Los autores se encuentran en una situación "cada vez más vulnerable y precaria frente al poder de las grandes plataformas digitales", según el informe anual sobre el estado de la cultura en España publicado este martes por la Fundación Alternativas y que en este 2022 pone el foco en el sector audiovisual.
Diego López Garrido, vicepresidente de la fundación, ha explicado durante el acto de presentación en la Academia de Cine que la elección del foco audiovisual se debe a la "enorme transformación" que ha experimentado el sector a raíz de la irrupción de las plataformas y a la apuesta del Gobierno por la creación del "hub audiovisual" con una inversión de 1.600 millones de euros, informa Efe.
El informe, que puede consultarse aquí, detecta un "panorama desolador" para los autores derivado del "enorme desequilibrio" entre estos y las grandes productoras audiovisuales y plataformas digitales, que se traslada a las negociaciones contractuales en un proceso de "uberización".
A pesar de que las últimas directivas europeas introducen mejoras, señala el documento, no se ha conseguido armonizar plenamente los derechos de autor a nivel europeo, por lo que recomiendan introducir un derecho de remuneración por la exhibición de sus obras que sea "irrenunciable" y "proporcional" a los ingresos que generen.
En España la ley ya reconoce ese derecho "en todo caso y con independencia de lo pactado en el contrato", pero la legislación no es tan garantista en otros países, lo que afecta a los creadores españoles en el recorrido internacional de sus obras.
En un mercado globalizado a menudo los grandes distribuidores tratan de someter los contratos a la legislación estadounidense donde lo habitual es la cesión de los derechos a cambio de un pago a tanto alzado (“Copyright Buy-Out”).
La internacionalización del audiovisual español
El informe valora el cambio de percepción sobre la industria audiovisual española que se ha producido en los últimos años, a raíz del aumento de la producción —en 2017 se estrenaron 28 series originales, en 2021 fueron 55— así como de la apertura de un centro de producción de Netflix en Madrid en 2018 y los anuncios de Amazon y Viacom de hacer lo propio.
También destaca el creciente reconocimiento internacional de series españolas (La casa de papel, Elite, Operación Marea Negra), pero advierte de que esa proyección internacional es "insignificante" desde un punto de vista económico.
En este sentido, subraya que con las plataformas globales los márgenes de negocio se reducen al desaparecer la venta por países y advierte de que, en ocasiones, la pérdida de control sobre los productos audiovisuales es total porque "se llega a renunciar a toda clase de derechos de explotación más allá de las estrategias de mercado de esas plataformas.
"Las políticas de internacionalización del audiovisual no están funcionando", ha manifestado Inmaculada Ballesteros, coordinadora del informe, que ha detectado "cierta fatiga" en los mercados prioritarios, Latinoamérica y Europa, donde las películas españolas "no están en los primeros puestos de exportaciones ni de obras más vistas".
Reformas de la ley audiovisual y la ley del cine
En relación a la ley audiovisual que este martes se tramita en el Senado tras su aprobación en el Congreso el pasado 26 de mayo, critica el escaso porcentaje de producción audiovisual que se exige a las plataformas, un 5 %, frente a países como Francia -del 20 al 25 %- o Italia -entre el 17 y el 20 %-.
También destaca la inseguridad jurídica que provoca la disparidad de definiciones del productor independiente en la ley audiovisual y en la ley del cine, actualmente en periodo de consultas públicas, y lamenta la oportunidad perdida de recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales previsto en la ley de 2010, que jamás se llegó a constituir y cuyas funciones asumió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En cuanto a la ley del cine, las recomendaciones pasan por conservar la exigencia de que el director de una obra audiovisual tenga nacionalidad española o de cualquiera de los otros Estados miembros de la UE, o de los Estados parte del Acuerdo sobre el EEE, para que la propia obra audiovisual pueda obtener la nacionalidad española, necesaria para acceder a las ayudas públicas.
Y que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos, que acrediten su condición de empresa productora, solo puedan beneficiarse de las medidas de fomento contempladas en la ley, siempre y cuando lleven a cabo la producción de la obra audiovisual junto con una productora independiente.
Por último, proponen atribuir mayores competencias al Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, de nueva creación, y explicitar que deberá estar integrado, no solo por la administración pública, sino también por profesionales independientes.