El portavoz del STAS STAS-CLM Intersindical, Gustavo Fabra, en rueda de prensa.
La Justicia tumba la creación "a dedo" de 98 puestos públicos en la Junta con sueldos de hasta 50.000 euros
La resolución considera que vulneran los principios de mérito y capacidad.
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El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha anulado la creación de 98 puestos de libre designación en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La sentencia, dictada el 19 de mayo tras una demanda del Sindicato STAS-CLM Intersindical, cuestiona la legalidad de estas plazas aprobadas en 2019, que afectaban a diversas consejerías, la Presidencia y la Agencia del Agua.
La resolución judicial, aún no firme, considera que estas modificaciones vulneran los principios de mérito y capacidad recogidos en la Constitución, al haberse creado de forma masiva sin respetar los procedimientos de negociación colectiva.
El portavoz del STAS, Gustavo Fabra, lamentó que "se está construyendo una administración en forma de pirámide invertida, en la que se multiplican los puestos a dedo mientras faltan trabajadores en los servicios públicos".
Uno de los casos citados corresponde a dos jefaturas de área creadas en la Consejería de Fomento, con complementos específicos de casi 30.000 euros, a los que se sumaban sueldo base y antigüedad. "Estamos hablando de retribuciones cercanas a los 50.000 euros anuales", apuntó el abogado.
Exigen dimisiones
Desde STAS animan a los funcionarios afectados a reclamar y piden la dimisión del director general de Función Pública, José Narváez, y del consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Considera que deben ser sustituidos por personas "que crean en una administración imparcial y objetiva".
El sindicato también ofreció cifras que muestran un aumento significativo de estos cargos en la última década. Según sus datos, los altos cargos han pasado de 87 en 2015 a 148 en 2025 (un 70 por ciento más); el personal eventual de 53 a 133 (incremento del 151%); y los puestos de libre designación de 778 a 1.024. "En total, hay 387 plazas más que hace diez años, lo que supone un 42% de crecimiento", denunció Fabra.
El abogado del sindicato concluyó con una crítica directa: "Se está creando una administración cabezuda, con muchos jefes y pocos indios, mientras se abandonan servicios esenciales como oficinas comarcales agrarias, residencias de mayores u oficinas de empleo".
