El programa de ACNUR que lleva el internet a los campos de refugiados: "Es un mercado potencial para las empresas"

Más de 120 millones de personas viven actualmente desplazadas por la fuerza en el mundo, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Conflictos como la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Sudán, la prolongada guerra en Siria o la inestabilidad en Afganistán y Myanmar han elevado las cifras de refugiados y desplazados internos a máximos históricos.

Para millones de ellas, el acceso a internet —habitual en buena parte del planeta— sigue siendo limitado o inexistente, pese a que puede resultar decisivo para mantener el contacto con sus familias, acceder a información o continuar su educación.

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Con el objetivo de reducir esta brecha digital, el Alto Comisionado ha impulsado la iniciativa Connectivity for Refugees, un proyecto que busca ampliar el acceso a conectividad significativa y asequible para personas desplazadas y comunidades de acogida en algunos de los entornos más remotos y complejos del mundo.

La iniciativa ha sido reconocida recientemente en el Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona, donde ACNUR y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recibieron el premio Outstanding Contribution to the Mobile Industry dentro de los Global Mobile Awards (GLOMO), considerados uno de los principales reconocimientos de la industria tecnológica.

Conectados con el mundo

Hovig Etyemezian, jefe del Servicio de Innovación de ACNUR, sabe de primera mano que la conectividad se ha convertido en una herramienta fundamental en las crisis humanitarias actuales. Su familia tuvo que abandonar Armenia durante la guerra civil y pasó años como refugiada en Siria.

Precisamente por eso, cuando dice que la comunicación en situaciones de desplazamiento es importante, no habla a la ligera. "Los refugiados tienen las mismas necesidades de conectividad que cualquier otra persona en 2026", afirma. "Necesitan comunicarse con sus familias, acceder a educación, recibir información sanitaria o buscar oportunidades de empleo digital".

Más de 120 millones de personas viven actualmente desplazadas por la fuerza en el mundo. Evrard Ngendakumana REUTERS

La conciencia internacional sobre esta cuestión comenzó a intensificarse tras la crisis libia de 2011. Durante aquellos desplazamientos masivos hacia la frontera con Túnez, Etyemezian recuerda que muchas personas pedían tarjetas SIM nada más llegar. Y es que la comunicación también puede convertirse en una forma de protección.

Ahora, la iniciativa Connectivity for Refugees busca garantizar que las personas desplazadas no queden excluidas del mundo digital. El proyecto se articula en torno a tres pilares principales: investigación, experimentación sobre el terreno y comunicación estratégica para promover cambios regulatorios y alianzas con el sector privado.

El programa pretende incluir a las poblaciones refugiadas y a las comunidades que las acogen en las inversiones y estrategias nacionales de conectividad. También trabaja para garantizar que el acceso a internet sea asequible y esté disponible de forma significativa, así como para promover marcos legales que permitan a los refugiados acceder a servicios de telecomunicaciones.

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En la actualidad, el proyecto está presente en unos quince países, principalmente en África y Oriente Medio. Entre ellos se encuentran Sudán, Egipto, Jordania, Ruanda, Etiopía, Chad y Uganda. También existen iniciativas en partes del sudeste asiático, con planes de expansión hacia nuevos países en los próximos años.

"Estamos trabajando directamente en 15 países y esperamos llegar a 35 a finales de este año en una primera fase", explica Etyemezian. El objetivo es conectar a 20 millones de personas refugiadas y miembros de comunidades de acogida antes de 2030.

Barreras a la conexión

El despliegue de conectividad en contextos humanitarios presenta varios desafíos. Uno de los principales es la financiación necesaria para instalar infraestructuras de telecomunicaciones en zonas remotas o con recursos limitados. A ello se suma el coste de los dispositivos.

"Actualmente el teléfono móvil más barato ronda los 50 dólares", señala. "Para muchas familias refugiadas ese precio sigue siendo demasiado alto. Necesitamos reducir ese coste a unos 11 o 13 dólares para que el acceso sea realmente universal".

Para ello, ACNUR trabaja con gobiernos, operadores de telecomunicaciones y organizaciones internacionales para avanzar en ese objetivo. El Mobile World Congress se ha convertido en uno de los espacios clave para impulsar estas alianzas, al reunir cada año a empresas tecnológicas, instituciones y responsables políticos.

"Los refugiados tienen las mismas necesidades de conectividad que cualquier otra persona en 2026", afirman desde ACNUR. Evrard Ngendakumana REUTERS

La colaboración con el sector privado también busca mostrar que las comunidades refugiadas pueden representar oportunidades de expansión para los operadores. "Hay lugares remotos donde existe una gran concentración de personas desplazadas", explica Etyemezian. "Eso también puede convertirse en un mercado potencial para las compañías".

Desde su lanzamiento en 2023, la iniciativa ha permitido conectar a más de un millón de personas desplazadas y miembros de comunidades de acogida. El objetivo para 2026 es duplicar esa cifra y alcanzar los dos millones de beneficiarios.

La conectividad también facilita la gestión dentro de los propios campos de refugiados. Etyemezian recuerda su experiencia como responsable de un campamento en Jordania con más de 80.000 personas, donde la comunicación directa con los residentes era fundamental para coordinar el funcionamiento del lugar.

El responsable del Servicio de Innovación de ACNUR subraya que el reto global sigue siendo enorme. "Conectar a 20 millones de personas es importante, pero hay más de 120 millones desplazadas en el mundo", señala.