Las entidades locales de Andalucía y Castilla-La Mancha eran, a 31 de diciembre de 2016, las que menos rindieron sus cuentas generales del ejercicio 2015 al Tribunal de Cuentas.

Según un informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, correspondiente a 2015, el 56 por ciento de las entidades locales cumplieron esta obligación en el plazo legalmente establecido, porcentaje inferior al registrado en 2014, cifrado en un 62 por ciento.

Los niveles de rendición más bajos correspondieron a los cabildos y consells insulars (10 %), agrupaciones de municipios (15 %), mancomunidades (40 %) y entidad de ámbito territorial inferior al municipio (49 %).

Andalucía, líder destacada en incumplimiento

Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2016, afectaba a las entidades locales de Andalucía, con un 34 %, seguidas de las de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, con unos niveles del 62 %, 63 % y 65 %, respectivamente.

El único nivel de rendición superior al 90 % se alcanzó en las entidades locales de Aragón (93 %) y, por encima del 80%, se encuentran las de la Comunidad Valenciana (88 %), La Rioja (88 %), Asturias (87 %), Galicia (86 %), Cataluña (83%), Madrid (82 %) y Canarias (81 %).

Para contribuir a la mejora de la rendición de las cuentas, el Tribunal de Cuentas recomienda homogeneizar, en las normativas estatal y autonómica, los plazos de rendición de las mismas en todo el territorio nacional; fortalecer las medidas legislativas encaminadas a fomentar el cumplimiento en plazo, e incrementar los importes de las multas coercitivas en caso de incumplimiento.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha comprobado que, a las mismas fechas de finales de 2015, el sector público local estaba integrado por 12.968 entidades, entre ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras instituciones menores, lo que supone una disminución del 0,5 % respecto al año 2011.

Con la fiscalización se quiere analizar el nivel de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales por parte las referidas entidades, identificando las causas que ocasionan el incumplimiento del deber; examinar la observancia de los plazos previstos en la normativa para la aprobación del presupuesto y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general de las entidades locales, y verificar el sistema de información contable de los ayuntamientos que no han cumplido.

La fiscalización se ha abordado desde una doble perspectiva: una de carácter general, centrada en el examen de la estructura del sector público y en el cumplimiento de la obligación de rendición de las entidades locales, y otra específica, dirigida al desarrollo de actuaciones fiscalizadoras sobre una muestra de entidades locales que vienen incumpliendo dicha obligación de forma reiterada.

Esta muestra viene constituida por las 63 diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 5.000 habitantes del territorio nacional que, a 31 de diciembre de 2016, no habían rendido las cuentas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.