Un planta solar fotovoltaica.
El pulso con Trump refuerza a los fondos acreedores en su ofensiva para que EEUU ejecute 690 millones contra España
El Gobierno está pendiente de un pronunciamiento de la Administración estadounidense en la batalla por los laudos renovables que juega en el país.
Más información: El Supremo de EEUU llama a pronunciarse al Gobierno de Trump en la batalla de España por los laudos renovables
El pulso entre Donald Trump y Pedro Sánchez se intensifica en un momento crítico para España. Nuestro país se juega 690 millones de euros en los tribunales de Estados Unidos por los recortes a las primas renovables y está pendiente de un escrito del Gobierno estadounidense que puede resultar decisivo en esta batalla.
Los fondos acreedores que cuentan con laudos favorables contra España al otro lado del Atlántico admiten a este periódico que la coyuntura política puede resultar ahora mismo favorable en su disputa legal.
Y es que el Tribunal Supremo estadounidense solicitó el pasado mes de octubre al Procurador General, abogado del Gobierno federal, que presentase un escrito (todavía pendiente) con la posición oficial de los Estados Unidos en un recurso presentado por el Reino de España contra la ejecución de varias sentencias.
Se trata de un recurso con el que España pretende revocar una sentencia emitida en 2024 por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que reconoció la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para ejecutar los laudos.
Esa decisión abrió la puerta a que se hagan efectivos en Estados Unidos pagos a favor de NextEra, 9REN y Blasket Renewable Investments como compensación por los recortes a las primas de las energías renovables.
Es un paso judicial decisivo, pues el recurso ante el Supremo constituye la última instancia posible en el sistema judicial estadounidense. Si el alto tribunal rechaza la apelación o falla en contra de España, la ejecución de los laudos podrá avanzar sin más obstáculos en el país.
Los fondos acreedores insisten en que, aunque el clima de tensión entre gobiernos puede ser favorable, su confianza descansa en los fundamentos de derecho que siempre han reivindicado.
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Confían "en que serán tomados en cuenta por el Supremo de EEUU como han hecho ya los tribunales de Reino Unido, Australia, Bélgica o Singapur", explican a este diario.
España está incumpliendo siete sentencias de la justicia estadounidense que la obligan a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. En conjunto, las resoluciones suman en torno a 690 millones de euros.
Además de 9REN, a quien se adeudan 44 millones, figuran los laudos de Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones).
Hasta el momento, Donald Trump no se ha pronunciado públicamente sobre estos laudos arbitrales. No obstante, los fondos beneficiarios se declaran optimistas respecto al contenido del escrito oficial de la Administración.
Posiciones enfrentadas
España y los fondos con laudos mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para ejecutar estos fallos.
Uno de los puntos de fricción es la interpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que protege a los Estados extranjeros salvo consentimiento o excepciones legales.
El Gobierno español sostiene que la decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia excedió sus límites y que permitir la ejecución de los laudos sin su consentimiento vulneraría esa ley.
Los fondos replican que, al firmar el Tratado de la Carta de la Energía, España consintió el arbitraje internacional y que los tribunales estadounidenses pueden ejecutar los laudos bajo la FSIA y la Convención de Nueva York.
Origen de los laudos
El origen de los laudos renovables en España se remonta a principios de los 2000, cuando el Gobierno introdujo incentivos para atraer inversores, lo que impulsó la expansión de la industria solar.
Más de 66.000 familias y empresas comprometieron 65.000 millones de euros para alcanzar el objetivo de la UE del 20% de energía renovable en 2010.
Sin embargo, la crisis económica de finales de la primera década llevó a España a modificar sus políticas energéticas, reduciendo tarifas, introduciendo impuestos y limitando la producción renovable.
Como parte de sus medidas de austeridad y durante el primer mandato de Mariano Rajoy, España implementó una serie de cambios regulatorios que impactaron negativamente a los inversores en energía solar.
Estos cambios, retroactivos, provocaron demandas por parte de los inversores, alegando que España violó acuerdos internacionales de inversión.
España cuenta actualmente con un total 26 sentencias en contra y más de 1.400 millones de euros en laudos impagados, cifra que asciende a 1.870 millones de dólares si se incluyen los intereses y gastos judiciales.
