Esther Padilla comparece en rueda de prensa.

Esther Padilla comparece en rueda de prensa. JCCM

Región

La Junta critica el concepto de "prioridad nacional" pactado por PP y Vox en Extremadura y lo tilda de "inconstitucional"

Padilla sostiene que la iniciativa pactada en Extremadura supone un retroceso en convivencia y derechos y critica la cercanía del PP a los postulados de Vox.

Más información: El PP y Vox interpretan de manera opuesta el concepto de "prioridad nacional" pactado en Extremadura para tener ayudas

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado con dureza el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Extremadura, al considerarlo "manifiestamente inconstitucional" y contrario a los valores de convivencia de la sociedad española.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha calificado de "muy lamentable" que un partido "supuestamente de Estado, que ha gobernado este país y que aspira a gobernar" respalde planteamientos de este tipo.

Padilla ha defendido que España y Castilla-La Mancha son "una sociedad rica, plural y diversa", en la que la convivencia y el respeto a los derechos humanos constituyen pilares fundamentales. En ese sentido, ha acusado al Partido Popular de "comprar el discurso de la extrema derecha" y de fomentar el enfrentamiento social con este tipo de propuestas.

La portavoz regional ha rechazado "rotundamente" la aplicación del principio de prioridad nacional—que plantea priorizar el acceso a determinadas ayudas o servicios en función del lugar de nacimiento— y ha asegurado que, a su juicio, no podrá aplicarse por ser incompatible con la Constitución. No obstante, ha advertido de que la intención de implantar medidas de este tipo "ya es grave por sí misma", al implicar una posible discriminación por origen.

Rechazo social y económico

Asimismo, Padilla ha señalado que iniciativas como esta están generando rechazo en distintos sectores sociales y económicos, incluyendo organizaciones empresariales, sindicatos, entidades del ámbito agrario, la Conferencia Episcopal y organizaciones como Cáritas, que —según ha indicado— están defendiendo modelos de gestión migratoria alejados de los planteamientos de Vox y del acuerdo firmado con el PP en Extremadura.

En este contexto, ha criticado también la posición del presidente regional del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al considerar que mantiene una línea de proximidad política con Vox. "Cada vez que tiene oportunidad muestra su voluntad de alcanzar acuerdos con la extrema derecha", ha afirmado.

El debate sobre la denominada "prioridad nacional" ha cobrado protagonismo en los últimos días tras su inclusión en el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura.

Este concepto, defendido por Vox en distintos territorios, plantea dar preferencia a ciudadanos españoles frente a extranjeros en determinadas políticas públicas, especialmente en materia social.

La propuesta ha generado reacciones críticas desde varios gobiernos autonómicos, organizaciones sociales y agentes económicos, que advierten de posibles conflictos legales y constitucionales, así como el impacto social que podría tener su aplicación.

Por su parte, sus defensores sostienen que responde a la necesidad de priorizar recursos públicos en contextos de presión migratoria y limitaciones presupuestarias.