José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola

José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola E.E.

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Iberdrola ultima el cierre del carbón a la espera del visto bueno de Nadal

La eléctrica ha reorganizado los equipos de las plantas de Lada y Velilla de cara a los trabajos necesarios para su potencial clausura.

Iberdrola afina los tiempos para el cierre definitivo de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Han pasado cuatro meses desde que pidió al Ministerio de Energía la autorización para la clausura de sus dos últimas plantas de carbón en el país y, en el polvorín político que se ha generado al respecto -con una propuesta de ley impulsada por los Populares para endurecer las condiciones de autorización tomando forma en el Congreso-, la eléctrica ha informado ya a los trabajadores de cómo será el proceso.

Con el 2020 como horizonte y sin tener aún la autorización pertinente, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ya ha reorganizado los equipos de ambas centrales de cara a los trabajos necesarios para la clausura. A la hora de plantear esta modificación en la estructura y en los sistemas de trabajo, la eléctrica mantuvo reuniones con la plantilla durante el mes pasado con el objetivo de minimizar la problemática social que podría causar el posible cierre de las instalaciones, han explicado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las conversaciones.

Desde que anunció la medida, la eléctrica ha reiterado que no se producirán despidos y que se recolocará al 100% de los trabajadores tanto en las labores de desmantelamiento de ambas plantas como en otras instalaciones de la empresa. La central asturiana cuenta con una plantilla de 90 trabajadores y la palentina de 80. Se estima que los trabajos de desmantelamiento requieren cuatro años de trabajo y una inversión cercana a los 35 millones.

Pero a los gobiernos regionales, que se han opuesto frontalmente al cierre de estas centrales, les preocupa también el impacto sobre el empleo indirecto que generan en sus respectivas áreas. Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Asturias, Javier Fernández, aseguran que al menos un centenar de puestos de trabajo indirectos están en peligro a causa del cierre de cada una de estas plantas.

Entre ambas centrales suman una potencia de 874 megavatios (MW) y su cierre “no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico”, asegura la eléctrica que cuenta con una capacidad de respaldo de casi 5.700 MW en ciclos combinados de gas.

La decisión de cerrar sus plantas de carbón a nivel mundial, que representan un 1,8% de su capacidad, responde a su compromiso por reducir las emisiones de CO2 en un 50% para el año 2030, asegura la eléctrica vasca.

Entre 2001 y 2016, Iberdrola ha cerrado diez térmicas que suman casi 7.500 MW de capacidad instalada, de las cuales cuatro eran de carbón: la central de Cockenzie (Escocia), la de Pasajes (Guipúzcoa); un grupo térmico de los dos que conforman la planta de Lada; y, la última, la central de Longannet en Escocia, su mayor eléctrica a nivel mundial.

La pelea por el carbón

Cuando Iberdrola anunció su plan para culminar el cierre de todas sus centrales de carbón a nivel mundial, desde Energía respondieron con un real decreto que pretendía endurecer las condiciones por las que se autoriza la clausura de una planta de generación.

Según la normativa vigente, para cerrar una central hace falta la aprobación de Energía y un dictamen que emite la CNMC y Red Eléctrica. Este primer impulso del ministro Álvaro Nadal fue duramente criticado por Competencia en su dictamen del pasado enero y ha llevado a que se tramite como proposición de ley en el Congreso, según anunciaba Energía hace unos días.

Con este movimiento, el Ministerio pone en manos del resto de grupos políticos la decisión de permitir que el cierre de una central eléctrica de cualquier tecnología “sea una decisión empresarial o se haga en línea con los objetivos de política energética que se adopten”, defienden desde el ministerio.

En pleno debate sobre la transición energética y con el horizonte de la descarbonización para 2050 que marca la Unión Europea, Nadal ha defendido abiertamente la necesidad del carbón y las nucleares en el mix durante unos años más.

El principal argumento para mantener el carbón son los precios: “Es necesario para que las puntas de precio no sean muy altas porque si hay una punta de precio de gas, como ocurrió el invierno pasado, el hecho de que exista carbón modula en un 15% ese precio”, asegura el ministro. Es más, según Nadal, sin el carbón en el mix de generación, los precios del mercado mayorista habrían sido un 26% más altos en los tres últimos años.

Europa tiene un compromiso de descarbonización completa del sistema eléctrico para 2050 y la mayoría de los países europeos tienen un calendario de cierre de las plantas de carbón. En el caso de España, hay dos fechas clave y cercanas. La primera es el 1 de enero de 2019, fecha en que cerrarán las minas de carbón que no puedan subsistir sin ayudas públicas, como establece la Unión Europea.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2020, momento en que no podrán operar las centrales térmicas que no hayan realizado las reformas necesarias para reducir las emisiones contaminantes -dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y otras partículas-, pero en el caso del CO2 no hay una solución viable económicamente, algo que condena la operación de las plantas de carbón.