Fomento ha hecho cuentas de lo que va a ingresar el Estado cuando sea capaz de vender las autopistas de peaje quebradas que va a rescatar en los próximos meses. Una cantidad que estará entre los 700 y los 1.000 millones, según los primeros números que han hecho en el departamento que lidera Íñigo de la Serna.

Hablamos de las autopistas que conforman las radiales de Madrid (R2, R3, R4, R5, M12), así como la AP36 (Ocaña-Murcia), la AP41 (Madrid-Toledo) y la circunvalación de Alicante y la autopista de Cartagena - Vera. Todas ellas, hasta ahora, en manos de las concesionarias y que dan empleo a cerca de 700 personas que se subrogarán en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA).

Será esa empresa pública la que se haga cargo de las autopistas quebradas una vez que los tribunales vayan aprobando los planes de liquidación de las mismas. Previsiblemente, y si se cumple el calendario previsto por Fomento, la primera en llegar a manos públicas será la R4 a primeros de febrero. A partir de ahí irán llegando las demás, según vayan fallando los jueces.

La que más puede retrasarse es la AP-41 que todavía no ha entrado en proceso de liquidación. Sea como sea la administración tomará posesión de la misma antes de que termine el año. 

Licitar antes de acabar el año 

La previsión indica que, a mediados de año, ya puedan estar todas las autopistas bajo titularidad pública, por lo que confía en poder licitarlas -y volver a venderlas- antes de que termine el año. Para ello ha preparado dos lotes: la circunvalación de Alicante y la de Cartagena - Vera por un lado; por el otro, todas las radiales de acceso a Madrid.

Con la cifra de entre 700 millones y 1.000 millones no se cubriría la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) con la que el Estado debe indemnizar a las actuales concesionarias. Un proceso para el que tiene seis meses desde que pase a manos del Estado.

Aunque no hay datos, se habla de unos 2.000 millones de euros, lo que supone un golpe al déficit del Estado. Sin embargo, se estima que no afectará a la senda de reducción fijada por Hacienda, ya que se trata de un “one off”; es decir, que no se trasladará en el tiempo.

Los fondos, a por todas

Unos datos que no convencen a los fondos acreedores. Supone menos de la mitad de lo que reclaman. Hablamos de Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital, que están asesorados por Houlihan Lokey, y que solicitan una cifra de 4.500 millones de euros.

No parece que el acuerdo entre Fomento y los acreedores vaya a ser sencillo. Los abogados de los fondos alertan de que están dispuestos a dar batalla en los tribunales. De hecho, el Financial Times publicaba hace unos días que ya están pensando en que será una disputa larga; e incluso acusaban al Gobierno de estar dilatando el proceso de solución para no tener que afrontar los pagos.

En cualquier caso, la intención de Fomento es que antes del mes de diciembre se puedan haber licitado las autopistas. Un concurso al que se podrán presentar todas aquellas empresas que lo deseen. Incluso, aquellas que han gestionado hasta ahora las autopistas.

Desde Fomento confían en que ahora no se presenten empresas constructoras, dado que sólo hay que gestionar los activos. Por tanto, hablan de empresas de prestación de servicios, pero fuentes del ministerio indican que podrán presentarse “todas las empresas que cumplan los criterios de solvencia económica y técnica que se pidan en el mismo”.

Los trabajadores, asegurados

Seittsa asumirá todos los contratos laborales, pero ha rechazado subrogarse en todos los contratos de prestación de servicios. Consideran que ellos pueden asumir buena parte de esas funciones y, por tanto, pueden suprimir a los 8 directores generales que gestionan las autovías; o prescindir de las auditoras u otras empresas asociadas que puedan ser suplidas por la propia Seitsa o proveedores estatales.

Las estimaciones de tráfico de las autopistas hacen prever que la Sociedad pública obtenga este año un beneficio neto de 34,3 millones de euros. Una cifra fruto de unos ingresos de 103 millones de euros y unos gastos de unos 54,6 millones.

Las autopistas quebradas comenzaron a caer en cascada a partir de 2012 con la llegada de la crisis financiera. El pasivo de todas ellas asciende a algo más de 3.500 millones de euros, la mayor parte ahora en manos de los fondos de inversión. De hecho, el ICO tiene un 10% de ese pasivo y la banca ya sólo tiene un 15%.

Seitsa y Fomento están enviando estos días a las concesionarias las cartas de resolución de la concesión administrativas. En ellas se incluye la incautación de la fianza, porque es una norma de la Ley de Autopistas. El importe son 120 millones de euros por las de explotación, y las de construcción hablamos de entre 250 millones y 300 millones en total. Una cifra de la que se responsabilizan los avalistas.