Alejandro Fernández junto a Eva, su hija menor y la única a la que no desheredó antes de morir.
El 'Falcon Crest' por los 150M del fundador de Pesquera que desheredó a tres de sus hijas: dos bandos y una pugna judicial
La Justicia respalda que Alejandro Fernández desposeyera a tres de sus cuatro hijas, al apreciar "maltrato psicológico", días antes de morir en 2021.
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"Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz lo es a su manera". Así arranca la novela Anna Karénina, de León Tolstói, y es el retrato fiel de la vida misma. De sus luces y, sobre todo, de sus sombras.
La infelicidad y la desdicha llegó a la familia de Alejandro Fernández, fundador del Grupo Pesquera y uno de los grandes nombres en la consolidación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, cuando entró en pugna su dinero.
Ése que él había ganado con tanto trabajo y esfuerzo. Su herencia, su legado. En concreto, 150 millones de euros que dinamitaron para siempre la armonía y la paz familiar. Un montante que, además, dividió en dos bandos a la familia.
Por un lado, las tres hijas mayores del malogrado vinícola, Olga, Mari Cruz y Lucía, y la madre de éstas, Emilia Esperanza Rivera; y por el otro, Eva, la hija menor de Alejandro y su único apoyo fiel hasta el final de sus días.
Tensión en la familia de Alejandro Fernández, fundador del Grupo Pesquera, por su herencia.
Si bien la estructura familiar sufrió una importante erosión en 2018, cuando Alejandro y su esposa se divorciaron, la guerra -campal- terminó por estallar en mayo de 2021, pocos días antes de morir el empresario.
Entonces, Alejandro modificó su testamento y tomó la determinación de desheredar a tres de sus hijas por "maltrato psicológico". Hoy, 5 años después, esta batalla ha sumado un nuevo y decisivo capítulo.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha ratificado la validez del testamento de Alejandro Fernández. El bodeguero desheredó a tres de sus cuatro hijas apenas unos días antes de morir, alegando "maltrato psicológico".
El tribunal considera ahora que actuó conforme a derecho y cierra la puerta, al menos de momento, a la impugnación presentada por Olga, Mari Cruz y Lucía, reavivando un litigio que lleva casi una década enconado.
Alejandro Fernández, con sus hijas Mari Cruz (izq) y Olga. Abajo, Lucía.
La resolución confirma el fallo dictado en primera instancia en julio de 2024 y da por probado que las decisiones adoptadas por las hijas mayores y por la mujer del empresario estuvieron "perfectamente diseñadas" para apartarlo de las empresas que él mismo creó.
Los magistrados acreditan una situación de "asfixia económica", y un deterioro emocional sostenido, apoyados en informes periciales y testimonios profesionales, que encaja en la doctrina del Tribunal Supremo.
La sentencia describe una pauta continuada de maniobras societarias y personales que, a ojos de la Audiencia, vulneraron la integridad moral del patriarca y justifican que las tres hijas pierdan incluso el tercio de legítima que la ley reserva con carácter forzoso.
Para entender el alcance del fallo hay que retroceder a 2018, cuando la separación matrimonial entre Alejandro Fernández y Esperanza Rivera hizo estallar una pugna que venía larvándose desde hacía años.
Rivera y tres de sus hijas, que sumaban el 50,56% del capital del grupo, aprovecharon su posición de mayoría para cesar al fundador de sus cargos y limitar su capacidad económica.
Alejandro Fernández junto a su mujer y sus hijas en una foto cedida por Eva Fernández a EL ESPAÑOL en 2017.
También lo apartaron de la gestión diaria del conglomerado bodeguero, integrado por Tinto Pesquera, Condado de Haza, Dehesa de la Granja, El Vínculo y un hotel en Peñafiel.
Según la sentencia, a esa operación de control se añadieron medidas concretas: le retiraron el coche de empresa, redujeron su sueldo, restringieron su tarjeta de crédito a un máximo de 600 euros.
Para más inri, llegaron a prohibirle el acceso a las instalaciones y a las tierras de vendimia, todo siempre según lo publicado.
La Fiscalía llegó a denunciar a la mujer y a una de las hijas por una presunta maniobra para explotar los viñedos mediante un contrato simulado, lo que refleja hasta qué punto la disputa empresarial y familiar había escalado.
Emilia Rivera, exmujer de Alejandro, junto a sus hijas mayores: Olga, Lucía y Mari Cruz.
Alejandro Fernández conservaba alrededor del 49% de la sociedad, un paquete accionarial valorado en torno a 150 millones de euros, y respondió con una cascada de pleitos mercantiles por el uso de marcas, patentes y, sobre todo, por la estratégica tarjeta vitícola necesaria para comercializar bajo el paraguas de la D.O. Ribera del Duero.
Durante años, las distintas ramas de la familia litigarían por el control del nombre Pesquera y de referencias emblemáticas como Janus o Alenza, en causas que se han ido resolviendo de forma desigual.
En 2023, por ejemplo, las hijas ganaron el juicio marcario sobre varias denominaciones, asegurando el uso de la marca Familia Fernández Rivera para el negocio en marcha.
En ese contexto, el fallecimiento de Fernández y la apertura de su testamento supusieron un auténtico giro de guion. El bodeguero dejó toda su participación a Eva, la hija menor, la única que permaneció a su lado hasta el final.
Alejandro Fernández, en una fotografía.
Se privó a las tres mayores incluso del tercio de legítima, que legó directamente a sus nietos.
La decisión alteraba de forma drástica los equilibrios internos de poder en una compañía donde Esperanza Rivera y las tres hermanas continuaban al frente de la gestión bajo la marca Familia Fernández Rivera.
De facto, reforzaba el peso de Eva en el accionariado y abría la puerta a un nuevo reparto de fuerzas en el futuro, en paralelo al relevo generacional que suponen los ocho nietos del matrimonio.
Las hermanas desheredadas reaccionaron impugnando el testamento, alegando que no existía causa real de maltrato y que, además, el reparto era jurídicamente cuestionable porque el procedimiento de separación matrimonial no había concluido con un cuaderno particional claro.
Eva Fernández Rivera.
La Audiencia de Valladolid ha dado ahora una respuesta contundente a esos argumentos.
Considera acreditado que Olga, Mari Cruz y Lucía, con el apoyo de su madre, limitaron de forma injustificada la capacidad económica de su padre, lo excluyeron de los órganos de decisión y contribuyeron a su aislamiento.
El tribunal subraya que la jurisprudencia española permite desheredar a descendientes que incurran en maltrato psicológico, no sólo físico, y encuadra en esa categoría las humillaciones públicas y la campaña de asedio corporativo descritas por testigos y peritos.
Con esa interpretación, desecha la impugnación, mantiene vigente la desheredación y consolida la posición de Eva como heredera única de su padre, sin perjuicio de los derechos de los nietos sobre la legítima que él decidió dejarles directamente.
Las hijas mayores aún pueden recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, aunque fuentes jurídicas consultadas por la prensa especializada recuerdan que la admisión de estos recursos es limitada y se centra en cuestiones estrictamente doctrinales.
Mientras tanto, el grupo bodeguero continúa operativo, con las marcas consolidadas, pero con un accionariado fragmentado y dos bloques familiares obligados a entenderse en lo económico pese a una ruptura personal que parece irreparable.
Desde el entorno de las hermanas se insiste en que su prioridad ha sido siempre "la defensa del patrimonio familiar" y la continuidad del legado enológico, frente a lo que consideran un relato parcial sobre la figura del patriarca.
A partir de ahora, la batalla se libra en un escenario -aún más- complejo: con Eva reforzada jurídicamente, tres hermanas sin la herencia que reclamaban y unos nietos llamados a tener un papel clave en el futuro del emporio.
