“Nos estamos hundiendo, pero también todos los demás”. Esta fue una de las improntas que dejó la pasada cumbre del clima, celebrada en noviembre en Glasgow. Las palabras las pronunciaba Simon Kofe, ministro de Justicia, Comunicaciones y Asuntos Exteriores de Tuvalu, mientras el agua le llegaba por las rodillas. No es ninguna novedad que los efectos más devastadores del cambio climático estén afectando a los países en desarrollo, es decir, a los menos preparados. 

Tuvalu, como la mayoría de las naciones del Pacífico Sur, forma parte del grupo de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés). El desastre climático es cada vez más notable en estos territorios. La supervivencia de algunos países como Tuvalu, Kiribati o Islas Maldivas se ve amenazada por el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos, como los ciclones. 

Como dijo Kofe en su discurso, es imperativo “movilizar la financiación climática para atajar las pérdidas y daños”.  A su llamamiento se unió el del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que recordó que “debemos actuar ahora para ayudar con la adaptación y resiliencia”. Ellos, junto al resto de personas que alzaron su voz en la COP coincidían: es necesario que exista una mayor financiación climática.

Una cuestión de dinero

La profesora titular de la Universidad de Huelva y autora del libro Régimen Jurídico Internacional en Materia de Cambio Climático (Aranzadi, 2021), Rosa Giles Carnero, explica cómo se articuló la necesidad de financiar el cambio climático: "La financiación ha sido una preocupación que ha estado presente desde la convención marco del año 92".

"La idea era que los Estados desarrollados debían tener más obligaciones que los Estados en desarrollo y que, además, estos últimos debían estar apoyados y asistidos con la financiación de los países desarrollados", explica la experta.

"Debemos actuar ahora para ayudar con la adaptación y resiliencia", señaló el presidente de EEUU, Barack Obama.

Durante la Conferencia de las Partes (COP) de Glasgow, las pérdidas y daños y la financiación climática fueron dos de los conceptos más sonados, que estarán muy presentes también este año en la COP27. "En el Acuerdo de París la financiación fue el gran punto de negociación. En Glasgow, de nuevo, el debate fue el de asistencia a los Estados en vías de desarrollo y el problema de la financiación", concluye Giles.

La adaptación, además, se presenta como un eje clave de la agenda climática internacional. Adaptación, mitigación y financiación son los tres pilares que se debatirán en la próxima cita climática.

Caras de la misma moneda

A pesar de que en la primera cumbre que abordó el problema del cambio climático la mitigación y la adaptación se apreciaron como las dos principales aproximaciones para la formulación de una respuesta internacional, la primera acabó siendo la que guio la agenda climática internacional. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) define la mitigación como la “intervención humana destinada a reducir las emisiones o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero”. Las políticas se dirigieron a desarrollar y promover energías limpias y renovables.

Durante los noventa se había tratado de profundizar en la aproximación de la adaptación. Sin embargo, no fue hasta la COP7, celebrada en 2001 en Marrakech, cuando se empezaron a poner en marcha mecanismos específicos para la adaptación climática.

Los 46 países menos desarrollados eran responsables de menos del 1% de las emisiones globales, explicó el representante de Tuvalu.

La comunidad internacional empezó a reconocer los efectos de la realidad climática. No bastaba con invertir en energías renovables, esperando que mágicamente desaparecieran años y años de emisión masiva de gases dañinos a la atmósfera. Era necesario responder directamente a los problemas que se derivaban del cambio climático y que afectaban directamente a las personas. 

Si la mitigación se centraba en las causas del cambio climático, la adaptación pretende abordar sus efectos. El IPCC define la adaptación como el “proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas”.

A pesar de que son estrategias convencionalmente enfrentadas, al menos en teoría, su relación es simbiótica. Cuanta más mitigación se realice, menos adaptación se necesitará en el futuro y viceversa. La mayor dificultad al tratar de conjugar estos conceptos tiene que ver con la financiación: ¿cuánto dinero debe dedicarse a la adaptación y quién debe pagar?

Responsabilidades comunes pero diferenciadas

El principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" es otro de los conceptos que se incluyen dentro del amplio espectro de lucha contra el cambio climático. Reconocido en el Acuerdo de París de 2016, defiende que los países desarrollados tienen una mayor responsabilidad en los esfuerzos por afrontar el cambio climático.

Oxfam es una de las organizaciones de la sociedad civil que más ha reclamado el reconocimiento de este principio. "No podemos pedir la misma barra de medir de reducir emisiones al Sur Global que al Norte Global, cuando este último es quien, a día de hoy, todavía tiene una mayor proporción de emisiones", explica Norman Martín Casas, asesor de Adaptación al Cambio Climático y Medios de Vida Resilientes de la ONG.

"No podemos pedir la misma barra de medir de reducir emisiones al Sur Global que al Norte Global", señala Martín.

Este dato se constata con un reciente estudio publicado en la revista científica Nature, que incluye a Estados Unidos y a la Unión Europea entre los cinco mayores emisores de gases de efecto invernadero antropogénicos. La lista se completa con China, Rusia y la India, que conjuntamente son responsables de más de un 50% del total de emisiones desde 1991.

Es una cuestión de justicia climática, subraya Martín, "los países que históricamente han contribuido a generar la crisis climática deberían reducir su nivel de emisiones actual, y compensar a los países por pérdidas y daños", argumenta. 

90% en mitigación y 7% en adaptación

En la Cumbre sobre Adaptación Climática, celebrada hace casi un año, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su visión para que la mitad de la financiación climática se comprometiera a resiliencia y adaptación. Oxfam y otros agentes de la sociedad civil han insistido en este reclamo. 

"Los países que históricamente han contribuido a generar la crisis climática deberían reducir su nivel de emisiones actual, y compensar a los países por pérdidas y daños", subraya Martín.

Este año, según el Informe de Financiamiento Climático 2021 del laboratorio de ideas Iniciativa de Política Climática (CPI por sus siglas en inglés), la financiación climática vuelve a estar descompensada. El 90% se ha destinado a proyectos de mitigación, la mayoría relacionados con el desarrollo de sistemas de producción y distribución de energía renovable; y sólo el 7% se ha dedicado a la adaptación.

Este informe arroja una cifra terrorífica que resume la deficiencia de la financiación de la emergencia climática. Para cumplir los objetivos climáticos establecidos, el monto de la financiación climática debe aumentar al menos en un 590%. 

¿Una segunda falsa promesa?

Durante la COP26, los países desarrollados, además de mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de temperatura un 1,5º C frente a los niveles preindustriales, renovaron su compromiso, formalizado en la Cumbre de Cancún (COP16) de llegar a canalizar 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática para ayudar a los países empobrecidos a responder al cambio climático.

Fue en la Cumbre del Clima de Copenhague (COP15) cuando se marcó este objetivo, estableciendo el año 2020 como fecha límite para conseguirlo. Este objetivo no se ha alcanzado todavía. Según las previsiones de la OCDE, organización a la que los países ricos han encomendado monitorear la evolución de la financiación climática, el objetivo se cumplirá en 2023.

El 90% se ha destinado a proyectos de mitigación, la mayoría relacionados con el desarrollo de sistemas de producción y distribución de energía renovable; y sólo el 7% se ha dedicado a la adaptación.

En esta misma línea, 12 países desarrollados —Bélgica, la región belga de Valonia, Canadá, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Suiza y Estados Unidos— prometieron destinar, conjuntamente, 413 millones de dólares al Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF, por sus siglas en inglés) gestionado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).

Asimismo, otro de los compromisos de financiación de la COP de Glasgow se enfocó en la adaptación. También se exhortó a los países enriquecidos a doblar su financiación para 2025, hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares anuales.

Prácticamente todos los países ricos volvieron a prometer fondos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Con un oscuro historial respecto de esto, solo queda mirar hacia el futuro y esperar que se cumplan. La supervivencia de los países en desarrollo continúa en la cuerda floja.