Pedro Sánchez y Emiliano García-Page en 2024.

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page en 2024. Moncloa

Economía SEGÚN FEDEA

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad peor financiada por el Estado: 196 euros menos por habitante ajustado que la media

La región recibió en 2024 una financiación efectiva de 7.532 M en 2024, 629 más que el año anterior, pero se mantuvo en el bloque de las peor tratadas.

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Castilla-La Mancha volvió a ser en 2024 una de las comunidades autónomas peor financiadas del régimen común. El análisis de la liquidación de ese ejercicio, elaborado por Ángel de la Fuente para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sitúa a la región —empatada con Andalucía— como la tercera peor financiada por habitante ajustado, solo por delante de la Comunidad Valenciana y Murcia.

La comunidad registró un índice de financiación efectiva de 94,7 puntos sobre una media de 100. En términos monetarios, obtuvo de parte del Estado un total de 3.470 euros por habitante ajustado, frente a los 3.666 euros de media en el conjunto de las comunidades de régimen común. La diferencia es de 196 euros por habitante ajustado.

La financiación efectiva recibida por Castilla-La Mancha para competencias homogéneas ascendió en 2024 a 7.532 millones de euros, frente a los 6.903 millones de 2023. El incremento fue, por tanto, de 629 millones, un 9,1 % más en términos interanuales. Sin embargo, en este guarismo también queda por debajo de la media: en el conjunto de España el aumento fue del 9,45 %.

También creció la financiación por habitante ajustado, que pasó de 3.212 euros en 2023 a 3.470 euros en 2024, un aumento de 258 euros, equivalente al 8 %.

Pese a ello, este avance no permitió mejorar la posición relativa de la comunidad, ya que la financiación media del conjunto autonómico aumentó a un ritmo similar (un 8,13 %) y alcanzó los 3.666 euros por habitante ajustado.

La brecha entre las comunidades mejor y peor financiadas alcanza los 977 euros por habitante ajustado: Cantabria dispone de 4.349 euros, frente a los 3.372 euros de Murcia. La diferencia entre un castellanomanchego y un cántabro alcanza los 879 euros.

Tercera peor posición

En la clasificación por financiación efectiva por habitante ajustado, Murcia presenta el índice más bajo, con 92 puntos, seguida de la Comunidad Valenciana, con 92,8. Castilla-La Mancha y Andalucía comparten la tercera posición por la cola, con 94,7 puntos cada una.

En el otro extremo, Cataluña destaca como la mejor financiada por parte del Gobierno de España y alcanzó en 2024 un total de 102,6 puntos, Madrid 100,3 y Baleares 109,2. Por encima de la media se sitúan, entre otras, Aragón, con 101,3 puntos; Galicia, con 102,3; Asturias, con 102,7; Castilla y León, con 105,7; Extremadura, con 110,6, y Cantabria, con 118,6.

La nivelación aporta 2.009 M

Castilla-La Mancha, recuerda el estudio de Fedea, es una comunidad receptora neta de recursos del sistema de financiación. Es decir, recibe más de lo que aporta a la caja común.

En 2024 generó 5.523 millones de euros de ingresos tributarios homogéneos, mientras que su financiación efectiva final alcanzó los 7.532 millones. La diferencia fue de 2.009 millones de euros, equivalente al 36,38 % de sus ingresos tributarios homogéneos.

Esta diferencia refleja el efecto de los mecanismos de nivelación, que redistribuyen recursos entre comunidades y aportan financiación adicional a los territorios con menor capacidad tributaria. En el conjunto del sistema, estos flujos positivos ascendieron en 2024 a casi 24.650 millones de euros.

El Estado aportó 13.238 millones a esa nivelación, mientras que Madrid, Cataluña y Baleares —las tres únicas comunidades que aparecen como aportadoras netas— contribuyeron con otros 11.409 millones. De esta última cantidad, Madrid aportó 8.681 millones, Cataluña 2.315 millones y Baleares 413 millones.

El Fondo de Garantía, principal apoyo

La principal aportación redistributiva que recibe Castilla-La Mancha procede del Fondo de Garantía, cuya transferencia alcanzó los 1.779 millones de euros en 2024. La comunidad aportó al fondo 4.265 millones, equivalentes al 75 % de su capacidad tributaria, y recibió una participación de 6.044 millones.

La capacidad tributaria normativa de Castilla-La Mancha ascendió a 5.687 millones de euros. De esa cantidad, 887 millones procedieron de los tributos cedidos tradicionales; 77 millones, de otros impuestos cedidos totalmente, y 4.723 millones, del IRPF, el IVA y los impuestos especiales.

El informe calcula unos ingresos tributarios homogéneos de 5.476 millones, tras aplicar un ajuste de -211 millones para aproximar la recaudación de los tributos cedidos tradicionales a un escenario comparable entre comunidades.

A los recursos del Fondo de Garantía se sumaron 102 millones del Fondo de Suficiencia y 145 millones del Fondo de Cooperación. Castilla-La Mancha no obtuvo recursos del Fondo de Competitividad en 2024.

El estudio de Fedea sobre la liquidación de 2024 viene a respaldar la tesis de que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene frente a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda: la comunidad parte de una situación de infrafinanciación y, según las estimaciones del Ejecutivo de Emiliano García-Page, el nuevo modelo no corregiría esa brecha, sino que podría agravar su posición relativa pese a aumentar los recursos en términos absolutos.

Pese a que la propuesta estatal calcula que la comunidad recibiría 1.248 millones de euros adicionales, la Junta de Comunidades considera que ese aumento en términos absolutos no compensa el empeoramiento de su posición relativa frente a otras autonomías.

Según las estimaciones de la Junta, Castilla-La Mancha pasaría de situarse en torno al 95,1 % de la media de financiación a aproximadamente el 94,5 % con el nuevo modelo. Es decir, recibiría más recursos, pero perdería peso en comparación con el resto de comunidades.

La crítica del Ejecutivo autonómico se centra especialmente en el principio de ordinalidad, que permitiría que las comunidades con mayor capacidad fiscal —especialmente Cataluña— conservaran una posición privilegiada después de la redistribución.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha llegado a calificar la reforma propuesta, nacida de un pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC, de "el mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda democracia". "El pastel que hay en la mesa es más grande, pero los trozos son mucho más injustos y solo se ha pensado en el trozo de un territorio", dijo.

La principal reivindicación castellanomanchega es que el sistema garantice la misma financiación por habitante ajustado para las competencias comunes, con independencia de la capacidad fiscal de cada territorio. La Junta reclama que el cálculo tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos y variables como la dispersión geográfica, la superficie, el envejecimiento y la despoblación.