La Corte Suprema de Noruega de octubre de 2021 publicó una sentencia en la que fallaba que la construcción de tal cantidad de turbinas violaba los derechos del pueblo indígena sami, dedicados durante siglos a la cría y pastoreo de renos en la región de Fosen. La razón está en que, donde se extienden los aerogeneradores, existen dos siida o grupos de pastoreo históricos con derechos reconocidos por la Ley de Cría de Renos sobre 4.200 kilómetros cuadrados.

A los sami se les conoce como los guardianes del Ártico. Se extienden por el norte de Noruega, Finlandia, Suecia y la provincia de Kola, en Rusia. Viven, desde hace centenares de años, de la crianza y venta de los renos. Una práctica histórica que, como recoge Reuters, puede tener los días contados, y es que los pastores de la zona aseguran que las gigantescas maquinarias asustan a sus animales y alteran las antiguas tradiciones.

Un sami con los renos en Noruega. iStock

Este macrocomplejo eólico, formado por las plantas de Shorteia y Roan, vio la luz en 2010, cuando obtuvo las licencias y el permiso de expropiación de las tierras. Fue el inicio de un largo proceso judicial y de protestas que aún hoy continúan vivas. Sobre todo ahora, que se cumplen 500 días de la sentencia del tribunal noruego citada en este artículo, la cual no ha tenido ninguna repercusión. 

Las 151 turbinas siguen funcionando a pleno rendimiento, a pesar de que, hace unos dos años, se dictaminó que las licencias de Roan y Shorteia no eran válidas. Infringían el artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos que dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.

Sin embargo, aunque después de tal sentencia se ha pedido la demolición de las turbinas, el propio tribunal que emitió el fallo aclaró que el documento judicial no requería en ningún caso ese supuesto. No obstante, como recoge el díario noruego Tu, lo que sí que ha declarado Terje Aasland, ministro de Petróleo y Energía, es que se devolverán los terrenos para la cría de renos. Pero, en la línea del tribunal, descarta que se vaya a llevar a cabo una demolición.

[Lützerath, el pueblo alemán símbolo de la resistencia al carbón en Europa, desaparece por una mina]

Statkraft, empresa pública noruega y socia mayoritaria del macrocomplejo Fosen Vind. En su página reconoce que todos sus parques invaden zonas de pastoreo de renos, pero argumentan que se redujo la superficie del parque eólico Storheia para proteger en mayor medida los intereses de la cría de estos animales. Asimismo, defienden que se enumeran una serie de medidas paliativas para compensar la carga que suponen los parques eólicos.

Según la concesión, Statkraft estaba obligada a financiar el 75% de la liquidación de dos de los arrendamientos de reubicación y Fosen Vind asumió la responsabilidad de implementar la medida. Como apuntan en su página, “a pesar de que el pastoreo de renos tiene derechos a través de la Ley de pastoreo de renos para mantener los arrendamientos de mudanza tradicionales, para evitar conflictos de uso de la tierra, Fosen Vind ha optado por compensar a los propietarios por la pérdida de bosques y los inconvenientes como resultado de la tala de bosques”.

No obstante, a raíz de la sentencia de la Corte Suprema de Noruega, el propio ministerio inició un proceso que garantizará una base de conocimiento actualizada como base para tomar una nueva decisión administrativa que incluye encontrar suficientes medidas de mitigación en diálogo con el pastor de renos y qué cambios a la concesión son necesarios para garantizar la protección de la crianza de renos bajo el derecho internacional.  

“Como parte del trabajo del ministerio, Fosen Vind ha presentado una propuesta para un programa de investigación cuyo objetivo es investigar posibles medidas de mitigación que puedan asegurar la base empresarial a largo plazo”, apuntan desde el macrocomplejo, y subrayan que su principio se basa en “respetar los derechos humanos en todas sus actividades”.

"Que se apaguen las turbinas"

Estas explicaciones ni para los sami ni para decenas activistas climáticos que ayer bloquearon la entrada del Ministerio de Energía de Noruega en protesta por la actividad de las turbinas de Fosen Vind en terreno indígena. Entre ellos se encontraba la joven Greta Thunberg que, a pesar de ser una firme defensora de las energías renovables, aseguró que la transición a la energía verde no puede realizarse a expensas de los derechos indígenas.

Como declaró la activista noruega a la agencia Reuters, "los derechos indígenas, los derechos humanos, deben ir de la mano con la protección climática y la acción climática. Eso no puede suceder a expensas de algunas personas. Entonces no es justicia climática". En la misma línea iban las declaraciones de otra de las manifestantes, Ella Marie Haetta Isaksen: "Estamos aquí para exigir que se apaguen las turbinas y que se respeten los derechos legales".

Greta Thunberg asiste a una manifestación contra los aerogeneradores de Fosen. Reuters

Sin embargo, como ya se ha explicado, el veredicto del tribunal no indicó en su día qué debería pasar junto a las 151 turbinas; o qué debería ocurrir con las decenas de kilómetros de caminos construidos para facilitar su construcción.

En este sentido, el ministro Aasland, reconoce a Reuters en un comunicado que entienden que “este caso es una carga para los pastores de renos" y, en este sentido, “el ministerio hará lo que esté a su alcance para contribuir a que este caso se resuelva y que no se demore más de lo necesario”.