Cientos de empleados públicos de la Junta se han concentrado en la cinco capitales de Castilla-La Mancha para mostrar su más absoluto rechazo a la enmienda al proyecto de ley de Medidas Administrativas y Tributarias que otorga "privilegios" económicos a los funcionarios cuando dejan de ser altos cargos en la Administración regional.

Convocados por los cinco sindicatos integrantes de la Mesa General de la Función Pública, UGT, FSES, CCOO, CSI-F y STAS, que representan al 100 % del funcionariado autonómico, en todas las concentraciones se han dado cita políticos del Partido Popular, que han secundado la petición de retirada inmediata de la enmienda.

Los responsables sindicales, en atención a los periodistas en la concentración ante la sede de la consejería de Administraciones Públicas en Toledo, han tachado la enmienda de "obscena", "vergonzosa" y de "lastre" futuro para los funcionarios, y han anunciado más "grandes movilizaciones" si no se retira por entender que crea "gran desigualdad" y un desvío económico de gran calado para las arcas públicas.

De hecho, se han referido a la últimas medidas del Gobierno regional y el aumento del doble de altos cargos, el decreto del personal directivo y la nueva relación de puestos de Trabajo (RPT), que ha supuesto el incremento de 5,5, millones de euros, y "ahora esto" con lo que "se desprofesionaliza la Función Pública".

Una "deriva", ha enjuiciado Gustavo Fabra, representante de la Intersindical STAS, con la que "se crea una red clientelal basada en nombramientos de cargos que tenían que ser independientes, objetivos y de velar por el cumplimento de la norma por encima de criterios políticos", ha denunciado.

Fabra ha opinado que el Ejecutivo regional "tiene que leer el mensaje" de rechazo y "todavía tiene tiempo para retirar la enmienda, convocar la Mesa General y reconciliarse con sus empleados públicos porque si no lo hace demostrará que la mayoría absoluta le ha llenado de soberbia, prepotencia y de mentiras", ha criticado.

Además, el Grupo Parlamentario Socialista "tiene una oportunidad de rectificar, que es de sabios" y, aquí, ha puesto el acento en las "dos mentiras" que esgrimen sus diputados de que "no es un privilegio y es una cuestión de justicia".

"Es un privilegio como una casa porque pretende consolidar unos sueldos anuales entre 45.000 y 50.000 euros durante toda su carrera profesional, que es inadmisible, y un lastre para el capítulo 1 -de gastos de personal- cuando se necesitan cubrir las necesidades básicas", como bajas, vacantes o mejoras salariales.

Y, ha concluido, "lo más grave es que se está creando una Administración que va a generar una casta política una vez sea cesada y a crear los puestos claves, los mejor remunerados y más altos, que vulnera la carrera profesional de todo el personal" y va en contra de "la igualdad, el mérito y la capacidad".

Mercedes Gómez, responsable del Área Pública de CCOO, ha lamentado que "no hay educación para educación, sanidad o servicios públicos, pero si para consolidar a personas que hacen una tarea, están bien pagadas, pero cuando vuelven a sus puestos hacen la misma tarea que cualquier funcionario".

Del mismo modo, Gratiniano Lozano, delegado del CSI-F, ha incidido en el coste de 5,5 millones de euros anuales "en detrimento de los trabajadores con cargos más bajos" y cuando, encima, "faltan técnicos en las consejerías para atender a la ciudadanía" por lo que ha dicho: "Basta ya, vamos a parar esto".

A su vez, Pilar Sánchez, miembro de ANPE, y referido a los docentes, se ha referido a la discriminación que se produce porque "el único sistema que tenemos de promoción es el acceso al cuerpo de catedráticos, que no se convoca desde 2002, y supone un agravio comparativo con el resto de docentes".

El responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha añadido que la enmienda "crea más desigualdad entre los empleados y una Administración cabezona, con muchos altos cargos y pocos puestos bases que son los que realmente desempeñan el trabajo y atienden al ciudadano".

"Es un despropósito, una verdadera vergüenza, y no lo decimos los sindicatos, sino los propios trabajadores que están protestando a las puertas de sus centros de trabajo" y, por esa petición, ha sentenciado que "este es el inicio de grandes movilizaciones y tenemos que dar respuesta a esta inquietud al generar gran desigualdad".

Por último, han reclamado al Gobierno regional que desvele el coste total, así como el número de altos cargos que mantendrán sus sueldos una vez cesados y el total de beneficiados, al tener carácter retroactivo desde el 2007.

En Toledo se han concentrado en torno a 250 empleados, con pancartas como 'Menos políticos, más profesionales' '¿Igualdad?, ¿mérito?, ¿capacidad?' o 'Page electricista, no hay enchufe que resista' y han cantado un villancico de protesta cuyo estribillo es: "Page, Page, Page deja las prebendas; Page, Page, Page retira la enmienda'.

En Cuenca se han congregado medio centenar de personas a las puertas de la sede de la Delegación de Administraciones Públicas y los sindicatos han denunciado el "despilfarro" del Gobierno regional y han criticado el "agravio comparativo" para los funcionarios que trabajan durante años para consolidar su carrera profesional y que la medida ni siquiera se ha negociado con Mesa General.

También medio centenar de personas se han citado ante la sede de la Delegación Provincial de la Junta en Albacete para protestar "contra las prebendas, privilegios y clientelismo" y se ha dado lectura a un manifiesto consensuado por los sindicatos.

Mientras, en Guadalajara se han concentrado un centenar de funcionarios ante la sede de la Delegación de la Junta y el presidente de la Junta de Personal de los Servicios de la Administración General, Antonio Domínguez, ha comentado que "ya hubo otros intentos en agosto y septiembre de este año sin dar publicidad" para retirar la enmienda.