías renovables ha sido determinante para evitar un escenario aún más extremo. De hecho, España está afrontando esta crisis con una base de generación significativamente más resiliente que en episodios anteriores.

El 55,5% del mix eléctrico procede de fuentes limpias —principalmente eólica, solar e hidráulica—, lo que permite cubrir una parte relevante de la demanda con tecnologías de menor coste.

"El sistema cerró el último ejercicio con una cuota renovable récord del 55,5%, lo que está permitiendo que una parte relevante de la demanda se cubra con tecnologías de menor coste". Este factor resulta clave porque reduce la dependencia del gas en la fijación de precios, limitando así la transmisión directa del encarecimiento internacional.

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Además, la coincidencia del conflicto con un periodo de alta producción hidráulica y eólica ha reforzado este efecto amortiguador. "Una mayor producción hidráulica y eólica es igual a menos horas con precios tensionados", sintetiza el informe, que señala cómo esta combinación ha contenido parcialmente el impacto del shock energético.

No obstante, el gas sigue formando parte del sistema marginalista, por lo que la exposición al contexto internacional no desaparece. Simplemente se modula.

Ante este escenario, el Gobierno ha optado por una intervención directa para frenar el traslado del encarecimiento a los consumidores. El Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el 20 de marzo, articula un paquete de medidas fiscales y sociales orientadas a contener la factura eléctrica.

Entre ellas destacan la reducción del IVA al 10%, el mantenimiento del Impuesto Eléctrico en el mínimo legal del 0,5% y la suspensión del impuesto a la generación (IVPEE). A esto se suma el refuerzo del bono social eléctrico —con descuentos de hasta el 57,5% para consumidores vulnerables— y la prohibición de cortes de suministro durante todo 2026.

Se trata de "una intervención inmediata para limitar el traslado del shock energético a hogares y sectores económicos", con especial impacto en los más de 1,7 millones de hogares vulnerables cubiertos por estas medidas.

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El equilibrio, sin embargo, sigue siendo frágil. La evolución del mercado eléctrico ya no depende únicamente de factores internos, sino de la evolución del conflicto y de su impacto sobre los mercados energéticos globales.

"La guerra de Irán ha devuelto la volatilidad al mercado eléctrico en un momento en el que los precios venían a la baja", concluye el informe, que advierte de que "el sistema no ha recuperado todavía niveles de estabilidad".

En este nuevo escenario, España resiste mejor que en crisis anteriores gracias a su avance renovable y a la respuesta regulatoria. Pero el margen es limitado. Cualquier escalada adicional o alteración en el suministro energético global podría reactivar la espiral alcista y volver a golpear, de forma directa, el bolsillo de los consumidores.