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Economía NUEVAS LÍNEAS DE AYUDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO JUVENIL Y LAS EMPRESAS

Castilla-La Mancha aprueba otros dos decretos con 1,7 millones para fomentar el empleo

4 noviembre, 2020 00:00

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado dos decretos destinados al fomento del empleo, uno de ayudas para las empresas de inserción, dotado con 1,3 millones de euros, y un segundo para favorecer el empleo juvenil, con una aportación de 400.000 euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha detallado este martes en rueda de prensa los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno relativos a su departamento y ha especificado que, desde el inicio de la pandemia, han sido 14 los decretos que han salido adelante desde su departamento, además de seis órdenes y once resoluciones, para tratar de frenar los efectos de la crisis de la covid-19.

Franco ha explicado que el decreto de ayudas para las empresas de inserción es una iniciativa que el Gobierno regional puso en marcha "de manera novedosa" hace dos años, para los ejercicios 2018 y 2019, destinada a que las empresas radicadas en la región puedan contribuir a buscar oportunidades de inserción a los colectivos más vulnerables y a las personas "gravemente excluidas en la búsqueda de empleo".

El decreto, dotado con 1,3 millones de euros, contempla tres líneas de ayudas, la primera que está dirigida a la contratación y el mantenimiento de personas en situación de exclusión social, es decir, en intervención por parte de los Servicios Sociales, con problemas de drogodependencia, exreclusos o menores internos.

Los contratos han de tener una duración de entre 12 y 36 meses y pueden ser a tiempo completo o parcial, y a lo que se compromete el Ejecutivo autonómico con estas subvenciones es a cubrir el cien por cien del salario mínimo interprofesional (SMI) de quienes sean insertados durante el primer año, el 75 % entre el primer y segundo año, y un 40 % a partir del tercero.

Además, las ayudas se incrementan un 10 % si las personas contratadas son mujeres y en un 20 % en el caso de personas pertenecientes a zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI).