La Transición empezó en 1937. El primero en citar la fórmula por la que se debía recuperar la democracia en España fue Manuel Azaña, que apuntó que las libertades se debían restablecer. Ahí arranca la (amplia) obra de Santos Juliá, que revisa la historia de España en el siglo XX. El historiador cuenta y sostiene en Transición. Historia de una política española (1937-2017) (Galaxia Gutenberg) que “transición” es un término que apareció al poco de arrebatar por la fuerza la democracia al pueblo español. Por eso la obra recorre 80 años y finaliza con los acontecimientos del pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña. “Es un libro abierto”, reconoce.
Después de 627 páginas, el historiador ajusta los hechos recientes de esta manera: todos los pueblos que quieran construir su propio presente de paz, justicia y libertad, encontrarán en el ejercicio de autodeterminación de Cataluña “una posibilidad para avanzar en esa dirección”. La mejor manera de contribuir a ello “consiste en romper el candado del 78, no sólo para Cataluña sino también para todos los pueblos del Estado”.
La balcanización de España arranca entre 2003 y 2005, con la fiebre estatutaria. La solidaridad entre pueblos que había firmado la Constitución del 78 se rompía, para priorizar la identidad propia, reconoce Juliá. Ese es el momento en que España deja de ser regional para convertirse en plurinacional. “Al reformarse los estatutos, se produjo una falsa reforma de la Constitución”, reconoce. Y fue un cierre en falso, porque el historiador cree que se dejó pasar el momento para darle la vuelta a una Constitución que no estaba preparada para la nueva dimensión nacional de las Comunidades Autónomas.
Juliá investiga la historia de la política española.
“El separatismo no existe, lo que existe es la España plural”, resolvió el ex alcalde de Barcelona, José María de Porcioles, a pesar de que el catalanismo crecía en una dirección contraria a la clásica unidad española pactada en la Constitución. Frente a España una, la España plural se ponía en marcha tras las elecciones catalanas de 2003 y las Generales de 2004. Zapatero se había comprometido a la reforma del Estatuto ante 20.000 personas en el Palau Sant Jordi, en el acto central de la campaña. Maragall remató: “Veo y deseo una nueva organización territorial para que los territorios tengan finalmente voz propia y la tendrán”.
Café para todos
La configuración del Estado español desde 1979 ha dependido de Cataluña, que ha marcado el relato nacional en democracia. No sólo para el pueblo catalán, explica Santos Juliá, “también para el conjunto de los pueblos de España”. En Cataluña se ha jubilado la Transición. El pujolismo había renunciado a la reforma del Estatuto a cambio de más peso en las políticas del Gobierno español, pero con eso no era suficiente. La solución contra el desencanto de una autonomía “resultado de la reforma de la dictadura” era una nueva autonomía.
En el diario de sesiones del Parlament, del 15 de diciembre de 2003, Maragall presenta la consideración constitucional de la Generalitat como Estado: el pacto con España “debe ir de acuerdo con una reforma constitucional que es ya inaplazable”. Hace 14 años de aquella frase que ha quedado aplazada.
Pero la política española volvería a fallar. La Transición se había dado por cumplida con la consolidación del Estado de las Autonomías, pero faltaba el acuerdo en el Congreso. Así que la fiebre de la reforma de los Estatutos creció entre la izquierda tras quedar rotas las relaciones con el PP y bloqueada la posibilidad de una reforma constitucional. Así que, con la Constitución bloqueada, “alguien alumbró la genial ocurrencia” de comenzar con la sustitución de los Estatutos existentes. Y en 2006 los estatutos aprobados entre 1979 y 1983 pasaban a mejor vida.
Una norma sin costuras
“La Constitución no está caduca, está cumplida”, asegura con rotundidad Juliá. Explica que la reforma de la Constitución no se hizo por “mal uso político”. Se prefirió cerrar en falso y “hoy es lo que estamos pagando”. “A partir de ese momento la Constitución se convirtió en algo maleable y las políticas de construcción nacional fueron la preocupación primera de todas las Comunidades Autónomas. Desde ese momento, los poderes territoriales se relacionan con el Estado español como su fuera otro”.
En el camino, el historiador denuncia que "la campaña de legitimación de la independencia de los nacionalistas catalanes está basada en mentiras" y que esas "mentiras" han creado "sentimientos que han reforzado sus posiciones". En realidad, reconoce que es un uso generalizado: "La mentira es hoy parte circunstancial de la política, y no siempre ha sido así".
¿Dónde ha estado el error? En dejar la solidaridad entre pueblos en manos políticas y no en manos jurídico-políticas. “Es decir, el Senado no ha cumplido con sus funciones”, apunta para señalar el fracaso de la Cámara Alta. Todo lo demás vino solo: la recesión y la corrupción facilitó la convicción de que el Estado era débil y vulnerable. Esto estalla a partir de las Elecciones de 2011. Hoy no ve Santos Juliá que sea fácil llegar a un acuerdo en el que quepan las demandas de cada uno de los poderes territoriales del Estado y si hay un proceso de reforma de la Constitución debería incluirse a las Comunidades Autónomas y el Congreso, “pero no el Congreso sólo… eso si logramos encauzar la situación y no nos convertimos en balcánicos”.