La Unión General de Trabajadores (UGT) de Albacete ha denunciado ante el Juzgado de lo Social al Ayuntamiento de Pozohondo, en la provincia albaceteña, por vulnerar el derecho fundamental de los trabajadores a la negociación colectiva y permitir que la plantilla se encuentre sin convenio colectivo desde diciembre de 2014.

Según ha explicado el secretario provincial de UGT, Francisco Javier González, el sindicato viene demandado la apertura de las negociaciones desde hace un año y, tras varios requerimientos y registros de solicitudes en el ayuntamiento, "la única respuesta obtenida por la alcaldesa fue la que por escrito nos ofreció en noviembre de 2021".

Al parecer, en este escrito, la regidora, Amparo Núñez, reconoció el derecho constitucional a la negociación colectiva y avanzó que había solicitado un dictamen jurídico a un letrado externo para que asesorase al ayuntamiento, al tiempo que ponía en cuestión, "como ha hecho en otras ocasiones", ha observado González, la compatibilidad de la delegada sindical que es, a su vez, concejala de la oposición.

En este sentido, González ha matizado que, hasta en dos ocasiones, el pleno del ayuntamiento pozohondero ha votado a favor de esta compatibilidad y, sin embargo, "la alcaldesa está quebrantando un derecho constitucional de manera sistemática, hecho que la inhabilita para seguir dirigiendo una Institución como es el Ayuntamiento de Pozohondo", ha apuntado.

Javier González, que ha anunciado que los servicios jurídicos del sindicato están analizando las manifestaciones realizadas por la alcaldesa para deliberar si son constitutivas de un delito para así iniciar un proceso judicial en defensa del honor de la UGT, ha pedido al Consistorio que "tenga voluntad" de negociación, dado que UGT "lo único que pretende es negociar un convenio colectivo que está caducado desde 2014".

Temporalidad

Por su parte, la responsable de Servicios Públicos de UGT en Albacete, María José Tomás, ha mostrado su preocupación por la temporalidad de los trabajadores del ayuntamiento, donde el cien por cien de los mismos son interinos, y ha recordado que todas las administraciones públicas están obligadas a acogerse a la Ley de Estabilidad en el Empleo de 2021, que las obliga a reducir al 8 % la tasa de temporalidad.

"Vamos a analizar la situación concreta en la que se encuentran estos 24 trabajadores del ayuntamiento para ver por qué vías se puede alcanzar esta estabilidad", ha agregado Tomás, quien ha recordado que, en este caso, "nos asiste la ley".