Tras la absorción de Liberbank (CCM, Cajastur…) por parte de Unicaja Banco no todo el proceso de fusión quedo resuelto satisfactoriamente en su día. Bastantes trabajadores de estas entidades tienen pendientes todavía de percibir las aportaciones a los planes de pensiones de ahorro y jubilación que venían recibiendo de las entidades fusionadas, congeladas por el Expediente de Regulación de Empleo suscrito. Un ERE que se remonta a 2013 cuando Liberbank acordó con los sindicatos que, desde enero de 2014 y hasta junio del 2017, los trabajadores dejarían de percibir estas aportaciones al plan de pensiones destinadas a su ahorro/jubilación, a cambio de recobrarlas en 2018 más una prima de compensación del 50%.
Tras diferentes interpretaciones sobre lo acordado y la intervención del Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en diversas ocasiones, aún no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes, lo que empuja a los sindicatos a presentar una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. Los representantes de los trabajadores no entienden la actitud del banco y su forma de proceder, acostumbrado a resolver todas las disputas por vía judicial, pese a que esto suponga un mayor coste y vaya en contra de los intereses de accionistas, inversores y trabajadores.
Una situación que parece no afectar a Unicaja Banco, pues el grupo acaba de anunciar un beneficio neto de 260 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, un 67,1% más respecto al mismo periodo del año anterior. Unos resultados obtenidos gracias a haber materializado el 72% de las salidas de personal previstas y el 100% de los cierres de oficinas dispuestos, según el propio banco, lo que la propiciado una disminución de los gastos administrativos de 586 millones de euros. Una regularización, no obstante, sin concluir con flecos laborales y sociales importantes aún pendientes, y una armonización salarial de todos los trabajadores del banco todavía sin negociar.
Demasiados flecos suspendidos para una entidad que ha mostrado una displicencia absoluta con Castilla-La Mancha y sus habitantes, cerrando oficinas -la única abierta en ocasiones- en territorios de la España vaciada donde precisamente hacen más falta, aunque le resulten menos rentables.
