Por razones laborales he vivido en más de veinte viviendas alquiladas durante los últimos cuarenta años. Conozco todas las variedades del casero español y extranjero: el que aparece únicamente para cobrar, el que considera que una mano de pintura es una reforma integral y el que, cuando se rompe la caldera en enero, recomienda esperar a la primavera y el que se resiste a devolverte la fianza durante meses o te descuenta de ésta cantidades poco justificadas.
He pagado siempre puntualmente. He entregado fianzas enormes que regresaron con síntomas de amnesia. He trasladado muebles, libros, hijos y esperanzas. Y jamás he ocupado una vivienda.
Debo de ser un caso extraño: un inquilino que cree que los contratos se firman para cumplirlos, no para decorar pancartas.
Ahora mis hijos viven en habitaciones alquiladas en pisos compartidos. No en pisos completos: en habitaciones. La vivienda completa se ha convertido en un producto de lujo, como el caviar, el palco del Bernabéu o encontrar un fontanero un domingo. La independencia consiste ya en compartir frigorífico con cuatro desconocidos y descubrir que uno de ellos guarda media cebolla desde la legislatura anterior.
Mientras tanto, los precios de compraventa subieron en España más de un 12% interanual en el segundo trimestre de 2026. Los salarios, por desgracia, no han leído la estadística. Así que el joven español contempla un piso de 60 metros como sus abuelos contemplaban América: un territorio lejano al que quizá pueda llegar después de muchos años y con ayuda de unos parientes.
La política ofrece sus soluciones habituales. Unos políticos prometen construir cientos de miles de viviendas que estarán disponibles aproximadamente cuando nuestros nietos se jubilen. Otros proponen limitar todos los precios mediante decreto, como si los pisos pudieran reproducirse por orden ministerial. Y algunos confían en que el mercado lo arregle solo, aunque el mercado lleva años bastante ocupado arreglándose a sí mismo.
El resultado es admirable: el propietario honrado teme alquilar; el inquilino honrado teme no poder pagar; el joven no puede emanciparse; el vulnerable espera años una vivienda social; y el profesional del impago conoce mejor los procedimientos judiciales que muchos abogados. Todos desconfían de todos mientras la Administración solicita otro certificado.
¿La solución? No existe una medida milagrosa, pero sí un camino bastante menos teatral.
Primero, construir mucha más vivienda donde realmente se necesita. El propio Banco de España reconoce que la oferta no crece al ritmo de los hogares y señala obstáculos como la falta de suelo disponible, la lentitud urbanística y la escasez de mano de obra. Hay que agilizar licencias, liberar suelo con servicios y favorecer la construcción industrializada, sin convertir cada operación urbanística en una merienda para especuladores.
Segundo, crear un parque público permanente de alquiler asequible. Permanente significa que no se vende unos años después para cuadrar las cuentas o inaugurar otra cosa. La vivienda pública debe proteger a quienes realmente no pueden acceder al mercado, no convertirse en premio político ni desaparecer cuando cambia el gobierno.
Tercero, ofrecer seguridad a las dos partes. El inquilino cumplidor necesita contratos estables, precios previsibles y protección frente a abusos. El propietario que alquila legalmente necesita garantías de cobro, seguros accesibles y procedimientos rápidos cuando existe impago deliberado. Proteger al vulnerable no exige santificar al moroso profesional; defender la propiedad tampoco obliga a tratar a cada inquilino como sospechoso de asalto.
Cuarto, movilizar viviendas vacías mediante incentivos fiscales, garantías públicas y rehabilitación; ordenar el alquiler turístico y temporal allí donde expulsa al residente; y mejorar el transporte para que vivir a treinta kilómetros no equivalga a solicitar destino en ultramar.
Y, sobre todo, dejar de enfrentar a propietarios e inquilinos como si fueran dos ejércitos enemigos. Muchos pequeños propietarios también fueron inquilinos y muchos inquilinos solo quieren llegar algún día a ser propietarios. El verdadero problema es un sistema que produce poca vivienda asequible, tarda años en reaccionar y compensa su incompetencia repartiendo culpabilidades.
Yo seguiré pagando. Mis hijos también, mientras puedan. Pero cumplir la ley y trabajar no deberían condenar a nadie a vivir eternamente de habitación en habitación. La vivienda no puede ser gratis, naturalmente. Pero tampoco debería costar una vida entera, un montón de avalistas y la entrega en prenda del primogénito.
