Las okupaciones de viviendas en Castilla-La Mancha han descendido un 7,29 por ciento en los siete primeros meses del año en comparación con 2021, y se han detectado 458 okupaciones, frente a las 494 del mismo periodo del año pasado.

En el conjunto del país, las okupaciones han caído un 5,4 % en los siete primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, lo que supone el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años.

Son datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso EFE, que no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).

Los datos del Servicio Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad muestran que entre enero y julio se registraron 10.220 delitos de este tipo, por 10.807 de los mismos meses del año anterior. En el conjunto de 2017 hubo 10.619 casos; en 2018, 12.214; en 2019, 14.621; en 2020, 14.792 y en 2021, 17.274.

Descensos en casi todas las regiones

Los descensos se dan en todas las comunidades autónomas salvo la Comunidad Valenciana, donde crece un 23 %, Extremadura, un 5 %, y Murcia, un 3 %. En el resto ha habido descensos, el más pronunciado en Baleares (31 %). En la Comunidad de Madrid ha sido del 15 %, en Cataluña del 6 % y en Andalucía también del 6 %.

En Castilla-La Mancha, el descenso ha sido del 7,29 por ciento y, por provincias, en Toledo se han registrado más de la mitad de las okupaciones de la región, con 260; seguida de Ciudad Real con 87 casos, Albacete con 55, Guadalajara con 31 y Cuenca, con 25.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mencionado este lunes estos datos al ser preguntado por la nueva grieta abierta con su socio de Gobierno Unidas Podemos por la enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas.

En este sentido, Marlaska ha pedido "no confundir" allanamiento y usurpación que "es penalmente relevante" con los "desahucios" consecuencia de un impago de renta o de hipoteca. "Esa enmienda no contradice el principio esencial de protección de los colectivos vulnerables para los que está trabajando este Gobierno".