El operador postal Unipost, que está en concurso de acreedores, ha presentado hoy un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España.

Según explica el administrador concursal, el bufete Jausas, "la grave situación económica" que atraviesa la compañía ha obligado a tomar esta decisión. "Si bien el despido colectivo se presenta por la totalidad de la plantilla, la intención es dar continuidad a la actividad de Unipost".

¿Cómo mantener la actividad? El administrador busca una venta de la unidad productiva a una empresa del sector o un fondo de inversión. "Gran parte de la plantilla podría verse desafectada, manteniendo su puesto de trabajo", apunta. "Hay varios operadores interesados en la adquisición de la empresa", resalta.

Unipost, que es propiedad de una rama de la familia Raventós y tiene su sede central en Barcelona, presentó el pasado mes de julio concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana con una deuda cercana a los 50 millones de euros y la voluntad de continuar con su actividad.

Unipost fue fundada en el año 2001, tras la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, es la mayor compañía privada de reparto postal de España. Presta servicio a 15.000 clientes. Cuenta con 65 oficinas y 143 franquicias, que manejan cada año 600 millones de envíos.

Vinculación con el 1-O

En los últimos años, a la compañía que preside Anton Raventós se la ha vinculado con el proceso independentista. El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

La Guardia Civil halló en los registros parctiados durante la segunda mitad de septiembre un contrato firmado por la Generalitat con Unipost por un importe de 7 millones de euros.

El grupo de mensajería alegó entonces que "en ningún caso" conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez consideró que había "claros indicios" de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.