Todo indica que la intensa fuga de depósitos que sufrió Banco Popular durante las últimas semanas precipitó al intervención de la entidad por parte de las autoridades comunitarias y su posterior venta al Banco Santander, ya que se estaba quedando sin liquidez para poder atender a la reclamación de los pagos. Y entre los numerosos clientes que retiraron dinero se encuentran también importantes organismos del sector público, como es el caso de la Seguridad Social y algunas CCAA, antes de que Popular comunicara al Banco Central Europeo (BCE) que no podía abrir las oficinas por falta de liquidez, a pesar de la línea de emergencia de 3.000 millones que le había abierto la entidad monetaria días antes, y que, sin embargo, agotó en apenas tres jornadas.

Dentro de las instituciones públicas que se apresuraron a retirar saldos importantes de sus cuentas en Popular figuran dos de Castilla-La Mancha: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (47 millones), y Diputación Provincial de Toledo (13 millones). Otras entidades del sector publico que también realizaron extracciones importantes de dinero del Popular fueron la Tesorería de la Seguridad Social (1.140 millones), Comunidad Autónoma de Canarias (608 millones), el Ayuntamiento de Barcelona (340 millones), o la Comunidad Autónoma de Madrid (198 millones). Dentro del sector privado, destacan los reintegros realizados en las mismas fechas por Mercadona (127 millones), Urbaser (30), Grupo Antolín (25), Allianz (22), o Mapfre (20).

La retirada de fondos por parte de ahorradores individuales, pero, sobre todo, institucionales, como fondos de inversión y organismos públicos, precipitaron la caída del banco. Aunque las cifras bailan según las fuentes, la salida de dinero podría oscilar entre los 14.000 y los 18.000 millones de euros en total. Popular, según los reguladores, cumplía los requisitos mínimos de capital, pero el pánico y la incertidumbre en torno al futuro de la entidad, sumado a la última rebaja de rating que sufrió por parte de las agencias de calificación, provocaron una masiva salida de dinero y, como consecuencia, una grave crisis de liquidez que obligó a intervenir la entidad para evitar el cierre de las oficinas.

Seguridad Social y CCAA también decidieron retirar sus depósitos ante el temor de que una resolución típica del banco les hiciera perder parte de su dinero, ya que, en caso de quiebra, tan sólo están garantizados por ley los depósitos superiores a 100.000 euros. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría haber actuado de forma similar.