El día 21 de diciembre se celebrarán elecciones en Cataluña. Las elecciones han sido convocadas por el Gobierno de la Nación. No sabemos sí como consecuencia de sus errores anteriores, de una táctica de  prudencia democrática o sí ha sido la ocurrencia de alguien asustado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En contra de lo que se vende, es una prueba más de la debilidad que existe en los partidos llamados constitucionalistas ante el reto territorial. No se sabe qué hacer con los territorios porque en alguno de ellos te puedes jugar las elecciones generales. Las elecciones se convocan por la necesidad de recurrir a los ciudadanos, una vez más en Cataluña,  para saber si continuamos avanzando hacia el precipicio o si se abren vías para caminar en otra dirección. Se mire como se mire la convocatoria lleva implícitos riesgos evidentes, tanto como los que tendría la convocatoria de un referéndum. Y, por eso, las elecciones del día 21 no terminarán con nada, sino que  volveremos donde estábamos. Comenzará todo de nuevo.

En política es frecuente dar rodeos sobre un mismo asunto sin avanzar lo más mínimo. Es lo que está sucediendo en Cataluña desde hace tiempo. Así que el escenario ante el que nos colocaremos será el siguiente. Sí obtienen mayoría los partidarios del independentismo, se continuará el dislate. Sí son los contrarios,  probablemente nos adentremos en un escenario de bloqueo, en el que, como en un inagotable remolino, permaneceremos dando vueltas sobre las cuestiones de los últimos cinco años. Aunque se sumarán otras intervenciones como las del País Vasco y  territorios que permanecen al acecho.  En el Parlamento de la nación apenas se avanza y el Gobierno da pocos pasos. Y con los que se atreve exige sumisión de la oposición. Es una expresión de bloqueo. Una de las más evidentes manifestaciones de ese bloqueo institucional es la incapacidad para comenzar el proceso de reforma de la Constitución que todo el mundo considera necesario, pero nadie se atreve a iniciarlo.

En los últimos días se ha sumado  un debate inquietante en la agenda política española: la financiación de la Comunidades Autónomas. El lehendakari Urkullu ha sugerido que el modelo de financiación de las Comunidades y Regiones tenga como referencia el denominado Concierto Vasco. Rápidamente se han subido al carro Cataluña y Baleares. Comunidades, casualmente, del Norte. Con lo que estamos ante el recidivante problema del Norte y del Sur. Los ricos del Norte y el Sur de los pobres. Y es que la propuesta del Sr. Urkullu demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad de  España en su conjunto.  Para el Sr. Urkullu todas las Regiones y Comunidades Autónomas tienen las mismas posibilidades de recaudar sus propios impuestos, lo cual es verdad. Y con esos impuestos ser autosuficientes para ofertar los servicios básicos a los ciudadanos, lo cual no es cierto. ¿Puede recaudar lo mismo Castilla-La Mancha que el País Vasco? ¿Cuánto tributa el BBVA o la industria Mercedes? Para amortizar los servicios del Estado se establece un Cupo que, en resumen, sería el pago que harían los territorios por el coste estimado de tales servicios. Esta dinámica, en su versión escueta, crearía un desequilibrio territorial más acentuado que el que ya existe. Los territorios ricos seguirían siendo ricos, y un poco más; los pobres, siendo pobres, y un poco más. Tales  principios subyacen en la propuesta del lehendakari, que han aplaudido Cataluña y Baleares. Eso sin entrar en el modelo de Estado que semejante fórmula conlleva que, desde luego, en nada se parecería a la actual. Ni siquiera sería federal.