La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la jubilación anticipada y voluntaria y la carrera profesional horizontal para todos los empleados públicos de la Administración General de la región y sus organismos autónomos.

Desde el sindicato expresan que "la jubilación anticipada y voluntaria supone un derecho fundamental para empleados públicos con trabajos con penosidad, entre ellos especialmente los de ámbito sanitario y sociosanitario".

Por ello, reclaman la jubilación a los 60 años, sin penalización, apoyando a distintas asociaciones y plataformas, debido a que el personal dedicado a la atención de mayores y dependientes desarrollada diariamente precisa de este reconocimiento.

Carrera profesional

Por otro lado, Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF, explica que la carrera profesional recogida en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, e implantada ya en otras comunidades, "sigue sin cumplirse año tras año, continúa sin desarrollarse mientras los empleados públicos de la región siguen perdiendo poder adquisitivo".

En el sindicato creen que la carrera profesional del personal laboral y funcionario de la Junta es una "medida necesaria" para para paliar los efectos de la inflación, "con esta región a la cabeza de la subida de precios y con una pérdida de poder adquisitivo superior al 20 % desde 2010". "De hecho, el acuerdo entre los sindicatos de clase y el Gobierno central del pasado mes de octubre ni siquiera corrige la inflación de este año".

"Por dignidad con los empleados públicos de la región, la Junta debe cumplir con la ley en lugar de que los empleados públicos sean los que siempre paguen las crisis". Asimismo, CSIF lamenta que el Gobierno de la región no dé ejemplo. "Mientras aumenta su estructura institucional, con un total de 136 altos cargos que perciben en su conjunto más de 9 millones de euros al año; mientras aprueba la consolidación de estos altos cargos con un complemento vitalicio cuando se reincorporen a su puesto de trabajo; mientras subvenciona a CCOO y UGT con más de 37,2 millones de euros, derechos fundamentales siguen aplicarse. Parece que solo hay carrera profesional para los políticos, altos cargos y asesores".