Las familias del colegio de Toledo niegan un acuerdo con la Junta y mantienen la huelga: "No garantizan un aula sin violencia"

La crisis en el CEIP Gregorio Marañón de Toledo se mantiene tras la primera reunión entre las familias y la administración educativa. Los progenitores, que dejaron de llevar a sus hijos a clase el pasado jueves, han confirmado que la medida continúa activa a la espera de soluciones que aseguren la seguridad del alumnado tras las conductas "violentas reiteradas" y "agresiones" de un compañero del centro.

"No nos pueden garantizar un aula sin violencia, solo que trabajarán en ello, y así no vamos a volver", explica una representante de los padres a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La situación vivió un nuevo capítulo este lunes con un encuentro entre los representantes de las familias y la Inspección Educativa. Sin embargo, la cita no ha servido para desconvocar la movilización. Según denuncian los afectados, el comunicado emitido por la administración tras el encuentro "es mentira".

Lamentan que la reunión no fuese un espacio de negociación, sino una "comunicación unidireccional". "Nos citaron, en principio, para escucharnos, pero fue una charla informativa para decirnos que se iba a poner un programa en marcha", apunta.

Aunque desde la administración se insistió en que "era súper importante que los niños volvieran a las aulas para trabajar", los padres consideran que esta petición se realiza "sin garantizar que se pudiera hacer de manera segura".

El eje de la propuesta administrativa reside en la implementación de un nuevo plan de intervención. No obstante, las familias se muestran escépticas ante la falta de concreción del mismo. Según detallan, se trata de una iniciativa que se desarrollará "con el mismo personal que se tiene", enfocada a "formar al personal", pero sin dotación de recursos externos adicionales en el aula. "Refuerzo en el aula no va a haber", aclaran.

Las críticas de los padres se centran en la falta de concreción de dicha propuesta. "Es un programa que no tiene indicadores, no tiene temporalización, se irá viendo, se irá evaluando", señalan, añadiendo que no se les ha informado del contenido específico "porque es una cuestión interna suya".

Sostienen que la medida llega tarde y sin garantías. "Si lo que vienes haciendo no te funciona, tendrás que proponer algo diferente, porque si propones lo mismo el resultado va a ser el mismo", argumentan, recordando que la situación se arrastra desde hace "seis años" cuando el menor entró en primer curso de Infantil.

La seguridad y la confianza

Durante la reunión, los padres preguntaron directamente si se podía asegurar el bienestar de sus hijos. La respuesta obtenida por parte de la inspección fue que "van a trabajar en ello". "Eso no es garantizar. Trabajar en ello es lo que se supone que han estado haciendo los últimos seis años y no ha funcionado".

Los familiares subrayan que el problema "es a nivel de centro" y no un hecho aislado, afectando a la comunidad educativa de manera global. "Nosotros queremos que nuestros hijos vuelvan a las aulas. Pero queremos que vuelvan a unas aulas seguras", insisten.

La confianza en las instituciones se ha roto tras años de incidencias. "Llevamos seis años confiando y con esa confianza hemos conseguido que siga habiendo violencia en el centro hacia todas las partes de la comunidad educativa", afirman. Por ello, exigen que la confianza se restaure mediante "medidas efectivas".

Ante la falta de acuerdo con la Inspección, la atención se centra ahora en la reunión programada para este jueves con el delegado de Educación, José Gutiérrez, cuando se cumplirá una semana desde el inicio de las protestas. Mientras tanto, las aulas del centro permanecerán con una asistencia mermada.