Las nuevas normativas para la moda europea que se aplicarán este 2025: ¿utopía o realidad para la industria?

Nuevo año, nueva vida y, sobre todo, nuevas normativas para la moda europea. Este 2025 promete ser el comienzo de toda una redefinición de la industria en el Viejo Continente. Y es que, según los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), las compras textiles en 2020 generaron alrededor de 270 kilogramos de emisiones de CO₂ por persona. O, en otras palabras, la producción se tradujo en 121 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI). 

Se trata, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, del segundo sector más contaminante a nivel mundial, solo por detrás del impacto de los combustibles fósiles. Motivo por el que desde la Unión Europea llevan tiempo planeando cómo desvincularse de esta afirmación. En esa línea, este 2025 se ha puesto en marcha una nueva regulación que promete ir cambiando el paradigma en los próximos años. 

Aunque, para alcanzar el éxito de estas normativas, señala Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, organización que divulga y promueve proyectos sostenibles en el textil desde 2011, será necesaria "una carga administrativa y económica", vinculada a "un marco regulador claro". Porque, de no ser así, prevé "muy difícil garantizar la viabilidad, así como unos plazos realistas para poder adaptarse". 

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Al mismo tiempo, indica, es preciso que las empresas comunitarias y extranjeras cumplan con las mismas reglas para "evitar que entren productos que no respetan las mismas exigencias medioambientales". Y, de acuerdo con este pensamiento, que se generen tarifas "ecomoduladas" para que quienes fomenten el ecodiseño y promueven una mayor reparabilidad y reciclabilidad, paguen menos. 

En definitiva, si la industria quiere dirigirse a la sostenibilidad, esto ha de ser un proceso "progresivo y equilibrado", en el que las pymes puedan contar con "flexibilidad y apoyo" para alcanzar estos objetivos. 

La moda del futuro

El pasado año fue un momento de reflexión y consenso sobre las medidas que, este nuevo curso, entrarían en vigor. Sin embargo, la opinión de los Estados miembros no es unánime y, además, asegura Gómez, existe cierta interrelación entre unas normativas y otras, lo que hace de esto un proceso complejo. 

De hecho, hay algunas ordenanzas que, por el momento, se han quedado en el tintero, como ha sido la relacionada con la huella ambiental del producto. La razón aquí, explica la fundadora de Slow Fashion Next, radica en que estas metodologías "están más orientadas a medias la parte industrial, pero la parte del beneficio de, por ejemplo, usar prácticas regenerativas se está dejando de lado". 

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Y es que, de quedarnos únicamente con esos datos, no se estaría reflejando cuáles son los beneficios de los materiales que secuestran carbono o fomentan la biodiversidad. Por eso, añade Gómez, la problemática ahora se centra en "los desafíos inherentes a la creación de políticas ambientales integrales" para que se adapten a las realidades económicas y sociales de los Estados miembros. 

Respecto a las que sí se han puesto en marcha, principalmente afectarán a las compañías de mayor tamaño. Y así lo defiende Gómez: "Tenemos los vertederos llenos de textil, eso es inviable, es contaminación y es ir en contra de nuestra salud. Esta normativa tendría que estar por detrás de nuestro deseo de mejorar como empresas, no solamente en la moda, sino en todos los ámbitos". 

Para Gómez, la pregunta realmente se encuentra en "cómo esta normativa nos puede ayudar a tener una sociedad y una vida mejor, empezando por nuestra propia salud, a nivel físico y mental". Porque la clave está en que la moda tenga un papel proactivo, lo que es "mucho más interesante". 

Competencia justa

Está claro, indica la fundadora de Slow Fashion Next, que "hacer las cosas bien requiere una inversión". Por ese motivo, la entrada en vigor de este reglamento vendrá acompañada de costes extras que permitan asumir, entre otras cuestiones, la implementación de tecnologías más limpias para el suministro de la energía en la cadena de valor o el tipo de movilidad. 

Sin embargo, estos costos han de mirarse de forma individualizada y, como dice Gómez, aplicando el principio de "quién contamina paga". De este modo, tendrían mayores gastos aquellas compañías que hacen una tienda "menos buena" para la sociedad. En definitiva, promover el ideal que defienden desde iniciativas como el IVA Verde, que pretende bonificar a las empresas que lo hacen bien con un impuesto menor. 

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En concreto, este preámbulo afectaría fuertemente a las empresas que se nutren fast fashion. En ellas, entre un 12 y un 30% de su producción va destinado a que, cuando el cliente lo requiera, tenga su talla disponible. Un hecho que trabaja en contra del medioambiente, ya que resulta, señala Gómez, en "una cantidad enorme que luego no se vende". De ahí que se haya introducido el concepto de "prohibición de stocks". 

Y es que esta sobreproducción, además, limita los recursos naturales disponibles. El 1 de agosto del pasado año, la Tierra ya había empleado todas sus reservas para sustentarse durante el 2024. Porque, según alertan Global Footprint Network y WWF, "vivimos como si tuviéramos los recursos de 2,5 planetas a nuestra disposición".

'Desvestir' para vestir

Por un motivo u otro, la deforestación es también uno de los grandes problemas de la industria textil. Y es que, además de utilizarse para obtener materiales como el corcho, es decir, de origen vegetal, también es el resultado de otras acciones especialmente vinculadas al cuero.

Esto se explica, cuenta Gómez, "porque hay muchos miles de millones más de animales que humanos en la Tierra y para darles de comer muchas veces lo que se hace es que se deforestan tierras enormes para plantar soja" y que esta les sirva de alimento. O más resumido: "Estamos destruyendo el planeta para comer carne todos los días". 

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Pero este proceso no se basa solo para conseguir proteína, sino que también se ve incentivado por el valor de las pieles de estos animales. Porque, asegura Gómez, pese a que hay quienes dicen que el cuero del textil proviene de aquellas especies de los que se ha extraído la carne para su consumo, esta no es la realidad en "el sector del lujo". En definitiva, se está desvistiendo a unos para que otros puedan hacerlo a su costa. 

A esta problemática, además, se suma el hecho de que, cuenta la fundadora de Slow Fashion Next, "cuando los bosques no se utilizan de una manera conveniente pierden su valor y, por eso, luego se arrasan y se cultiva soja". Es decir, es un círculo vicioso en donde, de nuevo, el planeta es quien sale perdiendo. 

Los principales responsables son el cuero y las viscosas —en concreto, las extraídas de bosques no gestionados adecuadamente—, aunque están surgiendo innovaciones para hacer frente a esta situación. Se está dando cada vez más voz a los "next-gen materials", que vendrían siendo aquellos tejidos no plásticos, no sintéticos y veganos que sirven como alternativas éticas y sostenibles a lo convencional. 

Burocracia medioambiental

El pasaporte digital de productos, que ya empieza a implementarse en las empresas grandes este año, aunque no entrará en vigor para las pymes hasta 2027, busca abordar la "interoperabilidad". Es decir, el objetivo es que "todas las empresas utilicen sistemas similares para que los datos entre ellas puedan gestionarse de una manera sencilla". 

Sin embargo, esto incluye desafíos, especialmente para las compañías de menor tamaño, que ahora tendrán que hacer frente a una carga administrativa, burocrática y de gestión de datos mayor. Y, matiza Gómez, "no solamente de recolección de información, sino de cómo estos se van actualizando en el futuro". 

Aunque el verdadero problema aquí es que no se están incluyendo las cuestiones sociales. Y lo explica Gómez: "Si a una consumidora le pusieran en la etiqueta que este producto está cosido por una niña de 11 años que no va al colegio, no lo compraría". Por lo que, de contar con la advertencia necesaria, se podría incentivar un cambio en "la cultura de las personas". 

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Además, a partir del 2027, las empresas serán responsables de la totalidad de la cadena de sus productos que entren al mercado. Esto querrá decir, señala Gómez, que deberán "supervisar y gestionar posibles riesgos, identificarlos, prevenirlos, mitigarlos y rendir cuentas sobre ellos". Mientras, añade, deberán "establecer objetivos y medidas para reducir la huella de carbono". 

Este sistema de debida diligencia (CSDDD, por sus siglas en inglés), aunque dirigido a las compañías europeas, menciona que aquellas extranjeras que generen una facturación en la UE de al menos 150 millones de euros, también van a estar sujetas a la misma regulación. 

Y es que, tal y como explica Gómez, el mercado global, asiático en concreto, cobra una especial importancia en las compras diarias de los ciudadanos. Porque, asegura, "el 91% de los paquetes de menos de 150 euros del 2024 provienen de China". Razón por la que, sin perder el norte de la producción local, hay que potenciar el foco en las inspecciones aduaneras para, en Europa, promover un comercio justo y comprometido con el medioambiente.