Los paradisíacos paisajes de la costa atlántica de Honduras -como pueden ser Cayo Cochino o Triunfo de la Cruz- son los lugares soñados de miles de turistas que, cada año, buscan relajarse en sus aguas cristalinas y frondosas selvas. Pero estos territorios también están asolados por la pobreza de sus comunidades y devastados por la violencia que se ejerce desde hace años contra las comunidades garífunas, que llevan siglos viviendo en esas tierras.

Los garífunas son un grupo descendiente de africanos y aborígenes caribes que viven en distintas zonas de Honduras, Guatemala y Belice. En el caso de Honduras, se asentaron en el país a finales del siglo XVIII. Pese a ser una minoría, todavía conservan un fuerte sentimiento de identidad de comunidad, que además descansa en las mujeres, ya que se rige por un sistema matrilineal. Tienen su propio idioma, tradiciones y una espiritualidad diferente a la preponderante en el país.  

También cuentan con la propiedad de territorios ancestrales en la costa hondureña, que se reparte entre 45 pequeñas comunidades. Unos espacios que durante más de dos siglos han cuidado, pero que ahora les son arrebatados por una mezcla de intereses políticos, empresariales y de crimen organizado.

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"Vivimos en un área de disputa por el control de los territorios por parte de los narcotraficantes de Honduras en la última década. Muchas de nuestras comunidades están desapareciendo como comunidad garífuna", denuncia Miriam Miranda. 

Miranda es coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se describe a sí misma como "afroindígena del pueblo garífuna" con "muchísimos años en esta lucha". "No solamente he trabajado con los pueblos indígenas, también con movimientos de mujeres, estudiantiles...".  

Junto a Yessica Trinidad, Miranda ha venido a España para denunciar la situación del pueblo garífuna. Trinidad, además de ser coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, se define como "feminista negra, madre de dos hijos y con media vida dedicada a la defensa de los derechos humanos".

Cuando se les pregunta por su lucha, afirman llevar "toda una vida" la una al lado de la otra, cubriéndose las espaldas. Han pasado por situaciones violentas, un golpe de Estado (el de 2009), 12 años de "narcodictadura", la vuelta a la democracia... Por eso, ni las más de 12 horas de vuelo desde Tegucigalpa, la llegada a las cinco de la mañana, ni el asfixiante calor madrileño de las tres de la tarde, les frena a la hora defender los derechos de su pueblo. 

"La expulsión de los garífunas es tan grande que estos territorios los van poblando otra gente que no es garífuna. Hay una indefensión absoluta y tenemos que estar en esa lucha diaria, permanente para sobrevivir. Tenemos derecho a vivir con bienestar", afirma Miranda con vehemencia. 

Expulsión del territorio

El problema con la comunidad garífuna, tal y como explican las activistas, es muy complejo y tiene diferentes actores involucrados.  

Por un lado, el principal conflicto viene por los territorios ancestrales que les pertenecen por razones históricas, pero que el Gobierno está vendiendo a empresas -en las que, según denuncian, muchas veces están involucrados los propios políticos-. Esta acción viola los derechos de los garífunas y ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en varias ocasiones ha condenado al Estado hondureño. 

"El Estado se ha negado a cumplir esas sentencias. Pero es que, por dar un ejemplo, muchos de los que están invadiendo los territorios garífunas, son diputados nacionales. Tienen intereses dentro de los territorios. Entonces, ¿cómo van a legislar contra ellos mismos? No hay una independencia. Hay una línea muy delgada entre lo que son los empresarios, los que tienen el poder y la gente que está en el Gobierno. Son lo mismo. Entonces, es bien difícil luchar contra eso", lamenta Miranda.

Y añade: "Fueron 12 años de narcodictadura donde se instaló una mafia real en el sistema, en la institucionalidad de Honduras. Desmontarla requiere toda una estrategia y la lucha del pueblo. Ellos son los que controlan a estos grupos que están en el territorio".

En relación a estos territorios, también critican que se están intentando convertir en áreas protegidas como otra vía para expulsar a los garífunas. "En nombre de la supuesta protección de las áreas protegidas y las zonas de reserva, están expulsando comunidades. Forma parte de esta nueva estrategia de que por la crisis climática, el 30% del territorio a nivel mundial va a convertirse en áreas protegidas para el 2030. Pero para ello están violentando los derechos de los pueblos que han estado ahí históricamente", asevera Miranda.

Según explican las activistas, lo que se busca realmente es usar la excusa de las áreas protegidas para vaciarlas para construir complejos turísticos. "Hoy por hoy, las áreas protegidas que son administradas por fundaciones, lo que pretenden es convertirlas en áreas turísticas".

"Un ejemplo es Cayo Cochino, que es muy famoso porque son 18 islotes y hay algunos que han comprado extranjeros. Llevan al área protegida un reality show y turistas, y la Fundación se beneficia de esto porque cobra un porcentaje por cada turista que llega ahí. ¿Y qué pasa con el derecho a la comunidad que ha estado históricamente? Es un doble juego", dice Miranda.

"Empobrecen a los pueblos y después no caben en sus paisajes de lujo. Por eso nos echan, no es que la gente se vaya. Esto es importante decirlo. Las caravanas que han salido de Honduras en los últimos años es porque son expulsados, porque no tiene para vivir", apostilla Yessica Trinidad.

Criminalización de los garífunas

Además de la violación de sus derechos, reprocha la criminalización que se ejerce contra las comunidades indígenas, como si fuesen culpables del deterioro de la zona. "Este discurso de proteger los territorios, la fauna… Es una basura. Se ha convertido a la gente que vive ahí en los responsables de la destrucción de la fauna y la flora, cuando no es cierto. Esos territorios no estarían ahí si los pueblos indígenas no los hubiesen protegido". 

Trinidad pone el ejemplo de las Islas de la Bahía, donde se estableció la primera comunidad garífuna. Actualmente, hay territorios llamados Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) a los que la comunidad garífuna no puede acceder y en los que se han construido establecimientos de lujo y mansiones -como es el caso de la isla de Roatán-.

Sin embargo, se responsabiliza a los garífunas de la contaminación de esas islas, pese a que ellos conocen bien esas tierras y mantienen un estilo de vida tradicional en el que "usamos lo que necesitamos". "A ellos no se les acusa de estar contaminando los corales no, es a la gente que ha vivido ahí, que los ha cuidado".

Para las activistas, esta culpabilización hacia los pueblos garífunas está también relacionada con el racismo. "Honduras es un país donde existe un racismo institucional y se perpetúa esa idea peyorativa hacia el pueblo garífuna. Te dicen cosas como: 'Ah, esos solo sirven para tres cosas bailar, cocinar y jugar futbol'. Como dice Trinidad, estamos desde antes de la creación de la República, también hemos construido este país".

Al final, todo ello genera una dura campaña de criminalización que han derivado en agresiones contra miembros de la comunidad y hasta desapariciones forzosas y asesinatos. 

"Un hecho que ha sido muy doloroso para la comunidad garífuna en el país, para las organizaciones de derechos humanos, fue la desaparición de cuatro de nuestros compañeros, que van a cumplir dos años ahora en julio. Es algo que hacía muchísimos años que no pasaba en Honduras. Y por eso la situación del pueblo garífuna y de la OFRANEH en el país es tan delicada, porque muchísimas de las agresiones a defensoras de la tierra, del territorio, están dirigidas a nuestras compañeras y compañeros", relata Trinidad.

"Muchas veces estas agresiones las cometen extranjeros que llegan para adueñarse de la tierra y que lo hacen, no solo con toda la impunidad, sino que también con el respaldo de los gobiernos que han estado en el poder en los últimos años. Les venden tierras que el Estado de Honduras sabe que no puede vender, porque son territorios del pueblo garífuna. Cuando el Instituto de la Propiedad le extiende un título a un extranjero, está siendo cómplice de la persecución, de los asesinatos, de las amenazas".

Trinidad explica que hay "infinidad de procesos de judicialización contra compañeras y compañeros acusados de usurpación de tierra" y que incluso se ha criminalizado a mujeres de más de 80 años. "Convierten a quienes defienden sus territorios en criminales".

¿Esperanza?

Ante esta situación, que no ha hecho sino agravarse en los últimos años, cabe preguntarse si aún mantienen la esperanza en que los garífunas recuperen sus derechos. La vuelta de la democracia y la reciente elección de Xiomara Castro como presidenta del país, podría significar ese cambio que tanto ansían. Sin embargo, las dos activistas se muestran algo escépticas, ya que saben bien lo complejo que es "desmantelar las estructuras de poder de la narcodictadura".

"Esa es la pregunta del millón", responde Miranda. "Por supuesto, nosotras celebramos el salir de la narcodictadura, hay una gran esperanza, pero va a depender mucho de la respuesta que dé este nuevo Gobierno. Tenemos un gran reto y se requiere una estrategia para sacar adelante a este país, y también responder a las necesidades básicas de la comunidad en temas de salud, educación, vivienda, soberanía alimentaria. La estructura de poder de la narcodictadura está intacta. Aún queda mucho", concluye.