El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, una normativa que pasará a las Cortes regionales y con las que el Ejecutivo regional pretende legislar para contra las llamadas puertas giratorias. Para ello, impedirá a los altos cargos regionales trabajar o realizar actividades durante dos años con empresas con las que hayan tenido relación otorgándoles subvenciones o contrataciones.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que en la tramitación parlamentaria y aprobación del texto, que prevé se lleve a cabo durante este periodo de sesiones, esperan contar con "el máximo consenso posible".

Los altos cargos a los que afectará esta ley con los miembros del Consejo de Gobierno, de todos los órganos directivos de asistencia de apoyo, de las viceconsejerías y de las direcciones generales, así como los presidentes, directores generales o directores gerentes de cualquier ente público, empresa pública, fundación o personas que tengan un contrato de alta dirección o personal directivo en aplicación de la ley de la función pública de Castilla-La Mancha.

La nueva ley otorgará funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad, organismo que se encargará de velar por el cumplimiento del texto una vez que sea aprobado.

Las obligaciones a las que serán sometidos estos altos cargos de Castilla-La Mancha comenzarán en el momento de tomar posesión. Y es que a la declaración de Actividades, Bienes y Rentas a la que ya están obligados, ahora se une una declaración responsable en la que se comprometen a no estar implicados en ninguna causa de incompatibilidad con la gestión pública. En el caso de detectarse alguna incompatibilidad, el implicado tiene un mes para solventarla o en caso contrario, deberá abandonar su puesto.

Al término de la legislatura, después de la convocatoria de elecciones, las personas afectadas por la nueva normativa tendrán que realizar otra declaración específica a la Oficina de Integridad, que comparará la declaración anterior y emitirá un informe donde reflejará las posibles diferencias observadas en su situación patrimonial.

Una vez que hayan cesado, los altos cargos también estarán obligados a seguir declarando las actividades que lleven a cabo en el sector privado para evitar que en un plazo de dos años, puedan tener tener relaciones con empresas con la que hayan tenido contacto en su etapa en la administración ya sea otorgándoles expedientes de subvención o contratación.

Conflictos de intereses y sanciones

Otra de las grandes novedades que introduce esta ley es la regulacion de los conflictos de intereses. En este sentido, obliga a los cargos públicos a abstenerse en las decisiones o procedimientos en los que puedan tener algún tipo de interés privado o personal.

En estos casos, tendrán que comunicar la abstención tanto a su superior jerárquico como a la Oficina de integridad para que quede de manifiesto que esa persona se abstuvo porque tenía interés particular.

Este texto legislativo también introduce un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones, que varía de la amonestación hasta el cese y la inhabilitación para cargo público durante un periodo de cuatro años en el caso de faltas muy graves.

Se trata de la tercera ley de estas características que se aprueba en Castilla-La Mancha durante el mandato de Emiliano García-Page después de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en la primera legislatura y la Ley de Participación Ciudadana en la segunda, por lo que para Martínez Guijarro supone culminar el "entramado jurídico para garantizar la honestidad en la gestión pública".