La Comisión de Fomento de las Cortes regionales ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE y a favor de PP y Vox, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por este último grupo parlamentario a fin de reactivar la Ley de medidas contra la ocupación ilegal de Castilla-La Mancha.

Durante el debate parlamentario, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha recordado que el PSOE aprobó en la Cámara autonómica una Ley de medidas en el año 2020, con la abstención del PP, pero ha lamentado que dicha norma "ha quedado en nada" y sólo sirvió para que el Gobierno regional saliera a dar titulares "a bombo y platillo" a la vez que se "reía de las víctimas de la ocupación ilegal".

Asimismo, Sánchez ha afeado que el PSOE hizo lo mismo con la resolución al debate general que Vox propuso en el pleno del Parlamento para que se reactivara la ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ya que al terminar la legislatura ese trámite caducó y tendría que volver a realizarse.

Por todo ello, ha afirmado que el PSOE es "culpable" de proteger a los 'okupas', pero también el PP porque en el año 2015 rebajó el delito de ocupación ilegal, y que Vox aboga por "sacar de forma inmediata a los 'okupas' de las viviendas con una patada en el culo para que vean que no es ningún chollo", así como ha añadido que no sólo ocurre este fenómeno en zonas desfavorecidas sino también en grandes chalés con piscina.

El PP dice que la Ley de Vivienda no funciona

En la misma línea, la diputada regional del PP María Roldán ha coincidido en que el trabajo que se hizo en Castilla-La Mancha para combatir la ocupación ilegal "no ha dado sus frutos", y ha incidido en que la Ley de Vivienda del Gobierno de España no funciona e incluso "confunde" la protección de los vulnerables con la delincuencia y actividades incívicas que conlleva este fenómeno.

María Roldán, diputada del PP.

Roldán ha subrayado que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa la ocupación ilegal se ha incrementado en casi un 40 por ciento y que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos -de uno de cada cuatro castellanomanchegos- y que tres de cada cuatro creen que es un problema social.

Por lo tanto, ha aseverado que existe una "alarma social", que la Ley de Vivienda ha "empeorado" la situación en vez de mejorarla y que Castilla-La Mancha debe "cambiar el rumbo", para lo que ha tendido la mano al PSOE de cara a alcanzar un pacto regional y poder dar solución a este grave problema.

El PSOE defiende medidas del Gobierno regional

Por su parte, la parlamentaria socialista Marisa Sánchez ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa una serie de medidas, más allá de una ley que no es competencia regional sino nacional, y ha acusado a los grupos de la oposición de debatir con "brocha gorda" y alentar "el miedo y la crispación" con este tema.

De esta manera, ha sostenido que el Ejecutivo regional ha tomado medidas a través del Plan social de ingresos patrimoniales con denuncias a las viviendas donde se han producido ocupaciones ilegales, y de la regulación de la vivienda vacía por parte de los ayuntamientos que pueden subir el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) a las entidades bancarias que no quieren denunciar a los 'okupas'.

Marisa Sánchez, diputada del PSOE.

Además, ha apuntado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un protocolo pactado con el resto de administraciones públicas y un Plan de alquiler de garantías especiales para dar seguridad a los propietarios que quieran ofrecer sus viviendas vacías al alquiler, al tiempo que ha agregado que PP y Vox exigen en Castilla-La Mancha lo que no hacen en comunidades autónomas en las que gobiernan de manera conjunta.