El ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, insiste en todas sus apariciones públicas que hace mucho tiempo que se retiró de la primera línea política. Sin embargo, nadie duda de que el socialista castellano-manchego sigue siendo uno de los políticos más influyentes de este país. Algunas veces con polémica por su relación con ciertos negocios.

Este miércoles, el periodista Gonzalo Cortizo firmaba una completa información en Eldiario.es titulada "El Gobierno se apoya en José Bono para conseguir negocios con la dictadura de Obiang", en la que el periódico dirigido por Ignacio Escolar detalla cómo el Ejecutivo del 'popular' Mariano Rajoy ha buscado la colaboración del socialista castellano-manchego para abrir mercado en Guinea Ecuatorial y conseguir acceso directo al dictador Teodoro Obiang, con el objeto de facilitar los negocios de empresas españolas en la excolonia.

Según la citada información, el pasado 12 de julio José Bono consiguió una reunión con el presidente de la república guineana para que Jaime García Legaz, exsecretario de Estado de Comercio y presidente de la Compañía de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), participada al 51 % por el Gobierno español, pudiera exponerle al mandatario africano sus planes de abrir en ese país una oficina en Guinea Ecuatorial.

Fuentes oficiales de CESCE señalaron a Eldiario.es que "el señor Bono ayudó a concertar la reunión porque tiene buenas relaciones con el presidente Obiang". Según esta empresa participada por el Estado, al expresidente castellano-manchego no se le pagó desplazamiento ni estancia en Guinea por una razón simple: "Cuando llegamos, Bono ya estaba allí". El citado periódico, además, afirma haberse puesto en comunicación con el exdirigente socialista, que ha eludido realizar ningún comentario sobre su papel de intermediación.

El encuentro entre Obiang, Bono y García Legaz ha trascendido a través de una nota de prensa publicada en la página oficial del Gobierno guineano, con el que el político castellano-manchego mantiene desde hace años unas excelentes relaciones pese a que Amnistía Internacional ha denunciado que el dictador africano ampara detenciones ilegales y torturas, además de aplicar de manera regular la pena de muerte.