Nicolás Maduro es un dictador. No hay matices posibles. Venezuela es hoy un país roto, empobrecido, con más de un millón de ciudadanos obligados a salir del país, con una democracia secuestrada y unas instituciones convertidas en decorado. Defender al régimen chavista es indecente. Hasta aquí, ningún debate.
El problema comienza cuando, bajo esa verdad incuestionable, se pretende justificar cualquier cosa. Porque si Estados Unidos decide intervenir militarmente en Venezuela, entrar por la fuerza, capturar a su presidente y sacarlo del país como si se tratara de una operación quirúrgica sin consecuencias, la pregunta no es si Maduro merecía caer. La pregunta es qué mundo estamos aceptando a cambio.
Donald Trump, como antes otros presidentes estadounidenses, actúa desde una lógica peligrosa, la de quien se cree con derecho a decidir qué gobiernos son legítimos y cuáles no, qué países merecen soberanía y cuáles solo obediencia. Eso no es democracia. Eso es poder desnudo.
El argumento del fin justifica los medios vuelve a aparecer, como siempre. Se nos dice que es por la libertad, por los derechos humanos, por el pueblo venezolano. Es el mismo discurso que precedió a Irak, a Libia, a Afganistán, y el balance está ahí: Estados destruidos, sociedades fracturadas y una inestabilidad que todavía hoy se paga. ¿Realmente alguien cree que Afganistán es hoy más libre que antes de la invasión americana? Nunca fue tan limpio como prometían. Nunca fue tan altruista como decían.
Cuando Saddam Hussein fue detenido, muchos prometieron un país nuevo, estabilidad, prosperidad y democracia. Dos décadas después, Iraq no es un resort de vacaciones ni un ejemplo exportable de nada. Es un país profundamente fragmentado, con violencia estructural, con instituciones débiles y con heridas que nunca cerraron. Derrocar a un dictador no reconstruye automáticamente un Estado. A veces, lo que viene después es peor, más caótico y más cruel que lo que se pretendía eliminar.
Ahora, lo verdaderamente deseable sería que esta ofensiva no se convierta en una escalada regional sin control. Que ningún otro país sudamericano se sume a una dinámica bélica que solo agravaría tensiones y resentimientos en el llamado patio trasero de Estados Unidos.
América Latina no necesita convertirse en tablero de ajedrez de potencias externas ni en escenario de demostraciones de fuerza. Si este episodio no se cierra aquí, el riesgo no será solo para Venezuela, sino para toda la región, y cuando las guerras se normalizan, siempre acaban pagando los mismos: los pueblos, nunca los estrategas.
Y por supuesto, también está la pregunta incómoda, la que muchos prefieren no formular: ¿De verdad esta intervención sería solo para liberar a Venezuela… o también para asegurarse su petróleo con otro gobierno afín?
Venezuela no es cualquier país. Es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Pensar que ese dato no pesa en las decisiones estratégicas de Washington no es ingenuidad; es propaganda. Cuando los misiles entran en escena, los principios suelen viajar en segunda clase.
Que Maduro caiga puede ser necesario. Que su régimen termine puede ser positivo. Pero normalizar que Estados Unidos bombardeé donde le conviene, cuando le conviene y como le conviene, sin rendir cuentas a nadie, es asumir que el derecho internacional es un estorbo y no un límite; y cuando los límites desaparecen, el abuso deja de ser una excepción y se convierte en norma.
No se puede combatir una dictadura instaurando otra lógica autoritaria a escala global. No se puede hablar de legalidad mientras se actúa al margen de ella, y no se puede exigir respeto a las normas cuando uno mismo decide saltárselas.
Venezuela merece democracia. Merece libertad. Merece futuro igual que cualquier otro país del mundo, pero el mundo también merece algo esencial: que ningún país, por poderoso que sea, pueda actuar como dueño del planeta. Porque hoy el objetivo puede ser un dictador. Mañana, cualquiera que estorbe.