Imagen de archivo de una estación de depuración.
Castilla-La Mancha pide más control en la depuración del agua en Madrid y menos en los pequeños municipios
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un centenar de aportaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIs) del cuarto ciclo de planificación hidrológica.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama más control en la depuración del agua en la Comunidad de Madrid y un control más flexible para los municipios pequeños. Estas son algunas del centenar de aportaciones que el Ejecutivo castellanomanchego ha presentado a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIs) del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) en las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha detallado estos documentos registrados en cada una de las confederaciones son producto de las diferentes mesas de trabajo en las que se han congregado un total de 71 participantes a lo largo de las cinco provincias y cuyas conclusiones fueron presentadas hace una semana en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.
De manera cuantitativa, la mayor parte de las propuestas se recogen en las demarcaciones del Guadiana, con 30; el Tajo, con 22; y el Júcar y Segura, con 18, según ha informado la Junta en nota de prensa.
“Reclamamos que se otorgue mayor peso a los grandes focos de contaminación, especialmente los vertidos de grandes áreas urbanas como Madrid, frente a la atención desproporcionada a pequeños municipios”, ha destacado la consejera, quien ha puntualizado que en el Tajo las alegaciones se centran en la revisión del modelo de gestión del trasvase Tajo-Segura, la mejora de la calidad del agua, el refuerzo de caudales ecológicos y la adaptación normativa al medio rural con el rigor técnico, la protección ambiental y la prioridad de los intereses de la propia cuenca frente a presiones externas como base.
Del mismo modo, desde Castilla-La Mancha insisten en que el trasvase Tajo-Segura debe analizarse de forma transversal en todos los temas importantes, evaluando con detalle su impacto real sobre caudales, calidad del agua, acuíferos y ecosistemas, "y no limitarlo a un tratamiento aislado, proponiendo además una revisión de sus reglas de explotación que garanticen el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecidos", ha remarcado Gómez.
Guadiana y Júcar
En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado la necesidad de prorrogar las medidas contempladas en el Plan Especial del Alto Guadiana y la necesaria prórroga de las concesiones que se otorgaron en materia de gestión de acuíferos, flexibilización ambiental y desarrollo de recursos alternativos.
En paralelo, se propone incrementar los recursos disponibles mediante actuaciones como la recarga artificial de acuíferos, el uso de aguas regeneradas y el desarrollo de infraestructuras, frente a un enfoque limitado a la reducción de la demanda.
Las alegaciones castellanomanchegas en esta demarcación "se centran en la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión del agua más equilibrado y adaptado a la realidad del territorio, con especial atención a las aguas subterráneas y al impacto socioeconómico de las medidas previstas", ha analizado Gómez.
De hecho, estas peticiones también subrayan la importancia del regadío como elemento esencial para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, reclamando mecanismos que permitan su adaptación progresiva.
Mientras, las alegaciones del Júcar están orientadas a reforzar el control de recursos hídricos y garantizar un reparto equilibrado dentro de la cuenca, revisión de transferencias y mejora del equilibrio interno.
En este sentido, el documento reclama una mayor claridad en los balances hídricos y una definición rigurosa de los excedentes disponibles, evitando compromisos de trasvases, especialmente del Júcar-Vinalopó, sin una base técnica que garantice su viabilidad real, subrayando la necesidad de proteger los intereses de los territorios cedentes.
Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero
Respecto al Segura, se centran en abordar de manera prioritaria la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el fuerte impacto socioeconómico que las medidas previstas pueden generar en las zonas de interior, especialmente en el sureste de la provincia de Albacete.
En este sentido, Castilla-La Mancha lamenta que el Esquema de Temas Importantes identifique este problema como uno de los principales de la cuenca sin plantear soluciones concretas y se insiste en la necesidad de un reparto más equilibrado de los recursos dentro de la demarcación, evitando que las zonas de interior, sin acceso a desalación ni grandes inversiones, soporten en solitario las restricciones, y proponiendo compensaciones y prioridad en el acceso a nuevos recursos generados.
Para el Guadalquivir, las propuestas giran en torno a adaptar la planificación hidrológica a la realidad del medio rural, mejorar la garantía de abastecimiento y reforzar la calidad del agua desde un enfoque más realista y equilibrado, por lo que se propone establecer requisitos de depuración diferenciados para pequeños municipios, evitando la aplicación homogénea de exigencias que resultan económicamente inasumibles para poblaciones con escasos recursos.
A esto suma la necesidad de poner en marcha actuaciones estratégicas de regulación pendientes.
Por último, en el Ebro las alegaciones están centradas en gestión de recursos, calidad del agua y necesidades territoriales, mientras que en la Demarcación del Duero se propone una medida concreta de actuaciones de restauración hidrológico-forestal como herramienta clave para la gestión del ciclo hidrológico.
Trabajo colaborativo
Mercedes Gómez ha insistido que estas propuestas son fruto de "un verdadero trabajo colaborativo de muchas personas y colectivos relacionados con el agua y creo que hemos conseguido realizar una buena propuesta con los asuntos más importantes para Castilla-La Mancha de cada demarcación", por lo que las ha calificado como "muy valiosas, tanto desde el punto de vista del análisis como de los asuntos que incorpora".
La consejera ha valorado que se trata de alegaciones que, siguiendo los principios recogidos en el 'Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha', suponen un "reflejo del trabajo, del diálogo, del aprendizaje compartido y de la capacidad de cada persona y entidad para aportar sus conocimientos y experiencia con un objetivo común, como es mejorar la gestión y el futuro hídrico de nuestra región".
