Más de doscientos trabajadores del servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha se han concentrado a las puertas de la Consejería de Sanidad en Toledo para reclamar la puesta en marcha del nuevo convenio colectivo del sector, que supondrá la creación de 200 empleos y la recuperación de sus salarios. Así lo ha explicado el responsable regional de Ambulancias de UGT, Serafín García, en declaraciones a los medios de comunicación junto al responsable autonómico de Transporte por Carretera de CCOO, Alfonso Tercero, después de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) iniciara la semana pasada los trámites para la rescisión de los contratos de concesión del servicio de transporte sanitario terrestre en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

La principal petición, ha reiterado Serafín García, es desbloquear el convenio colectivo, que "lleva congelado desde 2008 con una rebaja de las condiciones laborales desde 2013" y que afecta a unos 1.700 trabajadores en la comunidad autónoma.

Si esta situación no se resuelve, han advertido, seguirán con las protestas que pasan por huelgas parciales los días 4 y 5 de noviembre y huelgas de 24 horas los días 7 y 8 del mismo mes, de manera que, en caso de que a partir del día 11 no se consigne la dotación presupuestaria para "cubrir" el convenio y garantizar la prestación del servicio, no ha descartado que la huelga vaya a ser indefinida. En este punto, ha apuntado que los trabajadores no van a permitir contratos en prácticas "abusivos" y ha recordado que en mayo se empezó a negociar el convenio con las empresas y, cuando ya estaba listo, "no solo tienen la desfachatez de salir a decir que no hay dinero, sino que despiden a la principal empresa firmante del convenio", ha lamentado.

Por su parte, Alfonso Tercero ha reivindicado la gestión directa del servicio por parte de la Junta de Comunidades, puesto que, según ha precisado, "en otras comunidades autónomas se ha demostrado que el servicio es más eficiente y garantista para los trabajadores, al tiempo que supone un ahorro para las arcas públicas". En ese sentido, ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que no desoiga las propuestas de los trabajadores de este sector en la región y que garantice un empleo estable "tal y como prometió", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que los responsables de gestionar "mal" esta situación deberían pensar "en abandonar su cargo o en dimitir directamente".

Además, ha subrayado que la respuesta a este problema no debe pasar en estos momentos por "la resolución de los contratos", dado que el convenio colectivo, que se ha negociado durante el verano, supone la creación de 200 puestos de trabajo y la recuperación de los salarios, que se vieron mermados en un 16 por ciento de media. "En las manos de las empresas está el único paso que queda: registrar el convenio. Solo así desaparecería el problema, podríamos salir delante de esta situación y mejorar este servicio", ha zanjado.

La Junta descarta asumir la gestión

De su lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha descartado asumir la gestión pública del transporte sanitario, tal y como han solicitado los sindicatos, y ha avanzado que abrirá un nuevo concurso para la adjudicación del mismo tras iniciar el procedimiento para la rescisión del contrato con la adjudicataria de Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. A preguntas del público asistente a un desayuno informativo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha defendido que cuando accedió al Gobierno regional en el año 2015 la gestión del transporte sanitario era "discutible" y por ello la Consejería de Sanidad apostó por mejorarla y sacar a concurso la gestión en tres bloques.

Mientras que en Toledo y Cuenca el servicio ha funcionado de manera "adecuada", ha dicho, con la gestora de las tres provincias restantes la Consejería de Sanidad ha discutido porque "empezó a hacer una prestación diferente de la que se había acordado" y por ello, ha señalado, ha sido "advertida y sancionada" por valor de hasta 400.000 euros.

"Ha llegado un momento que es insostenible", ha afirmado Fernández Sanz, y el Gobierno regional ha tenido que tomar "una decisión que no quería" e iniciar el procedimiento para la rescisión del contrato.

El siguiente paso, ha agregado, será sacar un nuevo concurso "por el dinero adecuado" y "limitando las ofertas a la baja" porque, a su juicio, el "error" de la adjudicataria ha sido "bajar la prestación".

Además, ha indicado que este asunto se ha "mezclado" con la negociación del convenio colectivo en cuyo caso, ha defendido, la Junta de Comunidades no tiene nada que ver porque se refiere a la relación entre la empresa y los trabajadores, ha concluido.