Esther Padilla es la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de Page defiende la limpieza en la adjudicación de la reforma del colegio de un pueblo de Cuenca
La Junta de Castilla-La Mancha explica que Levantina, empresa investigada en la trama Ábalos, ganó el concurso antes de que el valenciano fuera ministro.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en la legalidad de la adjudicación para la reforma de un centro educativo en Minglanilla (Cuenca) a Levantina Ingeniería y Construcción SL, una de las empresas investigadas en la supuesta trama corrupta que implica a José Luis Ábalos.
El contrato fue adjudicado por casi 484.000 euros en octubre de 2017. En ese momento, los responsables socialistas ahora investigados no disfrutaban de la cercanía del Gobierno central, un organismo entonces presidido por Mariano Rajoy (PP).
De hecho, el exministro de Fomento no estaba "ni siquiera en Ferraz", ha recordado Esther Padilla, consejera portavoz del Ejecutivo autonómico.
Desde la Junta de Comunidades han restado credibilidad a una información publicada en ABC que desvela los detalles que rodearon la adjudicación. Para Padilla, el propósito del artículo "es algo muy diferente al de una noticia".
La consejera portavoz se ha preguntado "dónde está la noticia" relativa a la adjudicación de aquellas obras, una actuación financiada con fondos Feder e incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019.
"Lo único que hay es un titular que dice que la Junta de Comunidades hizo un contrato en el año 2017", ha añadido. "¿Dónde está la noticia?, ¿qué pretenden?", ha lamentado.
Padilla ha detallado que la supuesta trama corrupta contactó con la empresa valenciana en 2019, dos años después de la adjudicación de la reforma del colegio Princesa Sofía de Minglanilla.
La tercera mejor oferta
"Quien haya encargado la publicación de esta información creo que está nervioso", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo regional.
La renovación de la escuela fue adjudicado a la tercera empresa con mejor oferta económica. La rebaja supuso unos "100.000 euros menos del presupuesto de licitación", ha detallado Padilla.
La Administración regional proyectó un desembolso de 565.000 euros, mientras que la adjudicataria se comprometió a hacerlo por casi 484.000 euros.
Levantina presentó la tercera mejor oferta, aunque las dos primeras fueron consideradas como "baja temeraria". El poco esfuerzo que ambas propuestas suponían para la Junta "no garantizaban que se pudiera ejecutar la obra con las garantías ni las condiciones en las que se exigía en el contrato".
Además de las dos excluidas, una veintena de empresas concurrió a aquel concurso.
