El Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Toledo ha anulado el acuerdo adoptado en 2017 por la Diputación de Toledo que excluía a las asociaciones taurinas de su partida de subvenciones a “entidades privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural que realicen actividades durante el ejercicio 2017”. La sentencia paraliza, de esta manera, la convocatoria de ayudas de la Institución provincial, en cuyas bases se indicaba que no podrán acogerse "AMPAS, Asociaciones Deportivas y taurinas”.

Así lo ha indicado, mediante una nota de prensa, la Fundación Toro de Lidia, que "interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación de Toledo para defender los intereses de la tauromaquia, patrimonio cultural de todos los españoles, y denunciar la indefensión de más de treinta asociaciones que difunden la cultura taurina en Toledo y que arbitrariamente quedaban excluidas de las subvenciones destinadas a asociaciones que realizan actividades culturales". La sentencia que anula el acuerdo afirma que “no solo se aprecia la falta de motivación denunciada causante de indefensión, sino también la vulneración constitucional y legal denunciada por las entidades recurrentes”.

En este sentido, el Juzgado argumenta que existe una “falta de razón objetiva para la exclusión de la convocatoria y falta de motivación porque los términos empleados ponen en duda que sean consideradas por la Diputación como asociaciones de carácter cultural”.

Además, la sentencia añade que la convocatoria de la Diputación de Toledo "vulnera la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en cuanto se discrimina sin motivación a las Asociaciones Taurinas al no expresar causa o razón objetiva alguna que justifique la diferencia de trato respecto de las Entidades Privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural de la Provincia de Toledo”.

Por estas razones el Tribunal estima que la Diputación toledana debe dictar un nuevo acuerdo o mantener el anterior sin la base anulada, y añade que “toda Administración debe poder tener la facultad de decidir lo que quiere fomentar y subvencionar, pero siempre motivando sus decisiones, sin crear situaciones desiguales sin razones objetivas debidamente explicitadas y sin vulnerar la legislación vigente”.