Sanidad formaliza en los tribunales su denuncia a Madrid por no tener registro de objetores al aborto

Esto ocurre después de que Mónica García enviara un requerimiento a las comunidades que no tenían formalizado aún dicho registro. Esta instaba a las regiones a cumplir con su creación.

En el pasado mes de octubre, la ministra advirtió de que el Gobierno tomaría acciones legales, si las autonomías no lo tramitaban en el plazo de un mes. En ese momento, Madrid, Aragón y Baleares, eran las tres regiones que todavía no contaban con él.

Mónica García amenaza con los tribunales a Madrid si no cumple con el registro de objetores al aborto en un mes

"Esto no es algo opcional, es una obligación legal para garantizar los derechos tanto de los profesionales sanitarios como de las mujeres y para conseguir que haya equidad y respeto por hacerlo", aseguró García.

La Comunidad de Madrid ha sido la única que no ha iniciado ese trámite y la que se ha negado, por completo, en numerosas ocasiones.

Después de que la autonomía incumpliera dicho plazo, el Ministerio ha contado con dos meses para acudir a los tribunales.

Así, Sanidad presentó este jueves un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Ley del Aborto

Con todo, cabe destacar que las comunidades autónomas están obligadas a crear dicho registro, dado que es una medida que se contempla dentro de la Ley del Aborto del 28 de febrero de 2023.

En la demanda, el Ministerio asegura que es una medida que se aprobó, de manera unánime, el 16 de diciembre de 2024 en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así, el departamento declara que "la ley considera que la objeción de conciencia es una decisión individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que debe ser manifestada con antelación y por escrito. Quienes declaren su objeción de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de IVE tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada".

Tras la presentación de dicha denuncia, serán los tribunales los que tendrán que decidir si obligan al Gobierno de Ayuso a crear dicho registro.

Madrid

Tras este último movimiento del departamento, la consejería que dirige Fátima Matute ha respondido de manera tajante.

El Ejecutivo regional señala que "lo que tiene que hacer la Ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante".