El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aprovechando el acto institucional del Día de la Constitución y la conmemoración de los cuarenta años de la Autonomía de la Comunidad celebrado en Alarcón (Cuenca), ha anunciado su compromiso “asequible y perfectamente posible” de crear 150.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, además de otros objetivos y conquistas cosechadas durante su mandato.

La mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha no pone en duda la capacidad y compromiso del presidente regional con la región, pero algunas veces se les va la cabeza a nuestros políticos con estos futuribles a la hora de poner en valor a la Comunidad, generalmente en estas tierras por encima de la media nacional o a la cabeza del país o sector. Largo lo fía García-Page para la creación de tantos puestos de trabajo, precisamente cuando Patricia Franco abogaba en Bruselas por un “empleo inclusivo y de calidad como bases para garantizar su sostenibilidad”. Unas cualidades que precisamente en esta región se echan en falta.

Una constatación que se refleja habitualmente en los crónicos niveles de desempleo en la región, y en la enorme brecha salarial existente de género, provincias y sectores entre sus trabajadores. También, en el bajo nivel de salarios en Castilla-La Mancha reflejado en el creciente número de operarios y familias que no logran salir de la pobreza a pesar de tener empleo. Unos sueldos que en nuestra tierra tan solo han crecido 433,64 euros en los últimos quince años, por debajo del promedio de España, hasta situarse en 1.892,26 euros de salario bruto al mes en el pasado año, uno de los más bajos.

El mercado laboral de este país ha recuperado las cifras anteriores a la pandemia, y su economía ofrece ahora una buena ocasión y perspectivas para mejorar las condiciones y salarios de los trabajadores. Especialmente en regiones como Castilla-La Mancha donde son más pequeñas y limitadas sus estipulaciones que en el resto de España. Un objetivo preciso que debe iniciarse cuanto antes y su gobierno poner todo el empeño en obtenerlo. Un propósito ineludible para conseguir la inclusividad y calidad en el empleo que la consejera Franco pregona fuera. Una prioridad de nuestra Administración regional antes que promulgar de cara a la galería hipotéticos reclamos de creación de incontables puestos de trabajo a largo plazo. Supuestos compromisos públicos que redundan en la indiferencia y recelos cada vez mayores que tiene un amplio sector de la ciudadanía ante tantas promesas de sus políticos.