Recurso de procuradores y abogados durante un protesta en Madrid.

Recurso de procuradores y abogados durante un protesta en Madrid. Servimedia

Región

Procuradores y abogados protestarán en Toledo para exigir igualdad en la jubilación: "No son privilegios sino dignidad"

Los profesionales denuncian pensiones de hasta 300 euros y la exclusión del sistema público tras décadas cotizando.

Más información: Abogados y procuradores se manifiestan en Madrid para exigir la pasarela al RETA sin el apoyo de otros mutualistas

Publicada
Actualizada

Abogados, procuradores y otros profesionales mutualistas de Castilla-La Mancha saldrán a la calle el próximo 31 de enero en Toledo para reclamar la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y denunciar una situación que consideran injusta y discriminatoria tras décadas de cotización obligatoria en mutualidades profesionales.

La manifestación partirá a las 12:00 horas desde la plaza de Zocodover y finalizará en la plaza San Vicente, frente a la Delegación del Gobierno.

La protesta, convocada por el Movimiento #J2, se produce tras más de tres años de movilizaciones de un colectivo que denuncia haber sido obligado por el Estado a cotizar en mutualidades privadas para poder ejercer su profesión.

"Nos tienen ahí atrapados en un sistema fallido y lo que reclamamos es que, de una vez por todas, se nos haga una pasarela al RETA con todos nuestros derechos", explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Remedios Ruiz, procuradora desde hace 43 años y representante de J2 Procura en Castilla-La Mancha.

Imposición

Los convocantes denuncian que miles de profesionales fueron obligados durante años a darse de alta en mutualidades como condición para poder ejercer su actividad, quedando fuera del sistema público.

Hoy, esa imposición tiene consecuencias directas en su jubilación y en el acceso a derechos básicos. Muchos mutualistas jubilados no son reconocidos como pensionistas por la Seguridad Social, lo que les impide disponer de la tarjeta sanitaria europea y les obliga a pagar los medicamentos al cien por cien.

Las cantidades que reciben los mutualistas son, según Ruiz, claramente insuficientes y sin apenas revalorización y sujetas al IRPF. "En procuradores hablamos de entre 250 y 300 euros al mes; en otros colectivos, con suerte, 400 o 450. Con eso es imposible vivir", afirma. "Hay compañeros que me preguntan qué pueden hacer con 300 euros: o pagas la luz o la calefacción".

Algunos, añade, se ven obligados a pedir ayuda a familiares o incluso a recurrir a la caridad tras toda una vida de trabajo.

Ruiz recuerda que solo quedan ocho mutualidades en esta situación y que el problema se arrastra desde los años ochenta sin que ningún gobierno haya querido afrontarlo de manera decidida.

La portavoz denuncia además una clara desigualdad de género dentro del sistema mutualista. "Las mujeres mutualistas cobramos menos que los hombres porque, según dicen, vivimos más años y nos hacen las raciones más pequeñas. Esto es totalmente inadmisible", afirma, aludiendo a criterios actuariales que penalizan a las mujeres en el cálculo de sus prestaciones.

Sin sanidad pública

Ruiz recuerda que hasta 2012 los mutualistas no tuvieron acceso a la sanidad pública. "Teníamos que costearnos nuestra propia sanidad con sistemas privados. Muchas mujeres tuvieron que ir a centros privados a dar a luz sin disfrutar de permisos ni prestaciones", señala. Todo ello, pese a haber contribuido durante décadas al Estado del bienestar mediante el pago de impuestos.

Desde el colectivo denuncian también la falta de voluntad política. "Desde la llegada de la democracia, todos los gobiernos han mirado para otro lado", lamenta Ruiz, que recuerda que numerosas comunidades autónomas han aprobado por unanimidad iniciativas a favor de la pasarela RETA.

"Esto es una cuestión de igualdad y de dignidad. No pedimos privilegios, pedimos que se nos trate como al resto de trabajadores", resume Ruiz.

La manifestación del día 31 reunirá a mutualistas de todas las provincias de Castilla-La Mancha. "Vamos a seguir luchando. Necesitamos hechos, no palabras. Una ley urgente que nos integre en la Seguridad Social conforme a la constitución", concluye Ruiz.