José Manuel Muñoz (CCOO): "Todos los gobiernos han hecho políticas inmobiliarias, pero no políticas de vivienda"

Comisiones Obreras celebra este jueves una jornada sobre vivienda en Guadalajara. La cita reunirá a responsables del sindicato, incluido su secretario general en la región, Javier Ortega, con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, o la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el responsable de CCOO en materia de vivienda, José Manuel Muñoz, expresa su preocupación por las dificultades de acceso a un bien que blinda la Constitución, pero del que miles de jóvenes y familias carecen, también en Castilla-La Mancha.

El responsable sindical ratifica la apuesta de su organización por el alquiler social, el control de las viviendas vacías y la necesidad de rehabilitar el parque residencial ahora en desuso.

¿Qué están haciendo las administraciones públicas para proporcionar vivienda asequible a los ciudadanos?

La intención no es mala: están intentando paliar un problema de primer orden, uno de los más graves que hemos tenido. Los remedios serían buenos si no estuviésemos en una situación ya límite.

La propuesta del franquismo fue pasar de un país de proletarios a un país de propietarios, a partir de mucha vivienda, un precio asequible y con la idea que la gente la adquiriese en propiedad. En ese momento funcionó bien. Después, con el felipismo, los servicios públicos se reforzaron y la situación general mejoró, pero la vivienda siguió siendo un bien de mercado. En ningún caso, se tomó como un derecho constitucional y no se pusieron medidas.

Todos los gobiernos han practicado políticas inmobiliarias, pero no políticas de vivienda. En el periodo de Aznar, con la reforma de la Ley del Suelo y su liberalización, se partió de un principio que en economía suele funcionar con algunos productos, aunque no con la vivienda. Se pensaba que, si se hacía más vivienda, iba a haber un precio más bajo, pero no fue así. Con la crisis se quedaron viviendas vacías porque se desahució; ahí, aparecieron los fondos de inversión.

Pocas manos concentran muchas viviendas. ¿Los grandes capitales impiden el acceso a la gente con menos recursos?

Siempre hablábamos de los fondos de inversión y de los grandes tenedores como el problema de que la vivienda tenga el precio que tiene. En parte es así, pero obviamos que muchas están en manos de familias que viven a nuestro alrededor. Son los boomers, son nuestros padres, quienes trabajaron mucho y consiguieron hacerse con una vivienda. Sin embargo, en los tiempos de crisis, a partir de 2008, ha habido gente que se ha subido al carro de los especuladores sin serlo. Estamos hablando de gente obrera, de gente de clase media que, por una coyuntura determinada, en un momento determinado, adquirieron vivienda y la están utilizando como negocio.

¿También los pequeños propietarios forman parte del problema?

De alguna manera, los pequeños tenedores se han convertido en especuladores. Y nos gustaría que empiecen a pensar en sus familiares, en sus vecinos, en la gente más cercana. Quizás se dieran cuenta de que la vivienda no puede ser un negocio y tiene que ser accesible a toda esa gente que lo necesita. Esto no deja de ser una forma de lucha de clases.

Sabemos que supone un problema intervenir en el mal llamado mercado de la vivienda, porque la vivienda es un derecho constitucional. También es complicado, porque un tercio de las casas son de grandes tenedores, pero el resto tienen como propietarios a familias de clase media que se han apuntado al rentismo. Pero sabemos que, si no se pone remedio, corremos un grave riesgo.

Y a los poderes públicos, ¿qué les exigen?

Desde el sindicato, creemos que hay que recuperar una política fuerte de vivienda protegida, especialmente con el alquiler. No insistimos tanto en la propiedad; queremos que, al menos, se tenga la oportunidad de acceder al alquiler.

Hay que reorientar la vivienda de protección oficial que hemos visto como en los últimos años. Entre 1991 y 2010 se hacían en la región unas 3.000 al año de media; desde 2011 caímos por debajo de las 700; y en los últimos ejercicios apenas 60 o 100. Por eso hay que blindar que una parte de las viviendas de nueva promoción y de las rehabilitadas con ayudas se dediquen a parque público y social.

Hay que ver, población por población, por qué hay vivienda vacía y cuántas son. En zonas como Cuenca, el número de viviendas es de 850 por cada mil habitantes, en el conjunto de la región baja hasta las 660 por cada mil. Eso pasa por la despoblación o porque se utilizan las viviendas como segunda residencia para vacaciones. Tenemos que hacer un censo, también para intentar ayudar a la rehabilitación de esas viviendas, pero con el compromiso de ponerlas en alquiler a un precio asequible para cualquier familia trabajadora.

Pero muchos sueldos no alcanzan. Y los ahorros tampoco.

Todo esto tiene que ir acompañado de una subida salarial. El esfuerzo que hemos hecho en la negociación colectiva o con el salario mínimo interprofesional se ha visto arrastrado por la subida constante de la vivienda y los precios abusivos que hay en la compraventa y los alquileres.

Los empresarios también se juegan buena parte de su futuro. Las rentas que se desvían al gasto de vivienda, por ser excesivo, se están recortando del consumo en esas empresas que, además, no tienen la producción que debían tener.

El mensaje que los youtubers dan a los jóvenes es que pueden vivir sin trabajar y siendo rentista: adquiriendo vivienda y alquilando después, para hacer esa caja del 7 % o el 8% que permite vivir de las rentas. Pero ese tipo de sociedad se quedará estancada, tendrá poca ambición y pocas miras de futuro.

¿Por qué escenario apuesta CCOO en Castilla-La Mancha hoy?

Las medidas más drásticas serían intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres. Pensamos que el alquiler no puede superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo. Pero vemos cómo se destina hasta un 60% a la vivienda.

En Castilla-La Mancha se tendrían que establecer políticas según los territorios: somos una comunidad autónoma muy amplia y vemos cómo Toledo y Guadalajara son las provincias donde más vivienda nueva se ha construido, donde más ha aumentado la población y donde más ha subido el alquiler por la cercanía con Madrid. Esa proximidad lleva a la gente a residir en estas provincias, aunque tengan que desplazarse todos los días. El coste de ir y venir es otro problema que trae la subida de la vivienda en la capital.

Muñoz incluye a los pequeños propietarios como parte del problema. Javier Longobardo

Sabemos que no es fácil solucionar este problema de forma rápida, pero hay que darle una respuesta porque tenemos a los millennials, a la gente de 20 y 30 años, necesitados de una solución urgente. Les hace falta una respuesta porque necesitan una vivienda para vivir. Y no vale con confiar en que la sociedad se haga cargo de esto.

Entonces, ¿no faltan viviendas? ¿No habría que disparar la oferta?

Creo que viviendas tenemos suficientes; hay de sobra, lo que pasa es que no está al alcance de personas con un salario medio. En 2001, Castilla-La Mancha tenía 990.000 viviendas; ahora hay 1.360.000 unidades. En próximos años, además, tendremos un excedente por la herencia de viviendas. En la provincia de Toledo el número de viviendas ha crecido un 46 % desde 2001; en Guadalajara, un 52 %. Mientras tanto, en Cuenca solo lo ha hecho en un 22 %.

No creemos que falten, pero influye dónde están situadas. Hay municipios a los que la gente no quiere ir por falta de empleo. Por lo tanto, otra asignatura pendiente de las administraciones es la captación de empresas que hagan viable vivir y desconcentrar la población.

Me alegra que no retrocedamos, como pasa en Madrid: la gente necesita dos horas para llegar al trabajo y soporta precios abusivos de la vivienda. Pero si se decide construir más, desde CCOO entendemos que toda la vivienda que se levante a partir de ahora debe ser de protección oficial.

¿Qué fórmulas de intervención pública atisban?

El parque de vivienda está envejecido. Una buena solución son las ayudas para rehabilitar vivienda antigua, un plan que ya se está aplicando en Castilla-La Mancha. Como no se hace mucha vivienda nueva, hay que apostar por rehabilitar la vieja con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables. Esa debería ser una de las funciones de la administración y ahora, junto con las ayudas para eficiencia energética, se está haciendo.

También en su momento se habló con diferentes constructoras para que hubiese ayudas en la construcción: no era para hacer VPO al uso, sino para crear vivienda con precios tasados de alquiler. Eso les hubiera permitido competir con los grandes tenedores que quieren subir el precio de la vivienda. No obstante, aunque los grandes tenedores sean los responsables de la subida, todo se solucionaría si los pequeños fueran solidarios y no se sumaran al rentismo y la especulación.

El alquiler social puede generar problemas. Ahí están las 148 viviendas de la calle Río Yedra, en la parte residencial del Polígono de Toledo, propiedad de la Junta de Comunidades a través de Gicaman.

En ese caso ha habido poca vigilancia. Cuando se construye vivienda pública o de VPO para alquiler hay que controlarlo, porque si no se puede ir de las manos y generar problemas. La administración debe ser muy cauta.

Por ejemplo, parece que está muy bien que se den ayudas como la financiación al 0 % del 20 % del coste de la entrada, pero esas ayudas al final revierten en el que vende porque sube el precio de la vivienda. Nosotros no haríamos eso; nosotros fiscalizaríamos las viviendas ya construidas y que sean para quien las necesita.

Muñoz ha sido el máximo responsable del sindicato en la provincia de Ciudad Real durante 12 años. Javier Longobardo

Respecto a las VPO, estamos viendo que tiene precios por metro cuadrado similares al mercado general en la región. Nos preocupa porque no facilita ni siquiera el alquiler de la VPO, que también está regulado: su precio es similar al mercado libre. Ahí debe hacerse el esfuerzo.

¿Qué muestra la radiografía residencial de la región?

La vivienda se concentra en zonas urbanas. Mientras que en 2008, el 68% de las viviendas urbanas de Castilla-La Mancha estaban en manos de personas con una sola vivienda, en 2025 el porcentaje de quienes tienen más de una propiedad ha subido más de diez puntos. Ese cambio fomenta la especulación. Por lo tanto, insistimos: no nos parece un problema de vivienda, sino de acceso. Y es cada vez más complicado para las familias obreras, que ven cómo las mejoras salariales se diluyen por el alza del precio de la vivienda.

De los casi 1,4 millones de viviendas que hay en la región, 303.000 están vacías y 135.000 se usan de forma esporádica, como segunda vivienda. Por tanto, un 33 % del parque residencial de Castilla-La Mancha no es residencia habitual, un porcentaje que en España baja a un 24%. Es decir, tenemos más vivienda cerrada que la media del país. Esto puede ser porque mucha gente ha emigrado buscando trabajo y mantiene su vivienda. Y ahí debemos incidir: en rehabilitar esas viviendas y hacerlas habitables para quienes quieran vivir y trabajar cerca de sus centros de trabajo.

Muñoz será uno de los moderadores de la jornada sobre vivienda que CCOO celebra este jueves en Guadalajara. Javier Longobardo

El problema se acrecienta cuando hay zonas sin empleo. El caso más reciente lo tenemos en Motilla del Palancar (Cuenca), en Mahle. Qué pueden hacer esas familias. Tienen una vivienda hipotecada y necesitan un trabajo que allí no hay. Muchos no lo conseguirán: emigrarán y seguirán pagando hipoteca, pero tendrán que alquilar donde vayan. ¿Cuánto hay que ganar para eso? Es inviable. Estos problemas se deben paliar atrayendo proyectos empresariales a las zonas despobladas, no solo en los grandes núcleos.

¿Impulsaría la oferta un hipotético impuesto sobre las viviendas vacías?

Hay que controlar, pero según cada caso. Si existe una vivienda vacía en una zona despoblada que se intenta alquilar pero no se puede, es porque no hay negocio. La fiscalidad tiene que aparecer para quienes las tienen alquiladas a precios desorbitados. Quien tenga más de una vivienda y haga negocio debe ser fiscalizado.

Estimamos que un 45 % de la actividad rentista con alquileres no está fiscalizada, no se somete a control. Las administraciones deberían tener un censo y ver, por consumos, quién tiene alquilada la vivienda y quién no. Y que tribute.

Parte de las viviendas por rehabilitar están en los centros urbanos, pero en ciudades como Toledo y Cuenca, la mayoría de esas reformas nutren el segmento turístico.

Lo hemos visto en el centro de Madrid, donde los pisos turísticos han entrado muy rápido. Toledo también corre ese riesgo. Donde hay estos alquileres no residenciales se transforman las ciudades en escenarios, sin vecinos y solo con turistas. Es un gran problema porque se vacían los núcleos céntricos, desaparecen los lazos vecinales y no se pueden tomar decisiones ni dentro de la comunidad de vecinos.

¿Contemplan la posibilidad de manifestarse contra esta situación?

Son problemas que hay que solucionar con urgencia. Si no, los millennials y la gente obrera tendremos que salir a la calle, porque sin movilización y sin remedio la situación va a reventar. La falta de vivienda impide que nuestros hijos puedan trabajar. En los pueblos no hay empleo y deben emigrar; y con los precios del alquiler es imposible independizarse o formar una familia.

Se crea una espiral perversa que lleva a una situación insostenible y exige una solución rápida. Las medidas actuales son a muy largo plazo, llegamos tarde. Construir vivienda pública solucionará el problema de los que hoy tienen diez años, no de los que tienen entre 23 y 30.