Las listas de espera vuelven a ser uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sanidad pública. Tal como desvelaba el Ministerio de Sanidad la pasada semana, la media de espera para operarse alcanza los 115 días. Un dato que es el más alto en los últimos tres años, y que pone de relieve la importancia de adoptar medidas que permitan garantizar el acceso a un tratamiento lo antes posible a todos los pacientes. 

Una noticia que saltaba pocos días después de nuestra conversación con el abogado Ricardo de Lorenzo, especializado en derecho médico, y a quien le “sorprende e irrita” la diferenciación entre sanidad pública y privada. A su juicio, debería hablarse de “una sola sanidad y planteamientos colaborativos” entre ambos sistemas, “tal y como ocurre en todo el mundo”. 

A su juicio, en España “estamos empeñados en que una es la mejor y la otra es para ricos”. Sin embargo, los datos de los últimos años demuestran cómo cuando un sistema y otro trabajan conjuntamente se da una mejor respuesta a los problemas que tienen los pacientes. 

Colaboración público-privada

Esa es la razón por la que De Lorenzo reclama “tender a una sanidad única, en donde se produzca un espacio de colaboración entre lo público y lo privado. De lo contrario, sí que habrá una sanidad para ricos y otra para pobres”, sentencia. 

Las palabras de Ricardo de Lorenzo llegan en el marco de una entrevista por su último libro Derechos y obligaciones de los pacientes en el que el letrado hace un pormenorizado análisis de la ley reguladora de autonomía de los pacientes y de los derechos de información y documentación clínica que se puso en marcha en 2002. 

Una norma con la que se buscaban armonizar las distintas legislaciones puestas en marcha por las Comunidades Autónomas. Una situación que generó un “gran desfase” entre médicos y pacientes. ¿Por qué? “Porque los médicos se encontraron de la noche a la mañana con una serie de planteamientos como los derechos de los pacientes que les son totalmente ajenos”, explica De Lorenzo. 

No sólo eso, es que 17 años después es una cultura “que todavía no han podido asimilar”, aunque reconoce que se han hecho grandes avances en esta materia. Para el abogado, “el médico debería tener una asignatura que fuera derecho sanitario porque éste conforma toda su actividad”. Un conocimiento que debería redundar en un mayor diálogo entre profesionales sanitarios y pacientes porque “el médico que más habla con su paciente es el menos demandado”. 

El paciente, en el centro

Ese proceso de diálogo es un avance, porque hasta hace no mucho los profesionales sanitarios veían que esa ley “era exclusivamente de los pacientes y estaba en contra suya. De hecho, los primeros años se vio como una agresión”, sentencia. Ahora las cosas han cambiado y, poco a poco, se asume como una obligación el consentimiento informado, por ejemplo. Eso sí, De Lorenzo reconoce que muchas veces se siguen obteniendo de forma indebida. 

Tímidos avances que chocan con el momento en el que nos encontramos y en el que, por ejemplo, se demanda a un médico por “acceso indebido a la historia clínica”. Al parecer ya hay resoluciones en las que el Supremo establece penas de prisión e inhabilitación por acceder de forma irregular al historial clínico de las personas. Algo que hace que los “profesionales se queden estupefactos”, dice De Lorenzo. 

Según el abogado todo el proceso de información, consentimiento e historia clínica es un a más a más para los médicos y, “en ocasiones les hace bola”. Recuerda el Convenio de Oviedo, en el que se contempla el ‘mal llamado testamento vital’. Eso obliga, por ejemplo, a que los médicos pregunten si existe o no el documento, si está registrado, en dónde está, etc. “Se está cambiando de un modelo vertical de todo para el paciente sin el paciente a lo que es hoy: un sistema colaborativo en el que se habla”. 

El libro de De Lorenzo hace un exhaustivo examen de la situación actual, pero recuerda que “estamos en mantillas” ante todo lo que está por venir. Tenemos encima de la mesa la Inteligencia Artificial, que ya funciona en muchos hospitales y en España “no hay ningún comité ético en medicina que ayude a controlar esta nueva tecnología desde el punto de vista ético y tecnológico”.