La casualidad ha querido que dos alcaldes de Guadalajara se encuentren con problemas con la justicia casi al mismo tiempo y teniendo en el horizonte la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Como bien ha destacado La Crónica de Guadalajara, ambos alcaldes socialistas han sido llamados por los juzgados de la capital alcarreña por supuestos caso de prevaricación.

Uno de ellos es el alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal Martínez, que comparecerá en calidad de investigado ante el juzgado de instrucción nº 1 de Guadalajara por presunta prevaricación administrativa. La denuncia fue interpuesta por dos concejales del Grupo Municipal de Ahora Fontanar por la adjudicación del contrato para acabar la urbanización del sector 4 de la localidad, que habría realizado el alcalde una semana antes de que la empresa adjudicataria,  WTL SOLUCIONES INTEGRALES S.L, se constituyera. Ahora Fontanar denuncia que "la administradora de esta empresa es familia directa de un amigo muy cercano al alcalde", y además añaden que "durante el proceso de adjudicación se cambia la memoria de la arquitecta municipal sustancialmente, dejando de ejecutar muchos elementos previstos inicialmente".

El segundo caso también lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en el que estaba citado a declarar el martes, 19 de febrero, al alcalde de Heras de Ayuso, Jesús Sierra, para aclarar un posible delito continuado de prevaricación al negar el empadronamiento a Fernando José Gómez Rrecio, concejal del Grupo Ahora Heras de Ayuso.

Según el auto judicial, el juzgado entiende que los hechos por los que el concejal se ha querellado contra el alcalde "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa". Así, tanto el alcalde como su hijo, secretario del Ayuntamiento, han comparecido para prestar declaración por estos hechos.

En la querella admitida a trámite, entiende el demandante que los querellados "conocen sobradamente" que reside en Heras de Ayuso al tener acreditados los consumos de agua en el domicilio indicado desde el año 2013; al tiempo que saben "al menos desde el año 2011 que deben resolver expresamente las solicitudes de empadronamiento" ya que en esa fecha recibieron una resolución del Defensor del Pueblo que amparaba al concejal de la oposición.

Se da la circunstancia de que tanto en el caso de Heras de Ayuso como en el de Fontanar, los querellantes forman parte de grupos municipales independientes bajo las siglas comunes de "Ahora...".