Asesinadas después de que un juez les denegara una orden de protección: ¿es el Estado el responsable último?

El pasado 9 de febrero se producía en España el segundo asesinato machista de 2025. El marido de Lina le arrebataba la vida delante de sus hijos en Benalmádena, Málaga. Ahora se sabe, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había presentado una denuncia por amenazas el 21 de enero en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga.

El tribunal desestimó la orden de alejamiento que Lina había solicitado. El motivo, que la valoración de riesgo del sistema VioGén calificó su caso como de "riesgo medio". Pero, como cuenta a ENCLAVE ODS Amalia Calderón, abogada experta en violencia machista, hay situaciones que pueden "escalar muy rápidamente".

A esto, dice, hay que sumarle que "en demasiadas ocasiones, se duda de la palabra de la víctima" a la hora de hacer una valoración adecuada. Y es que son muchos los eslabones que intervienen en el momento de proteger a una persona que está sufriendo violencia de género; y si falla uno, el sistema en su totalidad se puede corromper. 

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Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan, además, la disparidad en protección entre los juzgados de España: no es lo mismo presentar una petición de orden de protección en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, por ejemplo, que en el de Badalona. En el primero se aceptan cerca del 97% de ellas, mientras que en el segundo concede apenas el 32%.

Pero más allá de las cifras y disparidades entre municipios y regiones, en situaciones como las de Benalmádena, en las que una mujer asesinada había pedido protección judicial y había sido denegada, Calderón afirma que "el responsable último es el Estado y a quien hay que reclamar es a la Administración de Justicia por un funcionamiento anormal" de las instituciones.

Cuestión de responsabilidad

Una sentencia del 30 de septiembre de 2020 de la Audiencia Nacional marca precedente. En ella, explica Ángeles Carmona, experta en violencia de género y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tribunal reconoce que "hay responsabilidad de la Administración porque la Guardia Civil no valoró adecuadamente el riesgo de la víctima, que finalmente murió asesinada".

En aquel caso, además, apunta Carmona, a la víctima "se le había denegado una orden de protección". Y no solo eso. También "se aprecia que hubo falta de sensibilidad por parte de los agentes a la hora de valorar realmente qué era lo que le estaba pasando a esa mujer".

La valoración que se realizó fue de bajo riesgo y, por tanto, "no se adoptaron las medidas policiales suficientes", apunta Carmona. Asimismo, el juzgado denegó la orden de protección.

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Respecto a esto último, Carmona añade que el fallo de la Audiencia Nacional indica que "tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que se pueda acordar una responsabilidad patrimonial, en este caso del Ministerio de Justicia, tiene que haber necesariamente una sentencia que diga que ha habido error judicial".

El problema, explica Calderón, es que es casi inviable que una familia —o una víctima en según qué casos— llegue a poner una reclamación contra el Estado, la policía o un juez. Porque, apunta, "quién puede permitírselo".

Tanto a nivel económico como emocional se trata de una situación compleja. Por un lado, cuenta Calderón, "se puede dilatar años" en los juzgados, lo que conlleva gastos de abogados. Si se busca representación del turno de oficio, recuerda, tendrá que cambiar de letrado en las diferentes instancias. 

En el plano emocional y personal, la letrada confiesa haber tenido defendidas a las que, por un motivo u otro, ha ofrecido reclamar y le han respondido siempre igual: "Yo solo quiero empezar de nuevo y dejar esto atrás". Las familias, por ejemplo, "no suelen encontrarse tampoco por la labor", pues la pérdida y el duelo les impide embarcarse en una batalla legal "que ganará, pero llevará demasiado tiempo". 

La denuncia, vital

Ni VioGén ni los profesionales son infalibles. Por eso, tanto Carmona como Calderón insisten en la importancia de las denuncias. Aunque la segunda matice que "son vitales, pero hay que acompañarlas de un buen trabajo de acompañamiento". 

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Y es que, recuerdan ambas, que es mucho más fácil valorar el riesgo real cuando hay denuncias previas, ya sea de amenazas, de vejaciones o de cualquier tipo de violencia.

Pero como dar el paso es complejo, Carmona sentencia: "No hay que dejar recaer la denuncia solo en la víctima, los vecinos y la familia tienen que implicarse". E insiste en que cuanta más información tenga el juez, mayor capacidad para tomar la decisión adecuada tendrá.