Palacio de Longoria. Cuatro de la tarde. La Junta Directiva de la SGAE va a dar comienzo con un objetivo: aprobar unos estatutos reformados al gusto de José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la entidad de derechos de autor. En la puerta aparecen Warner, Emi y Peer con un notario. Las tres editoras expulsadas el pasado diciembre reclaman que su puesto les sea devuelto antes de que de inicio la jornada, por haber sido apartadas del máximo órgano a pesar de dos autos que habrían detenido su expulsión. Sus votos en contra de Sastrón echarían abajo los intereses del presidente, por eso les cierran el paso y les prohíben la entrada.
Tal y como ha podido saber este periódico, el notario ha requerido la presencia del Secretario General para que los miembros expulsados fueran readmitidos. El Secretario General (Carlos López) ha ido a avisar al Presidente, pero éste ha preferido no atender la petición. Ha sido el Director de los servicios jurídicos (Antonio Martínez Bodi) quien ha indicado que no les corresponde acceder porque “se está sometiendo un debate judicial sobre este asunto” y hasta que el juzgado no dicte sentencia en la vista del próximo 21 de mayo, no aceptan los dos autos.
Conflicto de intereses
Las tres empresas acusan al presidente, al Secretario General y al Director de los servicios jurídicos de “alteración ilícita de las mayorías de los órganos de gobierno”, por ocultar la Junta información relevante. Los hechos se remontan al 11 de diciembre, cuando el Secretario General de la entidad comunica a Warner, Emi y Peer que están expulsados de la Junta Directiva de la SGAE, en ejecución de la decisión del Juzgado de Primera instancia de Madrid. Ésta determinaba que la presencia de las multinacionales en la cúpula de dirección no garantiza “una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio”. Es decir, no podían ser clientes y negocio al mismo tiempo, porque los perjudicados son los autores.
Las tres editoras despedidas -a pesar de la existencia del recurso a la sentencia- son contrarias a la actual presidencia, que en su lugar incluyó a Pablo Pinilla, El Retiro y Busindre, afines a los objetivos de Sastrón. Sin embargo, la comisión deontológica ha encontrado, como ha podido saber este periódico, un conflicto de intereses en la editora de Pablo Pinilla y Busindre, dado que éste vendió su discográfica a su hija para evitar de este modo el conflicto de intereses. Por eso la comisión recomienda que no deberían participar en cuestiones relacionadas a tarifas, aunque les permiten seguir en la Junta Directiva.
Saltarse el laudo
Con los votos a favor de los editores amigos, Sastrón se garantiza la aprobación de estos estatutos hechos por él mismo. No lo ha tenido fácil porque otros tres editores (BOA, Maestro Rodrigo y BMG, las tres únicas no afectadas por el escándalo de la rueda) han pedido la readmisión de los expulsados por tratarse de “un asunto de urgencia legal para no constituirse desde la ilegalidad”. El Secretario General ha declinado la petición porque, ha asegurado, “ese punto no está en la orden del día”.
Lo que sí se puntualiza en el orden del día son dos propuestas para mejorar el reparto de los músicos que formen parte de la rueda y que tras la aplicación del laudo de la OMPI han visto mermados sus ingresos. El organismo internacional pinchó la burbuja de la hora bruja: si antes la franja horaria menos vista de la jornada se llevaba el 50% de los derechos de autor de toda la SGAE generados en un día, el laudo los rebajaba hasta el 15% del total. Esa bolsa de dinero amasada en una franja que sólo tiene un 1% de audiencia, se ha repartido en el resto de la parrilla.
La propuesta es saltarse la decisión de la OMPI y pasar del 15% al 20% el reparto de la noche. El laudo recomendó el 15% y se así se votó. Hoy se ha tumbado esa medida tomada en Junta Directiva y la han aumentado a favor de la rueda, con 20 votos a favor, 15 en contra y dos en blanco, incrementar en cinco puntos. Esto lo notarán en el reparto de beneficios de junio, después de la debacle de diciembre
A por los bares nocturnos
No queda ahí la cosa: el Colegio de Pequeño Derecho también pide que se reparta con los ruedistas de la madrugada lo que se recaude de las cafeterías y bares. Es decir, los locales abiertos al público que cierran a las dos de la mañana por normativa.
Hasta el momento, la propia entidad excluía del reparto las emisiones que se producen a partir de las dos… porque a esas horas cierran y “no hay acto de comunicación al público”. De ahí que para una parte de la Junta Directiva cabe cuestionar la legitimidad de la SGAE en cobrar estos derechos (tanto por aparatos de televisión, como por aparatos reproductores de música). Los beneficios irán destinado a los artistas de “la rueda”.
Pero esta medida, como la reforma de los estatutos, se ha postergado para decidirse el próximo lunes. Por si fuera poco, el día acaba y el número de firmantes en el manifiesto contra la reforma de los estatutos sigue creciendo.