El gobernador del Banco de España, Luis María Linde (c), conversa con la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, Celia Villalobos antes de comparecer en la Comisión, hoy en el Congreso.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde (c), conversa con la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, Celia Villalobos antes de comparecer en la Comisión, hoy en el Congreso. EFE

Macroeconomía

El Banco de España recomienda retrasar la edad de jubilación y bajar la cuantía de las pensiones

Linde pide mantener las reformas que limitan la revalorización de las pensiones y reduce su cuantía inicial.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha pedido en la Comisión del Pacto de Toledo "preservar" los mecanismos automáticos de equilibrio financiero del sistema de pensiones introducido en las reformas de 2011 y 2013 que llevará a reducir, en términos reales, la cuantía de las pensiones de los jubilados. Su comparecencia en el Congreso para hablar de pensiones coincide con la polémica que rodea al supervisor por la imputación de su antigua cúpula por el caso Bankia.

El Banco de España recomienda retrasar la edad de jubilación y bajar la cuantía de las pensiones

Linde ha explicado que, ante la situación de déficit de la Seguridad Social, hay dos opciones, reducir la cuantía de las pensiones como porcentaje del salario medio y ampliar las fuentes de financiación. Para el gobernador, "dada la magnitud del problema, parece sensato plantearse las dos opciones". El Gobernador ha advertido que, "en ausencia de nuevas fuentes de ingresos", la normativa actual carga el ajuste sobre la reducción de la pensión media sobre el salario medio, que "debería ser significativa para estabilizar el gasto del sistema".

Dentro de las medidas encaminadas a reducir el gasto en pensiones, Linde contempla una disminución la tasa de sustitución (porcentaje que supone la primera pensión sobre el último salario del trabajador) y mantener unos mecanismos de revalorización bajos. Estas dos cuestiones ya están incorporadas en las dos últimas reformas del sistema de pensiones y Linde ha pedido que se mantengan, ya sea como están ahora o con modificaciones. 

Además, el Gobernador plantea medidas destinadas a retrasar la edad de jubilación, "opción que podría estar justificada por el incremento de la esperanza de vida, el retraso en la entrada en el mundo laboral, las menores necesidades físicas requeridas por la mayoría de los trabajos en la actualidad y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas". En este sentido, Linde ha pedido a la Comisión del Pacto de Toledo adoptar medidas "encaminadas a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la ida laboral por encima de los 67 años".

Ante este escenario de pérdida de poder adquisitivo al que se enfrentarán los jubilados en el futuro, Linde pide medidas encaminadas a fomentar el ahorro privado para "suplementar las futuras pensiones públicas". El gobernador pide medidas que vayan encaminadas a que los españoles acumulen "activos financieros", esto es, planes de pensiones, acciones u otros activos de los mercados financieros.

Cautela con las cotizaciones

La segunda palanca para mejorar la situación financiera del sistema de pensiones es la de elevar los recursos del sistema con un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. En este caso, Linde advierte que cualquier medida encaminada a elevar la cuantía de las cotizaciones generará "efectos negativos sobre el empleo, teniendo en cuenta que su peso en el conjunto de la imposición es ya superior en España que en otros países de nuestro entorno".

Una de las opciones que señala Linde es eliminar los topes máximos en la base de cotización, una decisión que "generaría un aumento de ingresos significativo, pero supondría una fuerte elevación de los costes laborales".

Linde también apunta, como una de las opciones, eliminar del sistema de pensiones de la Seguridad Social todas las pensiones salvo las de jubilación, lo que supondría un gran ahorro para el sistema. Sin embargo, esta medida trasladaría el gasto del resto de pensiones a los Presupuestos Generales del Estado, lo que obligaría a "aumentar la imposición general o reducir otros gastos públicos".