El ruido engendra confusión. La confusión, malestar. Y el malestar, comportamientos impredecibles de los ciudadanos. ¿Cómo evitarlo? ¿Con más ruido o combatiendo el griterío con información? Intentémoslos con información, por si fuera posible aclararnos. En la semana que ha terminado se han mezclado propuestas y cosas distintas. Por un lado se discutía sobre la modificación de los conceptos de sedición y malversación. Por otro, al margen de la renovación frustrada del Consejo General del Poder Judicial (llevan cuatro años con mandato caducado), la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional.
En el Tribunal Constitucional hay, en estos momentos, dos miembros, nombrados por el PP, con su mandato caducado. Estaban en el gobierno de la nación y sus nombramientos de magistrados afines ideológicamente no era injerencia en el poder judicial ni el Sr. Rajoy asaltaba la democracia. Esas cosas solo ocurren cuando gobiernan los socialistas. Así que el gobierno legítimo plantea en las Cámaras de representación ciudadana la sustitución de esos dos miembros caducados por otros dos nuevos. Los interesados no solo se niegan a cesar, sino que además prohíben al Senado debatir el asunto. Quienes tienen la responsabilidad suprema de garantizar la Constitución, no aceptan las leyes que de ella dimanan. No cesan y prohíben que las Cámaras debatan sobre ello. En una democracia parlamentaria, magistrados, nombrados por el PP, imponen el silencio de las autocracias.
El otro de los bloques cuestionados plantea la modificación de los conceptos de sedición y malversación, que conecta sobre todo con Cataluña. Modificación con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero evidentemente nada tiene que ver con el bloque que afecta a la magistratura. Recuerden que hace algunos años se produjo un conflicto en Cataluña, votando de manera esperpéntica, separase de España. El Sr. Rajoy, entonces presidente del gobierno, aplicó a esos movimientos la intervención de la Guardia Civil y de la Policía y a punto se estuvo de mandar al ejército. Pero terminaron transformando el asunto en una cuestión judicial. Se quitaban un problema que les quemaba y traspasaban a los jueces la resolución del conflicto.
Algunos de los implicados huyeron a países de Europa sin que fuera posible su extradición. Y por Bélgica se pasean, riéndose de la justicia española y cobrando del Parlamento Europeo. No hubo tribunal europeo que considerara aquella pantomima delito penal. Los que no huyeron, fueron juzgados por tribunales españoles, cuyas sentencias terminaron anuladas también por tribunales europeos. Del ridículo judicial patriótico, ni hablamos. Aceptado que es posible la discrepancia con la decisión del gobierno de cambiar el concepto de sedición y malversación sin enriquecimiento, no puede mezclarse esta decisión con la no renovación de los magistrados en el Tribunal Constitucional. Entiende el gobierno que las modificaciones que proponen contribuyen al punto final a un conflicto que en Cataluña se denominó “procés”. Qué supone riesgos, por supuesto. Como cualquier otra decisión que afecte a Cataluña. Por algo España lleva más de un siglo sin resolver el problema territorial de Cataluña o del País Vasco. ¿La idea sería dejar las cosas como estaban o buscar una solución? Algo semejante ocurrió cuando el Sr. Zapatero dijo que quería acabar con el terrorismo de ETA. Entonces España se hundía. Ahora, solo unos magistrados del Tribunal Constitucional, nombrados por el PP, se niegan a dimitir, a pesar de su mandato caducado. Todo es más burdo, grosero y mezquino. Y, además, a instancias del PP, se prohíbe debatir el asunto en el Parlamento de la Nación. ¿Será que jueces y magistrados, en connivencia con el PP, forman parte de la lucha de la derecha para acabar con un gobierno legítimo? Piense lector, piense, por favor, y no haga caso del ruido. Solo crea confusión.
