Juan Rosell, en su despacho de la CEOE.

Juan Rosell, en su despacho de la CEOE. Moeh Atitar

Economía

Mileurismo "obligatorio" y otras 14 claves del acuerdo entre patronal y sindicatos

  • La última negociación de Rosell como presidente de CEOE lleva a los convenios el "mileurismo obligatorio" y subidas de antes de la crisis.
  • Patronal y sindicatos se suman para pedir al Gobierno de Sánchez una batería de medidas en materia laboral.

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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y los sindicatos CCOO y UGT han llegado a un preacuerdo para el empleo y la negociación colectiva para el periodo comprendido entre 2018 y 2020, con una serie de recomendaciones y una batería de peticiones al nuevo Gobierno socialista.

Es importante recordar que es un acuerdo destinado a llevar a unos mínimos los convenios de jornada completa con remuneraciones más bajas, y que no deja de ser un conjunto de recomendaciones. Aunque los sindicatos suelen afirmar que es de obligado cumplimiento, las patronales normalmente sólo lo recomiendan, y sólo a las empresas que están en beneficios. 

Punto final a la etapa de Rosell

El pacto está firmado por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pero también por quien probablemente le sucederá en la patronal, el vasco Antonio Garamendi. Todo el mundo esperaba que tendríamos un acuerdo antes del verano que despejase el camino para las elecciones que se celebrarán de aquí a final de año.

El preacuerdo supone un reconocimiento por parte de la patronal de que los sueldos, que sufrieron fuertes ajustes durante la crisis, deben recuperar valor adquisitivo. 

Hasta un 3% anual

El preacuerdo tiene una vigencia de tres años, de 2018 a 2020, y recomienda un incremento salarial anual de hasta el 3%, compuesto de la siguiente forma.

Por un lado, habrá una parte fija del 2%, a la que se sumará un variable del 1% ligada a conceptos que se determinarán en cada convenio y que estarán relacionados con la evolución de la productividad, los resultados empresariales, el absentismo injustificado y otros, en base a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes.

Es el gran éxito de la patronal dado que las peticiones de los sindicatos eran muy superiores, por encima del 3%. En todo caso, supone recuperar crecimientos de salarios en convenio más parecidos a los que había antes de la crisis.

Salario mínimo de convenio

La gran victoria de los sindicatos. Aunque la patronal consideraba que era un requisito muy exigente para muchas empresas y que rompía por completo con el pacto alcanzado con el Ministerio de Empleo para elevar el SMI hasta los 850 euros en 2020, lo que ya supondría una subida en tres años del 20%, finalmente llega el salario mínimo de convenio de mil euros en catorce pagas.

El preacuerdo insta a establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, de forma progresiva, lo que de aplicarse llevaría a convertir el mileurismo en el mínimo aceptable por convenio. 

Asimismo, los firmantes instan a las Administraciones Públicas a que tengan en cuenta estos criterios para la aplicación de los procesos de contratación derivados de la ley 9/2017 de contratos del sector público.

Dicha norma obliga a que en los contratos en los que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

Revisión salarial

El texto aprobado por las partes deja claro que los convenios colectivos podrán aplicar mecanismos de revisión salarial en función de los indicadores que, en cada caso, estimen aplicables los negociadores. 

Renovación y actualización

Patronal y sindicatos coinciden en que, durante los periodos de negociación de los convenios colectivos, estos conserven su vigencia, y proponen algunas medidas al respecto.

Por ejemplo, destacan la importancia de primar la buena fe negocial e intentar que las unidades de negociación se mantengan en el tiempo.

Los negociadores también se deben comprometer a seguir la negociación para lograr un acuerdo, determinando en qué términos tendrá lugar el mantenimiento del convenio vencido durante la duración mutuamente acordada de dicho proceso. Todas las partes pueden decidir cuándo la negociación se ha agotado e instar a la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario. 

Asimismo, hay voluntad de que todas las partes trabajen para hacer que se renueven los convenios colectivos.

Artículo 42

En el acuerdo hay un recadito al Gobierno de Pedro Sánchez, al pedir la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborables en los procesos de descentralización productiva. 

Patronal y sindicatos coinciden en que la externalización y la subcontratación "deben ser procesos fundamentales a la especialización productiva", pero consideran que "la regularización de estos procesos de descentrailización no deben incentivar una competencia desleal entre empresas, ni un deterioro de las condiciones de empleo". 

Alternativas al despido

El pacto propone que las empresas con dificultades puedan mantener empleo con reducciones temporales de plantilla. El objetivo es el de evitar despidos y ajustar costes laborales manteniendo el empleo y promoviendo "modelos de flexibilidad interna pactada, frente a la flexibilidad externa basada en la temporalidad y extinción del contrato como forma de ajuste al ciclo económico". 

Formación

El acuerdo propone un marco de diálogo para llegar a un acuerdo en materia de Formación Profesional para el Empleo para mejorar las competencias de los trabajadores y piden una reforma del marco legal que "refuerce el carácter laboral del sistema, defina con mayor concreción las tareas y funciones a desarrollar por los interlocutores sociales, administraciones públicas y entidades de formación; asegure de forma efectiva su financiación y reanualización automática de los excecdentes -abriendo el sistema a nuevos procedimientos de asignación de recursos-; aumente la seguridad jurídica de los usuarios del sistema y simplifique los mecanismos de impartición y justificación de las acciones formativas". 

Especialmente, teniendo en cuenta que, al final, son empresas y trabajadores los que pagan la cuota de formación. 

Contrato de relevo

Patronal y sindicatos pedirán al Gobierno recuperar el contrato de relevo para el rejuvenecimiento de las plantillas, para mejorar la productividad de las empresas y para crear empleo estable. 

Igualdad

Asimismo, proponen varias medidas para facilitar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Por un lado, un desarrollo del sistema de atención a la dependencia y a la infancia que de cobertura para que la actividad profesional de las mujeres en las empresas no se vea tan afectada como en la actualidad por estas contingencias. 

Además, piden una equiparación en las condiciones de disfrute de los permisos de paternidad y maternidad o de las reducciones de jornada, "de manera que se incentive desde el poder público que hombres y mujeres se acojan al ejercicio del derecho de forma equitativa, igualitaria e intransferible". 

Proponen también estudiar el sistema de pluses y complementos salariales, midiendo su impacto de género, y que se informe adecuadamente a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, para la adaptación a criterios que no conlleven un impacto de género. 

Absentismo

Piden la creación de un observatorio que emita un inoforme sobre el que se puedan realizar pruebas piloto para mejorar el absentismo no deseado.

Jubilación 

Exigen cambios legales que permitan la extinción del contrato de trabajo al llegar a la jubilación siempre que el trabajador tenga derecho a la pensión completa, con el objetivo de facilitar el relevo generacional. 

Coneco

Piden regular el Consejo Nacional de Negociación Colectiva para que desarrolle funciones de observatorio y formación de negociadores.

Economía sumergida

Sugieren mejorar el análisis de la situación actual de la economía sumergida y acordar un plan para su reducción, mediante modificaciones normativas o a través de la negociación colectiva.