El juicio contra el exalcalde de Puertollano (Ciudad Real), Joaquín Hermoso Murillo; el secretario municipal, Juan Luis Vázquez Calvo; y el arquitecto técnico municipal, Eugenio Ángel Manso, por un presunto delito de prevaricación administrativa en el caso del fraccionamiento en 69 partes de las obras de la plaza de toros se retomará este martes, tras su suspensión en febrero.

Las vistas tendrán lugar en la Audiencia Provincial de Ciudad Real a las 10.00 horas. En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 12 de febrero, el magistrado Ignacio Cobo suspendió sin fecha el plenario por lo que consideraba "sorpresiva presentación" de numerosas cuestiones previas de las partes. Posteriormente, tras desestimar la petición de las defensas de los acusados, que pretendían expulsar del proceso a las acusaciones populares alegando extemporaneidad en la personación, señaló el juicio para la próxima semana.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía, consultado por Europa Press, los acusados, conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación, sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de la contratación, y con la finalidad de tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, "actuando en total connivencia" procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación de la contratación de las obras de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano.

La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, cuyo gasto se fraccionó en 69 expedientes, en partidas correspondientes a cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados de obra, adjudicados a diferentes empresas.

Relato del fiscal

El fiscal relata que los acusados adjudicaron un estudio previo de viabilidad a la arquitecta M.L.C.V. "de forma totalmente personal, sin procedimiento negociado con publicidad", y que siguiendo el mismo procedimiento y "simulando petición de ofertas" fue adjudicada a la misma persona el proyecto básico y ejecución de la obra, mientras que la dirección material de la obra se encargó al aparejador F.S.M.

La acusación prosigue indicando que, en el marco de ejecución del "plan preconcebido entre los tres acusados", sin la existencia de causas técnicas que lo justificasen y conocedores de la ilegalidad de su actuar, el arquitecto técnico municipal y el secretario municipal emitieron sendos informes a favor del fraccionamiento.

De esta forma, prosigue el Ministerio Público, "burlando la normativa administrativa en materia de contratación, eludiendo los mecanismos de contratación con publicidad que corresponderían por la cuantía de la obra, sin aprobación por el pleno del Ayuntamiento, tras la selección de forma unilateral de los distintos ofertantes por parte del arquitecto técnico municipal y basándose en los informes de los dos técnicos", el exalcalde Joaquín Hermoso dictó las respectivas resoluciones unilaterales de adjudicación de la contratación, de forma personal y directa a las empresas propuestas.

Asimismo, estima que no está debidamente acreditado el delito de tráfico de influencias respecto a Eugenio Ángel Manso, ni el delito de falsedad documental imputado a los tres acusados, por la aportación de documentación al juzgado relativa a los honorarios por la redacción de los proyectos y la dirección de obra.

Consecuentemente, apunta, no concurren elementos para imputar el delito de estafa procesal en grado de tentativa ni en concepto de autor ni en concepto de cooperador necesario.

La acusación popular pide cárcel

Por su parte, la acusación popular, a cargo de IU y PP, solicita para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.

Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el presunto delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el presunto delito continuado de tráfico de influencias.

Por otra parte, por el supuesto delito de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales.

Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales por tráfico de influencias.