Según señalan, "la falta de medidas efectivas por parte de la Administración no garantiza la seguridad y pone gravemente en riesgo la salud de los alumnos, familias, docentes y trabajadores, en general, que pertenezcan al ámbito educativo".

Abad y Aldea afirman que "la Consejería de Educación ha delegado la responsabilidad en materia de seguridad en los equipos directivos de los centros, pero de ellos no dependen medidas indispensables como establecer el número máximo de alumnos por grupo o contratar más profesorado". Además, comentan que "los recursos con los que cuentan son escasos".

Por este motivo, las docentes solicitan a la Administración que baje las ratios máximas en todos los niveles educativos preuniversitarios; que, en consecuencia, aumente significativamente la plantillas de los centros contratando a más profesores; que demuestre con estudios certeros las medidas tomadas respecto al alumnado de educación infantil, ya que "despiertan mucha inseguridad y temor", tanto en los profesionales de la educación como en los propios padres del alumnado; y quedote a los centros educativos de los medios tecnológicos y recursos necesarios para poder trabajar de manera virtual en caso de recrudecimiento de la pandemia de la Covid-19.

"Con la salud pública no se juega. Deseamos volver a las aulas, pero exigimos que se haga garantizando la seguridad y la salud de todos. No podemos mirar hacia otro lado y callarnos sería una irresponsabilidad. Nos vemos en la obligación de pedir a la Administración responsabilidad, cordura y sentido común, que esté a la altura de las circunstancias y ponga todos los medios humanos y económicos necesarios antes de que sea demasiado tarde, las consecuencias sean fatales y las pérdidas irreparables", han concluido.