Los empleados de las fábricas de calzado no iban a la huelga desde 1978 en España, donde la producción se concentra en cuatro grandes zonas: la provincia de Alicante, la localidad riojana de Arnedo, la comarca albaceteña de Almansa y los pueblos toledanos de Fuensalida y Portillo de Toledo. Ahora, 44 años después, buena parte de los 30.000 trabajadores del sector han parado de nuevo hartos de sus penosas condiciones laborales y, movilizados por los sindicatos, no acudieron a sus puestos de trabajo el pasado jueves 1 de diciembre. Si la patronal no firma un nuevo convenio estatal -el actual está caducado desde enero- que les garantice unos sueldos dignos y no perder poder adquisitivo en un contexto de altísima inflación como el actual, aseguran que seguirán protestando y llegarán donde haga falta.

Hoy por hoy, según las tablas salariales vigentes, los manufactureros del calzado español cobran entre 1.062 y 1.170 euros mensuales dependiendo de su categoría. Eso significa que un oficial de primera, los trabajadores más expertos y cualificados para ofrecer un producto de primera clase, en el mejor de los casos no llega a ingresar siquiera 1.400 euros al mes, y eso contando con que tenga las pagas extraordinarias prorrateadas. Los trabajadores lo consideran una miseria, teniendo en cuenta cómo se ha disparado el coste de la vida últimamente y que desempeñan una labor que requiere unas competencias profesionales de nivel. Crear unas botas de piel desde la nada, por ejemplo, puede llegar a requerir más de 200 procesos tanto artesanales como asistidos por una maquinaria puntera que se va renovando y hay que aprender a manejar.

"Aunque estemos haciendo un zapato de mucha calidad, los empresarios no nos valoran. No es ni medianamente justo que ellos vendan el par a 400 euros y nosotros tengamos sueldos que no nos permiten vivir", denuncia en conversación con este periódico la trabajadora de una de las fábricas de calzado más conocidas de Almansa (Albacete). Casi 3.500 personas viven directamente del sector en aquella comarca, donde la actividad lleva siendo desde hace décadas uno de los motores económicos. Por eso, el pasado jueves allí no solo pararon los zapateros, sino que comercios muy variopintos se solidarizaron y bajaron la persiana para acompañarles durante la protesta que llevaron a cabo por las calles del pueblo. En Almansa, la huelga fue todo un éxito y Comisiones Obreras cifró el seguimiento en casi un 100 %.

Centenares de personas protestaron en Almansa (Albacete) por las condiciones de los trabajadores del calzado.

La intensa negociación que mantienen desde hace meses sindicatos y patronal, representada por la Federación de Industrias del Calzado en España (FICE) y la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería (AEC), cuenta con un escollo principal que ha impedido firmar el convenio estatal. Mientras que los empresarios están dispuestos a subir entre un 12 % y 15 % los sueldos de aquí a 2025, dependiendo del comportamiento de la inflación, CC. OO. y UGT consideran que a ese incremento salarial habrá que sumarle anualmente una revisión al alza que suponga llegar el 80 % del IPC real, algo innegociable para los empresarios, que consideran que un acuerdo de tales características comprometería la viabilidad de sus negocios. Se espera que en los próximos días se celebre un nuevo encuentro en el que las partes tratarán de acercar posiciones para que el conflicto no se enquiste.

"Queremos vivir, no sobrevivir", coreaban los trabajadores y sindicalistas concentrados el pasado 1 de diciembre en Fuensalida (Toledo), en cuya comarca 1.500 personas se dedican a la fabricación del zapato a cambio de sueldos mileuristas en fábricas de marcas multinacionales como Joma o Pablosky, que venden en multitud de países del mundo calzado deportivo e infantil, respectivamente. Sobre esta última compañía, Ángel León, que es secretario general de Industria en Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, ha asegurado públicamente que "es el que más dificultades está poniendo" para firmar un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Unos zapatos para niños de Pablosky se venden entre 50 y 80 euros, mientras que en Almansa un par para adultos rondan los 200 euros y unas botas 400 euros.

Fuentes sindicales aseguran que entre los dueños de las empresas del sector existe una fuerte división de opiniones sobre cómo solucionar el conflicto. Mientras que parte de ellos entiende como justas las reivindicaciones de los trabajadores, otros apuestan por seguir negociando la mano de hierro. Cuentan, como anécdota, que hace unos días un conocido empresario toledano coincidió en un restaurante con varios empleados de su factoría y, sin decirles nada, dejó pagado todo lo que estaban consumiendo. Los trabajadores lo interpretaron, más que como un detalle por parte del patrón, como un gesto caciquil y una demostración de poder precisamente en un momento de conflicto. 

Sin relevo generacional

"Somos buenos profesionales, nos lo reconocen de palabra, pero luego nos quieren dar la menor parte del pastel", dice sobre los empresarios del calzado la empleada de Almansa, que considera irrenunciable tanto para ella como para sus compañeros conseguir unos salarios "que nos aseguren que podemos vivir". "Es muy triste saber que nunca vas a ganar más de 1.300 euros por mucha experiencia que tengas", asegura, a la vez que advierte de que las fábricas de calzado corren riesgo de desaparecer en poco tiempo si no ofrecen mejores condiciones laborales a sus empleados.

"Este es un trabajo muy exigente físicamente, que a veces te machaca los músculos, así que los mayores están deseando jubilarse en cuanto pueden, porque con la pensión siguen cobrando lo mismo. A los jóvenes, que ganan 1.000 euros, les exigen que saquen adelante la producción aunque no les forman. O a este trabajo lo hacen atractivo o en diez años se cargan el calzado en España", sentencia.

En la misma línea, Ángel León considera que un sector como el del calzado español, cuyos zapatos se distinguen por su calidad de los fabricados en China y otras zonas con penosas condiciones laborales, "tiene que apostar por la innovación y por el desarrollo" si quiere seguir siendo viable, "no solo por ser competitivos en precio ofreciendo salarios mileuristas". 

Garantizar la competitividad

Desde la patronal FICE, su portavoz José María Escrigas, asegura que tras la huelga -cuyo seguimiento dicen que no fue "ni homogéneo, ni mayoritario"- los empresarios siguen "dispuestos a negociar" y que su "objetivo último es alcanzar un consenso que haga compatible mantener el poder adquisitivo de los trabajadores con el poder competitivo de las empresas". 

En un comunicado que puede leerse en su página web, FICE recuerda que "el sector del calzado es un entramado de pequeñas y medianas empresas donde los costes laborales representan más del 50 % del coste del producto". "Eso hace que una subida como la que pretenden los sindicatos, con el entorno de incertidumbre económica actual, ponga en riesgo la viabilidad de muchas de estas pymes", añade.

Los empresarios del calzado acusan a CC. OO. y UGT de mostrarse "inflexibles" en la negociación inciada ya hace nueve meses y de haber reventado la última reunión incrementando "sin criterio alguno" sus pretensiones económicas, pese a que la patronal mejoró su propuesta para garantizar una subida del 8 % a 1 de enero de 2023, mejorada dos puntos más cada año si sube la inflación.

La patronal asegura que no elude su responsabilidad de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero sin olvidar que "como empresarios también es suya la responsabilidad y el compromiso de hacer de esta una industria más competitiva internacionalmente".

La Junta media, pero no interviene

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha dejado claro que el Gobierno regional no se va a inmiscuir directamente en el conflicto porque no es su papel, aunque ha pedido comprensión mutua a las partes. A los sindicatos les ha recordado que los empresarios "están revirtiendo el incremento de precios en los costes y en la materia prima" para no perder sus márgenes ni su competitividad, mientras que a los empresarios les ha insistido en que la mano de obra debe ser "reconocida y recompensada en un contexto de inflación que nos está afectando a todos".

En un tono conciliador, Franco ha pedido tanto a la patronal del sector del calzado como a los sindicatos que "arrimen el hombro" para conseguir un "convenio digno" y que la conflictividad laboral sea "la menor posible" en la región. La jornada de huelga, al menos en Castilla-La Mancha, transcurrió de forma tranquila.

En Fuensalida -donde pararon en torno a un 60 % de los trabajadores- no se produjeron choques reseñables, mientras que en Almansa solo uno de los piquetes pasó un momento complicado. Cuando un grupo de trabajadores y sindicalistas coreaba sus consignas y bailaba a las puertas de una de las factorías de zapatos de la localidad, el dueño se les acercó velozmente con su coche y estuvo a punto de atropellar a varias personas. Fue la excepción durante una jornada de huelga que, si no hay acuerdo, no será la última. "En la mesa de negociación o en las calles, pero vamos a ganar", dijo durante la manifestación Carmen Juste, secretaria provincial de Comisiones Obreras en Albacete.