El sindicato CCOO ha recordado a las corporaciones locales de la región que tienen la obligación de publicar antes del 1 de junio y de convocar antes del 31 de diciembre todas las plazas precisas para que su tasa de temporalidad no supere el 8%, con más de 20.000 puestos de trabajo temporales que deben estabilizar.

La tasa de temporalidad de los consistorios ahora oscila, de media, entre el 40% y el 80%, con "ayuntamientos por debajo, pero también por encima, de esos porcentajes", ha señalado el sindicato.

El sindicato ha reunido este miércoles al centenar de delegados y delegadas que van a tener que negociar con cada administración pública donde se exceda ese 8% de temporalidad las correspondientes convocatorias de empleo público para cumplir la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

"Un antes y un después”

"Esta ley supone un antes y un después para atajar el gravísimo problema de fraude en la contratación en las administraciones pública que han alargado la contratación eventual más allá de lo que prevé la normativa, que nunca convocaron ofertas de empleo estable y a las que, durante cuatro años, la tasa de reposición ponía limites tan irrisorios como el 15%", ha afirmado la secretaria general de CCOO-FSC de Castilla-La Mancha, Lola Cachero.

Cachero ha explicado que las administraciones, sobre todo, ayuntamientos, que excedan el 8% de temporalidad tienen que publicar antes del próximo 1 de junio las OEP precisas para acomodar esa tasa a la legalidad; y negociar después las convocatorias correspondientes, que deben realizar antes de finalizar el año.

"Vamos a formar a todos nuestros delgados y delegadas para que a la hora de negociar las obligadas OEP sepan qué es lo que hay que negociar, qué plazas hay que estabilizar, qué criterios tienen que regir las convocatorias. Es una jornada importantísima para la estabilidad en el empleo público en Castilla-La Mancha", ha indicado Cachero, que ha insistido en que en la región el problema está focalizado en los ayuntamientos, entidades que es su práctica totalidad incumplieron los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018 por el Gobierno central y los sindicatos representativos (CCOO, UGT y CSIF).